Tras un intenso debate de casi 12 horas, la Cámara de Representantes aprobó en su octavo y último debate la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Este proyecto, que busca aumentar las transferencias del Gobierno Nacional hacia las regiones, contó con 124 votos a favor y tres en contra. Ahora, el texto pasa a conciliación con el Senado y, posteriormente, a la firma del presidente Gustavo Petro para convertirse en ley.
El SGP, clave para financiar servicios básicos como educación, salud, agua potable y saneamiento, pasará de transferir el actual 20 % de los ingresos corrientes de la Nación a un 39,5 % de forma gradual durante 12 años. Este incremento es menor al 46 % inicialmente propuesto.
La reforma también está condicionada a la aprobación de la Ley de Competencias, que entre 2025 y 2026 definirá nuevas responsabilidades para municipios y departamentos, quienes deberán manejar los mayores recursos asignados.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó la reforma como una de las más importantes desde la Constitución de 1991, afirmando que restituirá autonomía a las entidades territoriales y fortalecerá la descentralización.
Aunque celebrada por algunos sectores, la reforma enfrenta severas críticas por los posibles riesgos para la sostenibilidad fiscal del país. Según la representante Katherine Miranda, el Ministerio de Hacienda proyecta que para financiar esta reforma serían necesarias al menos nueve reformas tributarias de magnitud similar a las recientes entre 2027 y 2035.
Por su parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que un aumento de esta magnitud en las transferencias restringe la flexibilidad fiscal del Gobierno, aumenta el riesgo de deuda y dificulta cumplir con la regla fiscal. Además, subrayó la necesidad de revisar previamente las capacidades de las entidades territoriales para gestionar mayores recursos.
El debate sobre el SGP pone en evidencia las tensiones entre los objetivos de descentralización y los límites fiscales del Estado. Mientras algunos destacan el impacto positivo para el desarrollo regional, otros temen que la reforma sea financieramente insostenible.
La discusión ahora se centra en cómo se implementará esta reforma y si las regiones estarán listas para asumir las nuevas responsabilidades administrativas y financieras que esta conlleva.
