“Hago un llamado a que el Gobierno estableció con urgencia una presencia más integral de las autoridades estatales civiles en los territorios más afectados por esta violencia”, dijo Bachelet durante la presentación oral en el Consejo de Derechos Humanos de varios informes anuales sobre diversos países.
“Es urgente que el Gobierno adopte, en consulta con la sociedad civil, una política de desmantelamiento de las organizaciones criminales y fortalezca su respuesta a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo”, agregó.
Bachelet destacó que las poblaciones más vulneradas en Colombia, a causa de la violencia, son las indígenas y las afrodescendientes.
Según la oficina de la Alta Comisionada, el año pasado se produjeron 78 masacres y 100 homicidios de defensores de los derechos humanos, además de 54 asesinatos de excombatientes de las FARC-EP informados por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y 54 casos de privaciones arbitrarias de la vida por parte de la Fuerza Pública.
Bachelet dijo que los sucesos violentos en Colombia se producen en “un contexto de continua expansión territorial por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales”.
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