Redacción
Durante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se realizó hoy, la ministra de relaciones exteriores, Claudia Blum, expresó su gratitud a los miembros del Consejo por el apoyo al país. De la misma manera, agradeció al secretario general Antonio Guterres por el informe que presentó sobre la Misión de Verificación en Colombia y al jefe de misión, Carlos Ruiz, por las labores realizadas en Colombia.
En primer lugar, la ministra nombró y destacó los desafíos que el país ha afrontado en el primer trimestre de este año, así como los esfuerzos para afrontar la pandemia por COVID-19. A ello, se suma el éxodo de 1,8 millones de venezolanos que se han asentado en nuestro país y a quienes es necesario brindar ayuda humanitaria y social.
Además, aseguró que: “el Presidente Duque ha reafirmado su determinación de avanzar en la implementación de la política de Paz con Legalidad. La decisión es acelerar y cumplir nuestros compromisos con las víctimas, los excombatientes y con las comunidades y familias involucradas en esta política, incluyendo a aquellos que participan en programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”.
En este sentido, la caniller afirmó que se ha avanzado en la consolidación de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Estas acciones se han desarrollado con el respaldo de las autoridades regionales y locales.
“Tras varias reuniones con el Gobierno Nacional, los nuevos gobernadores y alcaldes han comenzado a incorporar la política de Paz con Legalidad en las agendas de los gobiernos locales y en los instrumentos de planeación territorial. A finales de febrero de 2020, 166 municipios y 15 departamentos ya habían avanzado en la adopción de decisiones con ese fin”, agregó la canciller.
Se refirió a los mandatos de la Misión de Verificación y dijo que en materia de la reincorporación de excombatientes, desde que el presidente Duque asumió el cargo (hace 20 meses) ha reafirmado enfáticamente que el éxito y la sostenibilidad del proceso de reincorporación es decisivo para prevenir nuevos ciclos de violencia.
Añadió que han avanzado con la situación jurídica de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y que se han asignado unos 4 millones de dólares para la adquisición de los predios en los que están ubicados: “Al mismo tiempo, varios concejos municipales procuran incorporar estas áreas en el ordenamiento territorial de sus jurisdicciones, para facilitar el desarrollo de proyectos productivos o de vivienda. Las decisiones sobre estas zonas se están tomando mediante procesos participativos”, afirmó la ministra.
De la misma manera, recordó que se ha asegurado el suministro de alimentos, pago de servicios públicos, arrendamientos, afiliación al sistema de salud y cuidado de niños para los más de 13.000 excombatientes acreditados. Blum dijo que el Gobierno sigue comprometido en ampliar su acceso a proyectos productivos y a programas educativos y de capacitación laboral.
Por otro lado, se refirió a la garantía de la seguridad de excombatientes, defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunidades vulnerables y dijo que el Estado en su conjunto ha fortalecido sus acciones y articulación en tres áreas: aumentar la eficacia de las estrategias de prevención y protección; agilizar las investigaciones judiciales; y combatir eficazmente las organizaciones delictivas responsables de los atentados.
“Para el Gobierno, la seguridad de los excombatientes y sus familias, así como de los miembros del hoy partido político Farc, son una prioridad. La política Paz con Legalidad establece la articulación de los esquemas de seguridad. Más de 40 medidas de seguridad y protección se vienen desarrollando para materializar el compromiso del Estado con la seguridad de los excombatientes. Estas no remplazan ni afectan ninguna de las instancias previstas en el Acuerdo” agregó la ministra.
Aseguró que un total de 3.740 miembros de la Fuerza Pública custodian la seguridad de esos excombatientes en los antiguos ETCR. La Unidad Nacional de Protección salvaguarda a 300 excombatientes y que, por orden presidencial, se han adoptado medidas como los esquemas de reacción rápida, los centros de información, recompensas, nuevas metodologías para el análisis de riesgo y capacitación en autoprotección.
Así mismo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad viene trabajando para fortalecer las medidas de protección y seguridad. Esta Comisión ha sesionado en quince oportunidades. Este foro tiene un espacio para analizar también las propuestas de la sociedad civil y ha considerado enfoques diferenciados étnicos y de género. En este contexto, se lanzó el Plan de Acción del Programa integral de protección de mujeres líderes y defensoras de derechos humanos. Este Plan enfatiza en el papel de las mujeres en la consolidación de la paz, en línea con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad.
Adicionalmente, el Gobierno está culminando la formulación del Plan de reforzamiento en seguridad para la población objeto del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
Claudia Blum habló de la parte judicial y afirmó que la Fiscalía General de la Nación obtuvo avances investigativos en 102 hechos donde los excombatientes fueron víctimas, de un total de 223 conocidos. Esto representa un 46 % de los casos. Se han obtenido 24 condenas. Además, se han emitido 178 órdenes de captura por homicidio, tentativa y desaparición forzada, incluyendo 51 dirigidas a los autores intelectuales.
Para acabar con estos crímenes y amenazas, dijo, el Gobierno actúa en un frente crucial: enfrentar la actividad criminal de grupos armados organizados dedicados al narcotráfico y la minería ilegal. Estos grupos realizan acciones violentas para capturar las rutas comerciales para el tráfico de su producción ilegal, amenazando a las comunidades vulnerables.
“Colombia sigue pagando las consecuencias del crecimiento inusitado del área de cultivos ilícitos registrado entre 2013 y 2017 que llegó a 200 mil hectáreas cultivadas de coca. Como resultado de la determinación del Presidente Duque, esta tendencia se detuvo en 2018 y de nuevo en 2019. Nuestro Gobierno no descansará hasta que suprimamos estos cultivos, ya que nuestra historia nos ha enseñado que el principal combustible de la violencia en Colombia es el tráfico de drogas”, afirmó la ministra.
Además de referirse a estos puntos, la ministra habló sobre el anuncio del cese unilateral al fuego que hizo el ELN el 29 de marzo. Dijo que: “es necesario resaltar, primero, que el llamado cese unilateral “activo” del ELN es en realidad parcial porque este grupo afirma que atacarían en ciertos casos. El Presidente Duque ha reiterado que el ELN debe demostrar su compromiso con la paz a través de acciones concretas como la liberación de ciudadanos secuestrados y el cese de cualquier acto criminal”.
Finalmente, dijo que el Acuerdo de 2016 contempla plazos de implementación de 15 años. Por lo que es necesario resaltar que la implementación es un proceso en dos vías y que requiere del compromiso efectivo tanto del Estado como del ahora partido político FARC.
Reiteró la importancia de que la Misión de Verificación exija a FARC avances en sus tareas pendientes. Estas incluyen: información sobre las rutas del narcotráfico; cooperación que conduzca a la ubicación de personas desaparecidas; entrega de bienes y activos para la reparación de las víctimas; y que cumplan con las expectativas de la justicia y de las víctimas en relación con la verdad.
“La política de Paz con Legalidad es una ambiciosa estrategia de mediano y largo plazo. Diferentes instituciones del Estado trabajan juntas para lograr la estabilización de los territorios, así como para cerrar las brechas y promover el progreso social de las comunidades que viven en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. Confiamos en que seguiremos contando con su apoyo para avanzar en la consolidación del bienestar, la paz y el Estado de Derecho en Colombia”, finalizó Blum.
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