La Policía Judicial (Dijin) dio a conocer este viernes los alcances de una operación que permitió desmontar una red dedicada a préstamos ‘gota a gota’ mediante internet, aplicaciones y redes sociales.
Según se mencionaba en las denuncias hechas por varios ciudadanos, cuando había atrasos en los pagos, la persona recibía amenazas de muerte, al igual que su núcleo familiar.
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De acuerdo con la Dijin, la investigación fue liderada por le Centro Cibernético, que por 16 meses, estuvo detrás de la identificación de los miembros del grupo.
Los investigadores lograron establecer que esta red creó una empresa en 2019, a través de la cual se derivaron 14 compañías fachada, utilizando razones sociales relacionadas con asesoría jurídicas y call centers.
«Una vez constituidas legalmente, las 14 empresas crearon más de 20 aplicaciones web de préstamos, creando cuentas en redes sociales con ubicación en Turquía, India, China, Indonesia, Filipinas, Costa Rica y México; para promocionar las aplicaciones de préstamos fáciles y rápidos alojadas en la Play Store«, explicó la Dijín.
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En medio del proceso, se pudo establecer que una de las jefes era una joven mujer de nacionalidad china, quien llegó a Colombia en el 2017, conocida como ‘Celeste’, quien fue capturada en la ciudad de Bogotá junto a otras ocho personas.
Celulares con los que presionaban a los deudores
Las capturas se hicieron realidad en coordinación con la Fiscalía en Bogotá y Medellín, así como en los municipios de Madrid y Mosquera, en Cundinamarca.
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Este grupo, según la Dijín, tenía operaciones internacionales en Guatemala, Argentina, México, China y Colombia, y que, mediante préstamos ‘gota a gota’ virtuales, afectaron a 1.365 personas en estos países, quienes hicieron las respectivas denuncias por los hechos.
Las personas capturadas, según explica esta sección de la Policía Nacional, «crearon cuentas bancarias asociadas a empresas fachada para el envío y recepción de dineros con las víctimas, realizando el primer cobro entre los 5 y 10 días de cada mes, llegando a tasas de interés hasta del 60 %, superando las autorizadas legalmente«.
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Bajo esta lógica, los investigadores lograron establecer que, frente a la incapacidad de pago de las personas, «la organización criminal ofrecía refinanciación con las mismas aplicaciones y al no recibir los pagos, accedían a los datos personales de los afectados para realizar amenazas, extorsiones y constreñimientos ilegales y el dinero recolectado, era distribuido entre las empresas ficticias para el lavado del mismo y desvío al exterior«.
Tablero con el que se llevaban las cuentas y las llamadas a realizar.
El proceso de extinción de dominio
«El proceso investigativo contó con la participación de peritos contables y en informática forense, que permitió aplicar medidas cautelares para la extinción del derecho de dominio a bienes muebles e inmuebles avaluados en más de 2.000 millones de pesos«, indicó la Dijin.
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Desde un call center allanado, según la autoridad judicial, alcanzaron a trabajar más de 500 personas y, al mismo tiempo, la organización tenía una oficina internacional para realizar cobros en el extranjero mediante el mismo modus operandi.
Las personas capturadas fueron judicializadas por acceso, abuso a un sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, constreñimiento ilegal, extorsión, usura, captación masiva y habitual de dinero, lavado de activos y concierto para delinquir.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO – JUSTICIA
