Tras la vacilación que retrasó el inicio del ciclo de alzas de la tasa de interés durante algunos meses, atrapada en la clásica y bizantina discusión acerca de la transitoriedad o persistencia del fenómeno inflacionario que nos acosa, la Junta Directiva del Banco de la República por fin tomó la determinación de enfrentarlo como debía ser.
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Bien lo ha hecho entender el gerente, Leonardo Villar. En efecto, a fin de controlar la pandemia monetaria materializada en el disparo de los precios de los bienes y servicios de la canasta familiar, no bastará con alcanzar una tasa neutral. Esto es, aquella que no frene ni acelere el crecimiento de la economía. Sino que será preciso llegar a un terreno contractivo. No podía ser que, ante las circunstancias, se continuara con una tasa de interés real negativa, es decir la nominal menos la de la inflación.
Si bien es cierto que la fuerza motriz de semejante desbarajuste del costo básico de la vida se ha originado principalmente en dos choques de oferta, del lado de los alimentos y la energía, su impacto sobre el bienestar de la población resulta mayúsculo. Pues, como bien se sabe, la demanda por dichos grupos de bienes típicamente es de naturaleza inelástica. Es decir, que, ante una eventual elevación de sus costos, el consumo de estos podría reducirse, pero en todo caso en mucha menor proporción que aquella, por tratarse de elementos indispensables para la supervivencia de los hogares.
¿Qué debería hacer un banco central moderno y responsable de cara a la persistencia de la inflación, esta vez dominada por los alimentos y la energía? Cierto, no necesariamente reaccionar en primera instancia ante choques de oferta, pues los instrumentos con que cuenta -tasa de interés de referencia, regulación de la liquidez, o sea la cantidad de dinero en circulación, encajes bancarios, etc-, se hallan diseñados únicamente para regular la demanda.
A no ser que las expectativas de los agentes económicos sobre la inflación se alteren, y se desanclen de la meta fijada por su Junta Directiva, como efectivamente es el caso actual. Por ello debe seguir actuando con toda la firmeza, sin permitir que la vacilación – anclada en la falsa creencia de que no es otra cosa que un mero fenómeno ‘transitorio’-, otra vez se imponga sobre el arte de la anticipación y la contra ciclicidad, los ejes de una política monetaria exitosa. En esta materia, como bien lo ha ilustrado el profesor de la Universidad de Columbia Michael Woddford, no hay nada más relevante que las expectativas sobre la inflación.
De ahí que la condición esencial, a fin de que dichos ejes prevalezcan en el manejo de la macroeconomía, consiste en la independencia del banco central frente a los gobiernos.
Tan trascendental logro sólo se alcanzó a partir de la Constitución de 1991, 68 años después de la creación de Banco en 1923, a pesar de las voces que desde entonces se levantaban reclamando su autonomía, comenzando por la del propio Edwin Kemmerer, quien dirigió la misión que la recomendó, y la de José Arturo Andrade, miembro de su Junta Directiva en la segunda mitad de los años 20, quien la consideraba como una condición esencial para ganarse la confianza del público.
Y más recientemente la de Alfonso Palacio Rudas, quien, desde el Senado, a principios de la década de los años 60, tomó la bandera de la independencia del Banco. Y luego la de la abolición de la Junta Monetaria, creada en 1963, a la cual señalaría posteriormente como una mera oficina de la Casa de Nariño. Finalmente, Palacio terminó siendo, en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, uno de los artífices de la independencia y la autonomía del banco central, con el notable concurso de colegas suyos como Carlos Ossa y Guillermo Perry, entre otros.
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Sobre el particular, Andrade, en 1929, escribió: “La historia de los bancos centrales de emisión de la América Latina, lo mismo que en muchas otras partes del mundo, muestra claramente que el peligro más grande que a esos bancos amenaza es el peligro de la usurpación gradual por los gobiernos, que lleva siempre al desastre”.
44 años más tarde, Palacio escribió: “Desde 1963 no se desaferra de mi cerebro la idea de sustituir la Junta Monetaria gubernamental por una especie de Magistratura de la Moneda. Sería una agencia del Estado servida por funcionarios altamente calificados por su idoneidad técnica y conocimiento de las realidades. Si se quiere hasta podría designarlos el presidente de la República. Pero con garantía de inamovilidad durante un periodo fijo … Considero que mientras subsista la actual composición de la Junta Monetaria resulta candoroso creer en la eficacia de la lucha contra la carestía”.
La designación de un académico e historiador de la ciencia económica de la talla de José Antonio Ocampo en la cartera de Hacienda, donde ya había estado tras su paso por la de Agricultura, y, más recientemente, en la propia Junta del Banco, constituye sin duda una garantía de preservación y fortalecimiento de dicha autonomía.
Carlos Gustavo Cano
*Ex codirector del Banco de la República.