El control y seguimiento realizado por la Contraloría General de la República a los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la emergencia ocasionada por la pandemia, permitió establecer 30 alertas por sobrecostos de $34.856 millones y da lugar a la apertura de 4 indagaciones preliminares por $6.074 millones.
Los riesgos determinados por la Contraloría en esta etapa inicial, con corte al 15 de junio, proceden de la revisión y análisis realizados a 106 contratos a nivel nacional, por más de $570 mil millones, que tienen por objeto el suministro del Programa de Alimentación Escolar para niños, niñas y adolescentes inscritos en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), pertenecientes a los centros educativos oficiales del país.
En el marco del control concomitante y preventivo que realiza la CGR, se dispuso el inicio de 4 Indagaciones Preliminares por presuntos sobrecostos que ascienden a $6.074 millones, que involucran la contratación en los municipios de:
Chía, Cundinamarca ($3.771 millones); Medellín, Antioquia ($2.224 millones); Zipaquirá, Cundinamarca ($43 millones); y Arboletes, Antioquia ($34 millones).
Dentro de las 30 alertas por posibles sobrecostos, halladas en contratos PAE que aún no se han cancelado en su totalidad, corresponden a $34.856 millones, sobre los cuales se realizarán acciones de control fiscal. Buenaventura se encuentra como única ciudad del Valle del Cauca, con un posible sobrecosto de $1.585 millones de pesos.
En el documento se muestra que la ciudad – puerto es superada por Medellín ($11.246 millones) y Pereira ($1.595 millones), capitales de los departamentos de Antioquia y Risaralda respectivamente.
Para la Contraloría, este panorama evidencia el riesgo al que está expuesto el PAE, dado que la eventual pérdida de estos recursos disminuiría el suministro del complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes, afectando el cumplimiento de los objetivos del programa.