Las autoridades de la capital de Camboya, Phnom Penh, liberaron el miércoles a unos 200 trabajadores detenidos el día anterior por «violar los protocolos de COVID-19» mientras exigían una resolución a su larga disputa laboral, que había provocado la condena tanto de la ONU como de Washington.
Los trabajadores de NagaWorld Casino le dijeron al Servicio Khmer de RFA que la policía llevó a cabo una «represión violenta» en su huelga el martes y los transportó contra su voluntad a varias instalaciones de cuarentena, supuestamente para hacerles pruebas de la enfermedad causada por el coronavirus. Sin embargo, las autoridades los liberaron el miércoles luego de que se negaran a someterse a las pruebas sin una orden oficial.
Chhin Ouksaphea, una trabajadora que estuvo en cuarentena en un centro en las afueras de la ciudad, dijo que a ella y a sus compañeros huelguistas les dijeron que “caminaran a casa” cuando fueron liberadas y se les negó atención médica a pesar de que la policía los maltrató el día anterior.
Pero expresó la esperanza de que el gobierno ayude a resolver la disputa luego de una reunión interministerial celebrada el miércoles para abordar el asunto.
Miles de trabajadores de NagaWorld abandonaron sus trabajos a mediados de diciembre, exigiendo salarios más altos y la reincorporación de 11 líderes sindicales y trabajadores encarcelados y otros 365 que, según dicen, fueron despedidos injustamente del hotel y casino, que es propiedad de una empresa con sede en Hong Kong. se cree que tiene conexiones con miembros de la familia del primer ministro camboyano Hun Sen.
Las autoridades camboyanas calificaron la huelga de “ilegal” y alegaron que cuenta con el apoyo de donantes extranjeros como un complot para derrocar al gobierno. Pero una serie de arrestos masivos en las últimas semanas se han atribuido a presuntas violaciones de las normas de salud pandémicas en la capital de Camboya. Los activistas dijeron que los cargos fueron inventados para disolver la huelga.
Los detalles de la reunión interministerial del miércoles, presidida por el ministro del Interior de Camboya, Sar Kheng, y que se espera que incluya a los ministros de los departamentos de salud, trabajo y justicia y los jefes del gobierno de la ciudad de Phnom Penh, el tribunal municipal y la policía nacional, no fueron revelados. hecho público y los intentos de RFA de contactar al portavoz del ayuntamiento de Phnom Penh, Met Meas Pheakdey, quedaron sin respuesta.
Crítica mundial
La disputa y su manejo por parte del gobierno llamó la atención de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien en su declaración en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos el lunes dijo que estaba preocupada por el “uso de COVID-19” por parte de las autoridades. restricciones para erosionar aún más el espacio democrático y cívico, incluso como pretexto para romper una huelga legal” de los trabajadores del casino.
“Hago un llamado a las autoridades para que respeten el derecho de reunión pacífica y entablen un diálogo para atender las legítimas solicitudes de los huelguistas”, dijo Bachelet.
El representante permanente de Camboya ante la ONU, Sokkhoeurn An, respondió a la declaración de Bachelet el martes llamando a la jefa de derechos humanos «mal aconsejada y selectiva» sobre la situación en su país y desestimando su afirmación de que la huelga era legal, citando una decisión judicial en diciembre. Agregó que las autoridades habían “ejercido la máxima moderación” al detener a los manifestantes, 130 de los cuales dijo que habían “dado positivo”, y sugirió que la huelga fue un abuso del derecho de reunión pacífica.
La respuesta del gobierno a la huelga también provocó la condena del Departamento de Estado de EE. UU. el martes, que aplaudió “el coraje de las mujeres líderes sindicales en Camboya que han liderado valientemente su sindicato en el casino NagaWorld” al conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
“Estados Unidos tiene serias preocupaciones sobre el uso de cargos penales contra quienes ejercen pacíficamente sus derechos a la libertad de asociación y reunión pacífica”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado, pidiendo a las autoridades que liberen a todos los sindicalistas detenidos, retiren los cargos contra ellos, y “actuar para resolver constructivamente su disputa”.
Ny Sokha, director del grupo de derechos camboyano Adhoc, dijo a RFA el miércoles que las ONG están pidiendo la liberación incondicional de los 11 líderes sindicales encarcelados y que las autoridades faciliten las conversaciones para poner fin a la disputa laboral.
“El gobierno primero debería retirar los cargos contra los trabajadores”, dijo. “Las ONG queremos que todos los trabajadores sean liberados”.
Traducido por Samean Yun. Escrito en inglés por Joshua Lipes.
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