Con iniciativa de la representante a la Cámara Katherine Miranda, y el apoyo de otras 14 congresistas de la bancada de mujeres de la Cámara de Representantes, fue radicado un proyecto de ley que busca añadir al Código Penal la conducta de «acoso sexual en espacio público o semipúblico» en el país.
En su artículo segundo, el proyecto propone esta definición de la conducta: «El que, sin mediar consentimiento, acose, asedie física o verbalmente, realice exhibicionismo, tocamientos, filmaciones o cualquier otra conducta de connotación sexual inequívoca o contenido sexual explícito en espacio público o de acceso público incurrirá en una prisión de dos a cuatro años siempre que la conducta no constituya por sí misma otro delito».
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Lo que se busca es que esta conducta se adicione como artículo 210-B en el Código Penal, es decir, la ley 599 de 2000.
Esto, dado que el 210 A es el que estipula como delito el acoso sexual, que consiste en la conducta en la que un tercero «valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona».
En la justificación explican que se trata de «una forma de violencia cotidiana que afecta de manera particular a las mujeres» y que «se expresa en palabras, sonidos, frases que las menoscaban, roces o contactos corporales y abuso físico» con efectos negativos en la seguridad de estas en el espacio público.
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Asimismo, que esto incluye «insinuaciones, proposiciones, comentarios, persecuciones, tocamientos, mensajes corporales, observaciones, soborno, masturbación, grabaciones, fotos y acercamientos físicos, donde no existe consentimiento ni reciprocidad».
También cita estudios de las principales ciudades, como el de la Secretaría de las Mujeres de Medellín, «una cultura de piropos es propia de una cultura machista, ya que esta trata los cuerpos de las mujeres como propiedad pública, sobre la cual todo hombre tiene derecho de opinar».
Referencian encuestas hechas en Bogotá, también por la Alcaldía, que señalan que el 83,9 por ciento de las mujeres se sienten inseguras o muy inseguras en TransMilenio y que el 38,4 por ciento ha decidido no usarlo por temor a sufrir algún tipo de violencia sexual.
Esta conducta ya tiene una pena de entre 1 y 3 años de prisión. Tanto este delito como el que propone crear el proyecto sería excarcelables debido al monto de la pena.
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El proyecto también pretende adicionar un numeral al artículo 211, en el cual se estipulan las circunstancias agravantes punitivas, así: «Si la conducta se realizare en razón al género, identidad y/u orientación sexual del sujeto pasivo».
Finalmente, en su artículo cuarto, el proyecto propone que el Gobierno nacional y los entes territoriales implementan campañas «de concientización» sobre el acoso sexual en el espacio público «como un comportamiento manifiesto de violencia contra la mujer».
Entre las firmantes de la iniciativa, además de la representante Miranda, están Diela Liliana Benavides Solarte, Yenica Sugein Acosta Infante, Astrid Sánchez Montes de Oca, Elizabeth Jay-Pang Díaz, Flora Perdomo Andrade, Karen Violette Cure Corciona, Mónica Valencia Montaña, Martha Villalba Hodwaker, Kelyn González Duarte, Mónica Raigoza Morales, Sara Elena Piedrahíta Lyons, Karina Estefanía Rojano Palacio, Norma Hurtado Sánchez, Ángela María Robledo y Jezmi Barraza Arraut.
Pertenecen a varios partidos políticos: el Liberal, Cambio Radical, La U, Alianza Verde, principalmente.
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