Redacción
La primera evaluación de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en la Unión Europea ha puesto de manifiesto «retos» en buena parte de los países que Bruselas quiere resolver sobre todo con «diálogo», explicó este miércoles la vicepresidenta de la CE y responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourová.
«Lo que presentamos es un mecanismo preventivo, llena una importante laguna», dijo en una rueda de prensa Jourová, quien añadió que el objetivo es «identificar potenciales problemas sobre el Estado de derecho» y servir de base para dialogar con los Estados miembros.
Se trata de un informe «objetivo, que cubre los elementos positivos y negativos» y pretende ser un «complemento» de otras vías que ya existen a nivel europeo para dar un toque a los países que incumplen, como los procedimientos de infracción comunitarios, añadió la comisaria.
En ese mismo punto incidió el titular comunitario de Justicia, Didier Reynders, quien aseguró que el informe permite «empezar una nueva etapa» en la UE, que permitirá examinar a todos los países, y «no solo los de siempre», con una «metodología común» y a través de un procedimiento «robusto y transparente».
El objetivo es prevenir antes que curar, potenciando los contactos a nivel interno, con la Comisión y el resto de instituciones e interesados.
ÁMBITOS ANALIZADOS
El informe analiza cuatro aspectos: los sistemas judiciales, las leyes contra la corrupción, la libertad de prensa y los controles y equilibrios institucionales e incluye una parte específica sobre las medidas de emergencia adoptadas por los países en el contexto de la crisis del coronavirus.
En particular, subraya que la independencia judicial está en peligro en Hungría y Polonia, pero señala que «también quedan desafíos en algunos otros Estados miembros», como Bulgaria, Rumanía, Croacia y Eslovaquia.
Las amenazas contra los periodistas son particularmente preocupantes en Bulgaria, Croacia, Hungría, Eslovenia y España, según el informe.
En concreto, el estudio menciona como dificultades para la prensa amenazas físicas, acoso en línea -especialmente a mujeres-, campañas de difamación, intimidación o amenazas con orientación política.
ESPAÑA
En el caso de España, dice que la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde diciembre de 2018, es uno de los «desafíos» más importantes.
La relación entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado figura también entre las cuestiones a mejorar en España, según el informe, que reconoce por otra parte que el país ha tomado medidas para mejorar su eficiencia judicial, pero constata que «se están incrementando» las demoras en general y apunta como parte del problema los retrasos acumulados en los últimos meses por la declaración del estado de alarma debido a la COVID-19.
Destaca que España ha reforzado su marco de lucha contra la corrupción, pero echa en falta una estrategia «general» para combatirla y subraya que la percepción de los ciudadanos sobre su existencia está generalizada y es superior a otros países europeos.
En ese contexto, dice que las normas sobre divulgación de activos, conflictos de intereses e incompatibilidades «no son coherentes en los distintos niveles de Gobierno y categorías de funcionarios».
POLONIA Y HUNGRÍA
La Comisión insiste en su informe en que las reformas en la Justicia polaca desde 2015 han supuesto «una gran fuente de controversia, tanto a nivel nacional como de la UE, y han generado graves preocupaciones, de las cuales varias persisten».
Sobre Hungría, recalcó su «grave preocupación» por el impacto de diferentes reformas en la independencia del Consejo Nacional Judicial, que afronta problemas para equilibrar los poderes del presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial, que está a cargo de la gestión de los tribunales.
PRÓXIMOS PASOS
La Comisión invita a los Parlamentos y a las autoridades nacionales a debatir este informe y a prestarse apoyo recíproco para proseguir las reformas.
Sobre la base de los resultados del diálogo en relación con esta primera edición del informe y la experiencia adquirida en el primer año de funcionamiento del mecanismo europeo sobre el Estado de derecho, la Comisión empezará a elaborar el informe de 2021.
