Cuando parecía que la polémica por la propuesta de inversiones forzosas que hace parte del plan de reactivación económica de este Gobierno parecía superada e iba a quedar en un acuerdo entre los banqueros y la Casa de Nariño para generar una inyección de recursos en sectores clave de la economía, un nuevo capítulo de esta discusión se abrió en el país tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro.
El mismo jefe de Estado fue quien señaló, durante su discurso de instalación del Congreso el 20 de julio, que no hará acuerdos frente a este tema y que llevará al Congreso la iniciativa que busca ampliar el rango de inversiones direccionadas obligatoriamente hacia cuatro sectores, que son el agro, el turismo, la vivienda e industria, que en su mayoría han sido los más afectados por la desaceleración.
Esto llevó a que desde el sector bancario se prendieran las alertas otra vez, argumentando que se acudirá a un modelo obsoleto, que no genera garantías para la inversión y que podría terminar causando más problemas de los que solucionaría, razón por la cual es necesario abrir el debate y estudiar a fondo lo que se quiere hacer.
Gustavo Petro
EFE
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, sostuvo que a lo largo de los últimos años se ha demostrado que las inversiones forzosas no son el camino, menos para financiar los planes de reactivación del Gobierno, empezando porque terminan espantando la llegada de nuevos capitales y mina la confianza de los inversionistas.
“En América Latina hubo 15 inversiones forzosas en nueve países y solamente persisten cinco. Este modelo ya se desmontó en la inmensa mayoría de los territorios que lo implementaron en el 70 y en los 80, porque fueron la fuente fundamental de la represión financiera. Las tasas de interés tan altas, asociadas al modelo desarrollista en la historia, estuvieron asociadas fundamentalmente a las tasas máximas y a las inversiones forzosas”, explicó este vocero gremial.
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Por otra parte, para el representante de los bancos, las inversiones forzosas también se pueden revisar como un subsidio cruzado que genera varios problemas conceptuales en el panorama, puesto que terminará beneficiando a unos pocos, mientras que otros deberán enfrentar tasas más altas, por lo cual no ve que sea viable.
“Una inversión forzosa es un subsidio cruzado. Es un agente que paga una tasa más alta para que otros paguen una tasa más barata. Por ejemplo, cuando hablamos de servicios públicos, es que el estrato 4, 5 y 6 paguen servicios públicos más altos para con eso subsidiar la tarifa del estrato 1 y 2, lo cual tiene todo el sentido”, arrancó explicando.
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No obstante, en el escenario que se plantea desarrollar, sostuvo que “cuando uno dice que va a reducir los fondos prestables de la economía colombiana para que unos sectores reciban crédito más barato, trayendo como consecuencia que todos los sectores, que todos los demás tengan créditos más altos, estamos reduciendo el tamaño de los depósitos y, por lo tanto, todos los demás tienen tasas más altas, hay un problema horizontal muy complejo”.
En este sentido advirtió que la idea del Gobierno terminaría impactando seriamente la productividad ya que si bien impulsará a unos sectores específicos, a la larga deja menos recursos para financiar al grueso de la economía, limitando así el crecimiento. Debido a esto, fue enfático en que la discusión no se debe dar a la ligera.
Jonathan Malagón, foro Consejo Gremial
Cortesía – CGN
“¿Es que acaso la riqueza o la pobreza es de los sectores y no es de los productores y no es de los individuos? Políticamente es muy difícil sostener los debates porque si uno se regresa a la historia, enseña mucho. Basta con ver los debates del Congreso en los 80 y las alertas que se sacaron respecto al sector productivo”, agregó el Presidente de Asobancaria.
En contravía a lo que busca el Ministerio de Hacienda con el plan de reactivación, Malagón propuso que cualquier iniciativa de política económica, como la propuesta de inversiones forzosas, sean evaluadas en términos de su impacto horizontal y vertical en la economía, destacando que no hay que caer en penalizaciones inadvertidas a sectores específicos o que distorsionen la asignación eficiente de recursos financieros.
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Economía popular
Dentro de sus planteamientos y sumándose a lo planteado por entidades como el Ministerio del Comercio y el mismo presidente Gustavo Petro, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, abordó los desafíos de la economía popular en Colombia, punto en el que agregó que se pueden buscar alternativas para la reactivación.
“Deberíamos entregar un millón de créditos a un segmento de economía popular. El Gobierno lo definió por decreto, pero la ejecución ha sido limitada. Los bancos han entregado 250 mil de los 265 mil créditos, mostrando que instrumentos como el Fondo Nacional de Garantías tienen un rol crucial. Debemos compatibilizar estos instrumentos con los objetivos del gobierno para asegurar un impacto real y significativo en la economía popular”; explicó.
De esta forma, Malagón cerró diciendo que es necesario agilizar los procesos al interior del Estado para evitar que la misma burocracia se convierta en una talanquera y por el contrario sea el aliado del desarrollo y la reactivación que se viene pidiendo desde diversos sectores con tanta urgencia.
Jonathan Malagón, foro Consejo Gremial
Cortesía – CGN
“No satanicemos la construcción en ciudades capitales o en los principales centros urbanos. Uno no puede decir que está mal construir vivienda nueva en Soacha, o que está mal construir vivienda nueva en Mosquera, o en la Soledad; decir que no tienen que ir los subsidios a las ciudades al lado de las grandes capitales, pues por supuesto que tienen que ir allá, porque eso termina impulsando el PIB”, sostuvo.
Este vocero gremial cerró diciendo que hay muchas propuestas e iniciativas para reactivar la economía sin sacrificar a unos sectores para salvar a otros y en ese sentido pidió que se abran los espacios de conversación para que estos temas se aborden con premura, pero entendiendo que está en juego el futuro del país.
