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Cárcel para abogada por presunta estafa con falsos trámites judiciales

En la imagen se ve un servidor del CTI y otro de la Policía Nacional custodiando una mujer que se encuentra de espaldas. En la parte posterior de la fotografía se ve un banner de la Fiscalía General de la Nación.

La mujer es señalada de haber engañado a 12 personas. Un juez de paz también habría participado en uno de los eventos por los cuales fue judicializada la mujer.

 Por los delitos de estafa y falsedad material en documento público, ambos agravados, la Fiscalía imputó cargos y logró medida de aseguramiento en centro carcelario contra una abogada de 44 años en Ibagué (Tolima).

Clara Isabel Ortiz Caicedo fue imputada por su presunta participación en 31 falsedades y ocho estafas agravadas a 12 víctimas de Ibagué, Tolima.

Se trata de Clara Isabel Ortiz Caicedo quien fue detenida la semana pasada por investigadores del CTI del grupo de Estructura de Apoyo de la Fiscalía en el Tolima, en coordinación con la Policía Nacional en el barrio Villa Marlen de la ciudad por su presunta participación en 31 falsedades y ocho estafas de lo cual fueron víctimas un total de 12 personas.

Según las investigaciones preliminares, la procesada quien se encuentra suspendida para ejercer el derecho desde el año 2017, engañaba, al parecer, a sus víctimas bajo la modalidad de ofrecimiento de servicios para trámites judiciales, pidiéndoles dinero a cambio de procesos que nunca adelantaba y que para soportarlos presentaba documentos falsos.

La abogada aducía tener influencias y amigos en juzgados y así lograría darle celeridad a los procesos para que salieran pronto y a su favor.

Mediante la labor investigativa se conexaron 11 noticias criminales que involucraban a la misma mujer quien en todas las denuncias ejercería la misma conducta delictiva bajo similar modus operandi.

El caso matriz, el cual fue el punto de partida para descubrir el entramado delictivo de la procesada, ocurrió en el año 2020 cuando se comprometió con la víctima a llevar un proceso de conciliación ante cámara de Comercio y de simulación ante la jurisdicción civil.

Para mantenerla en error durante ese tiempo y solicitar más dinero, simularía llamadas de presuntos funcionarios del juzgado que le indicaban que el precio de las pólizas habían subido por orden del juez, al igual que los honorarios del supuesto secuestre. La estafa en este caso fue por la suma de $18.764.000.

En este evento la abogada falsificaría el acta de conciliación de no acuerdo ante cámara de Comercio y otros documentos para justificar su presunta gestión como litigante.

Juez de paz involucrado

De igual manera fue imputado Álvaro Vargas, quien compareció de manera voluntaria al proceso y a quien se le atribuyeron los delitos de falsedad ideológica en documento público y estafa agravada; hechos en los cuales participaría también la abogada, obteniendo la suma de $27.300.000 de propiedad de una pareja de esposos.

Para inducirlos y mantenerlos en el error Ortiz Caicedo recibió el dinero con el compromiso de pagarle a un acreedor un saldo que había quedado pendiente por la compra de una casa, el cual nunca entregó.

Fue así como el para entonces juez de paz expidió el 19 de octubre de 2015 una constancia en la que hacía saber que el dinero lo había recibido el acreedor de parte de los esposos, lo cual no fue cierto, y que firmó en presencia de la abogada y sus clientes sin que estuviera él presente.

Ninguno de los dos aceptó responsabilidad alguna.

 

PAAM/FAGH/EIS/DST

 

La Fiscalía habla con resultados.

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004. 

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