Redacción
El actual Gobierno, a diferencia de los de años anteriores, se ha focalizado en atender el déficit habitacional en el país. Para esto ha designado $4 billones para ayudar, durante la vigencia de este mandato, a 400.000 familias vulnerables y otorgar viviendas dignas para habitar.
Con este cambio de prioridad, el programa Cambia Mi Casa tendrá una mayor asignación de recursos que el de Mi Casa Ya, pues en el Plan Nacional de Desarrollo se habla de que para el programa de compra vivienda nueva se otorgarían cerca de 160.000 alivios a diferentes familias en el cuatrienio, es decir, cerca de una tercera parte de la meta de asignación de Cambia Mi Casa.
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Lo cierto es que el déficit cualitativo que busca atender el programa Cambia Mi Casa es tres veces mayor al déficit cuantitativo de vivienda, que es al que está focalizado el programa Mi Casa Ya, por esto el cambio en el modelo de asignación. Vale aclarar que para 2022 las cifras fueron de 23,1% y 7,3% respectivamente, esto según la encuesta de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Además, según la encuesta, para el 2022 el déficit habitacional afectaba al 30,4% de los hogares colombianos, situación que se hacía más crítica en la ruralidad, donde el 65,4% de las viviendas tenían carencias en sus inmuebles. La meta es reducir la cifra a 26%. Con esto en mente, el Gobierno planea brindar recursos anuales por $1 billón para atender a 100.000 familias, es decir, cerca de $10 millones por hogar, pero esto dependerá de la necesidad de cada una, pues los alivios otorgados pueden ser desde hasta 22 Salarios Mínimos Legales Vigentes, lo que para 2023 son $24,5 millones.
(El 70% de colombianos es pobre, no tiene trabajo digno ni educación).
Al tratarse de recursos tan importantes para la cartera de vivienda, diferentes analistas han mostrado su preocupación sobre el cuidado del erario público, pues los recursos podrían perderse en el camino debido al esquema en el que trabajarán.
¿Cómo funciona el modelo?
La prioridad son aquellos hogares pertenecientes a municipios 4, 5 y 6 PDET, donde el interesado (Sisbén IV con puntaje igual o inferior a 18) podrá acercarse a la entidad territorial, sea alcaldía, gobernación o distrito donde podrá solicitar el arreglo de su vivienda. Estas entidades territoriales deberán buscar organizaciones comunitarias y de economía popular, es decir, Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), Juntas de Acción Comunal (JAC), cooperativas, asociaciones de obreros y trabajadores para que puedan en conjunto financiar la obra y llevarla a cabo.
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Con los mejoramientos finalizados, un supervisor ‘debidamente acreditado’ certificará la obra para el desembolso de los recursos al ejecutor de la obra que haya presentado el proyecto ante el Ministerio de Vivienda. Con tantas manos en el proceso, la preocupación de los analistas es el modelo de la contratación, pues con contar con un mínimo de requisitos, no hay claridad de la continuación del modelo de Pliegos Tipo que brinda una serie de condicionamientos para la contratación.
Así mismo, la veracidad del supervisor, la autoridad en cargada de velar por la transparencia del proceso y cómo se evitará que queden dinero en otras manos durante el camino, son parte de las preocupaciones.
(Cambia Mi Casa: qué es y cómo acceder a este auxilio).
Portafolio consultó al Ministerio de Vivienda sobre estas dudas, sin embargo, al cierre de esta edición no se han pronunciado.
No obstante, analistas recomiendan que “se podrían aprovechar los ejemplos que han existido a lo largo del tiempo, por ejemplo, los de vivienda gratuita, que eran contratos donde se pagaba al final también, donde existía un mecanismo fiduciario para la gestión eficiente de los recursos, donde la interventoría tanto pública como privada ha jugado un rol fundamental y eso hace que en el marco de la competencia de los actores pueda garantizarse un mejor procedimiento”.
PAULA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio
