La comunidad negra de Barú, una paradisíaca isla cercana a Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano, se niega, a pesar de los reveses jurídicos, a renunciar a una titulación colectiva de sus tierras para proteger su identidad étnica y cultural.
La titulación colectiva protegería «la existencia física y cultural de la comunidad, que es lo que hoy está en riesgo no solo por la acción del Estado sino por el turismo depredador, que está llegando y desplazando a la gente», dijo a Efe el abogado Óscar Chávez, que representa al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Barú en nuevo recurso en un tribunal de Bogotá.
Esa comunidad busca desde 2017 que se le reconozca una titulación colectiva de 2.476 hectáreas de la isla, donde viven unos 3.000 afrodescendientes dedicados a la pesca y la agricultura y que ahora se ven amenazados por el avance acelerado del turismo.
La legislación colombiana estableció que el Estado puede adjudicar a comunidades negras la propiedad colectiva sobre zonas baldías, rurales y ribereñas donde su gente tenga prácticas tradicionales de producción, lo que, según Chávez, tiene un precedente en el Caribe con la población Orika en las Islas del Rosario.
DESPLAZAMIENTO CULTURAL
La ley también considera la titulación colectiva como mecanismo de protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras, que en el caso de Barú echó raíces en ese territorio hace más de 300 años. Sin embargo, «la privatización del territorio ha afectado las áreas donde las comunidades desarrollaban sus tradiciones», explicó a Efe Omaira Bolaños, directora para América Latina de Rights and Resources Initiative (RRI), ONG que asesora a la población.
Un ejemplo es la construcción de infraestructura para adaptarse a las necesidades de la creciente industria turística, como la vía transversal que conecta una zona de playas con el núcleo urbano de la isla, que provocó la queja de las comunidades.
La Corte Constitucional ordenó en 2010 al Consorcio Vial Barú suspender la construcción de la vía «hasta que se llevara a cabo una consulta a las comunidades afrocolombianas asentadas en su zona de influencia» pero eso nunca sucedió, denunció el líder del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Barú, Leonard Vallecillas.
Además, la «Administración ahora exige un cobro a los propietarios que viven alrededor de la carretera al argumentar que se beneficiaron de su construcción», dijo por su parte Chávez.
«Este cobro está provocando el desplazamiento de familias humildes que no pueden pagar los 200 millones de pesos que les piden y la Administración ya inició un procedimiento para embargar esos predios si la gente no paga», lamentó el abogado.
Vallecillas mencionó también que la compra de predios por parte de empresas hoteleras los desplaza física y culturalmente porque provoca el abandono de costumbres ancestrales. Esas prácticas muchas veces están relacionadas con la conservación de la naturaleza, como lagunas, ciénagas o manglares, estos últimos un ecosistema único del Caribe y que en Barú «algunos privados y hoteles han cercado para su beneficio», añadió.
BATALLA LEGAL
La Comunidad Negra de Barú reafirmó su cruzada hace tres años, cuando interpuso una solicitud de titulación colectiva ante la estatal Agencia Nacional de Tierras (ANT). Inicialmente, la ANT la aceptó y dijo que para este caso procedía la titulación colectiva e inició el trámite en 2018, pero al año siguiente señaló que los predios reclamados «no son baldíos», sino un bien privado, y por lo tanto la solicitud resultaba «improcedente».
El ya extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) «se pronunció mediante resolución número 134 de septiembre 22 de 1969, indicando que no son baldíos los terrenos que integran la isla denominada Barú», detalló la ANT. Tras el revés, el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Barú interpuso esta semana una tutela (recurso de amparo) ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Una de las pruebas que la comunidad presentó es la escritura pública de la compra, en 1851 -tras la abolición de la esclavitud- de unos terrenos adquiridos por el «vecindario de Barú» y ratificados en 1957 en una notaría de Cartagena de Indias.
«Es una de las pocas comunidades que tiene un título privado sobre su área, y es por eso que están pidiendo que se les reconozca como colectivo», explicó el abogado. Chávez asegura que no buscan que la gente que tiene su propiedad legalmente constituida y que la adquirió de manera formal la pierda, sino que se garantice la supervivencia de la comunidad negra.
«No queremos hablar de Barú como un área donde existió una comunidad negra que tuvo 300 años de historia y que nació de negros palenqueros que escaparon de la esclavitud como una historia del pasado, queremos que sea una realidad viva que continúe aportándole al país como lo ha hecho siempre», puntualizó Bolaños. EFE
