La advertencia está sustentada en los resultados del seguimiento permanente de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) a 52 alertas, relacionadas con los retrasos en algunas obras adelantadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de Educación, detectadas en el año 2021.
Advirtió el ente de control que la afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, no solo por los atrasos en la entrega de las obras, sino por el potencial recibo de infraestructura no funcional por falta de obras complementarias, y/o el deterioro derivado de la falta de mantenimiento de las estructuras construidas, por un valor de 97.049 millones de pesos.
Varios son los riesgos identificados por la Contraloría sobre proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), por retrasos y obras complementarias pendientes para las infraestructuras construidas, que impiden su funcionalidad.
El control preventivo y concomitante de la CGR ha permitido establecer que 19 proyectos no se encuentran en funcionalidad total, porque existen obras complementarias pendientes.
Boyacá lidera el ranking de los departamentos con mayor numero de colegios cuyas obras están envolatadas. Cuatro colegios de este departamento presentan retrasos y obras complementarias pendientes para las infraestructuras construidas, que impiden su funcionalidad.
A Boyacá le sigue Antioquia con 3 obras, Córdoba y Quindío con 2 obras, y con una obra Atlántico, Magdalena, Meta, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Cundinamarca y Tolima.
En algunos proyectos en los cuales ha puesto a lupa la contraloría en Boyacá, hay también conexiones pendientes de servicios públicos y certificaciones para su funcionamiento.
Se evidencian, además, cerramientos y obras de seguridad y mantenimiento no efectuadas, que pueden llevar al deterioro de las construcciones y su consecuente inutilidad.
La Contraloría señaló una marcada debilidad en el seguimiento y control de la ejecución de las obras, por parte del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE).
Dicha situación se concreta en el riesgo cierto e inminente de que las obras queden inconclusas o que una vez terminadas, no puedan ser puestas en funcionamiento, afectando el servicio educativo en distintas regiones del país.
La Función de Advertencia lleva la firma el Contralor General de la República, Felipe Córdoba, y está dirigida a la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, y la gerente general del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), Adriana González.