Redacción
Las investigaciones contra las organizaciones que auspician el deterioro de los recursos naturales, en el desesperado afán de extraer oro en diferentes regiones del país, permitieron llegar al eslabón criminal que más se lucra de esta actividad ilícita, principalmente en jurisdicción de Buenaventura.
Se trata de grandes estructuras que, con la apariencia de comercializadoras, estarían recurriendo a diferentes maniobras para dar apariencia de legalidad al metal precioso y exportarlo. Dos de estas redes quedaron en evidencia en un trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada contra las Finanzas Criminales y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos; y la Policía Nacional.
25 presuntos integrantes de estas organizaciones, que cumplirían diferentes roles en la cadena criminal, fueron capturados en diligencias realizadas en Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Guapi (Cauca) y Galeras (Sucre).
LAVADO DE ACTIVOS POR 5,8 BILLONES DE PESOS
El material de prueba da cuenta de un conglomerado de empresas que, entre 2011 y 2018, se habría dedicado a comprar oro extraído ilícitamente de entables mineros en Bendiciones, Bajo Calima y Anchicayá, en jurisdicción de Buenaventura (Valle del Cauca), donde se ha constatado un grave daño ambiental a los ríos Dagua, Calima, Serpis, Bocas de Calima y Malaguita.
La adquisición del metal, supuestamente, era soportada con certificados de origen y nombres de personas fallecidas, privadas de la libertad o vinculadas al sistema de salud de las alcaldías de Guapi (Cauca) e Istmina (Chocó), a quienes hicieron pasar como barequeros certificados por la Agencia Nacional de Minería.
Las comercializadoras NTR Metals Colombia SAS, CINTR Metals Zona Franca SAS, y Precious MetalsInvestments SAS, que han existido en diferentes periodos de tiempo durante los últimos nueve años, serían las responsables de realizar operaciones simuladas para legalizar el oro y enviarlo a Estados Unidos. Con este esquema ilícito presuntamente se lavaron 5,8 billones de pesos. La Fiscalía estableció que 1,2 billones de pesos corresponderían a exportaciones ficticias.
Por este caso fueron capturadas 16 personas, entre ellas las encargadas de comprar el oro en las zonas de explotación, los proveedores, contadores, responsables de la documentación y salida del mineral de Colombia, y el representante legal de una de las comercializadoras. Este hombre fue detenido en un lujoso apartamento en Cali (Valle del Cauca), en el que fueron incautados $20’000.000 en efectivo.
Una fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos imputará a los capturados por delitos como lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental y explotación ilícita de yacimiento minero.
Extinción de dominio
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 inmuebles, 12 vehículos, 6 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 14 productos financieros de diferentes entidades bancarias, cuyo valor superaría los 74.000 millones de pesos.
Estos bienes pertenecerían a algunos accionistas de la comercializadora NTR Metals Zona Franca SAS, que estaría relacionada con la compra y venta de oro de minería ilegal.
Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas por personal del CTI de la Fiscalía, con apoyo del Gaula Militar, en Bogotá, Cali y Pasto.
Clan familiar
Desde un centro comercial de Cali, la comercializadora IRCA C.I. S.A.S, conformada por una pareja de esposos y algunos de sus familiares, al parecer, manejaba su propio modelo de lavado de activos.
Hay indicios de que, supuestamente, adquiría el oro extraído ilícitamente en Guapi, López de Micay, Timbiquí y el Naya (Cauca). Las compras eran sustentadas con certificados de origen que relacionaban un sin número de presuntos barequeros, los cuales no tendrían relación con dicha actividad ni vínculo con la empresa.
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