Es muy penoso en lo que ha terminado la licitación de provisión e instalación de luminarias en la ciudad de Iquique, y en otras localidades del país.
Todos estos proyectos han estado empañados por supuestos actos de corrupción de autoridades y empresas proveedoras.
La intención original evidentemente que es muy buena, porque efectivamente la tecnología led representa enormes ventajas respecto de la iluminación “tradicional”, existente y vigente en la ciudad desde hace décadas.
De partida la tecnología led es una tecnología cuyas lámparas tienen una mayor vida útil, son de menor potencia para el mismo nivel de iluminancia (consumen menos electricidad a igual número de horas de encendido) y disponen la posibilidad de “administrarlas”, es decir, que iluminen más o menos según las necesidades de la calle, comunidad, peatones u otros.
El aspecto de la potencia es muy relevante porque el hecho de que la potencia de las lámparas led es menor a las de haluro o sodio, provoca un tremendo ahorro a los gastos de electricidad de la municipalidad.
Sin embargo, ese ahorro en estos momentos va camino a la basura, porque en primer lugar no está completamente terminado el proyecto, y en segundo término porque los supuestos ahorros aparentemente han sido destinados a los bolsillos de quiénes habrían ejecutado el acto ilícito.
Pienso que este tipo de acciones no debieran ocurrir a estas alturas y que la justicia debería llegar al fondo del asunto, sin trepidar en aplicar toda la rigurosidad de la ley a aquellos involucrados del acto.
Ha llegado el momento de parar la costumbre de que las licitaciones se elaboren teniendo nombre y apellido de la empresa a adjudicar.
Es común que los equipos o elementos se identifiquen con tal nivel de detalles que solamente hay una empresa que lo cumple, pero no por el precio ni la calidad, sino por la exagerada especificidad.
Es el minuto de que las licitaciones se realicen con mayor transparencia y que las autoridades locales y regionales se preocupen de supervigilar los procesos.
Me parece increíble que habiendo 14 autoridades CORE y 10 Consejeros de la Municipalidad, y otros representantes de ministerios del nivel central, más diputados y senadores; no se eviten este tipo de ilícitos y no se generen las acciones de control necesarias previas al delito en si mismo.
Definitivamente, sería muy interesante que en este tipo de proyectos, previamente a las decisiones que se tomen respecto de quién será la empresa beneficiada y aunque sean recursos públicos (con mayor razón aún), se le permita opinar, construir y revisar procesos a la comunidad organizada.
Me parece muy bueno y positivo que por ejemplo tuviera la oportunidad de opinar y votar una junta de vecinos, un académico de la UNAP u otra universidad local, un presidente de un Sindicato, un profesor de un Liceo del Tamarugal, una organización de una caleta, solo por nombrar a algunas NO autoridades, pero que tienen una visión desinteresada de los procesos, y por tal motivo, no están contaminados ni del proceso ni de los contactos previos que pudieran existir.
No hay que tener temor de compartir la información y las evaluaciones, las personas comunes tienen experiencia y conocimientos de la universidad de la vida, razonan con criterios simples, sin ecuaciones ni fórmulas, y lo hacen extremadamente bien.
Intentemos lograr una democracia de verdad, con la participación de la gente y no entre cuatro paredes.
Hernán Cortez Baldassano,
Ingeniero Civil U de Chile
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