Redacción
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramuros en contra de Ana Briyid Tumiña Huila, alias ‘Claudia’ o ‘Claudina’, presunta cabecilla de la columna móvil Dagoberto Ramos, en el municipio de Totoró (Cauca).
Según la Fiscalía, la hoy imputada es señalada de participar en el secuestro de dos extranjeros ocurrido el pasado 29 de enero en zona rural del municipio de Belalcázar (Cauca), cuando las víctimas se desplazaban hacia el departamento del Huila.
Las labores de policía judicial permitieron establecer que las víctimas estuvieron en cautiverio en los municipios de Inzá y Belalcázar. Y que, posteriormente, uno de los secuestrados fue liberado el pasado 29 de marzo con el propósito de conseguir 2.000 millones de pesos, quedando en cautiverio la otra víctima, la cual fue liberada el pasado 21 de agosto en zona rural del municipio de Toribío (Cauca).
Tras el material probatorio recaudado, la Fiscalía solicitó su orden de captura, la cual fue llevada a cabo por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cauca, con apoyo de la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional. Durante la misma diligencia las autoridades incautaron dos teléfonos celulares y una USB.
La Fiscalía formuló imputación de cargos a la capturada por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado, por lo que el juez decidió enviar a la presunta implicada a cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía habla con resultados
MAP/RP/CFG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
