Alías Salchicha también habría llevado a cabo los cobros de extorsiones a comerciantes, mineros y empresas privadas en Zaragoza (Antioquia), lo que le dejaría una renta criminal mensual superior a los 150 millones de pesos.3
La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con las capacidades de la Policía Nacional, permitió efectuar la orden de captura en contra de Janer Luis Flórez Ramírez, alias Salchicha, presunto integrante de una subestructura del ‘Clan del Golfo’ en Antioquia, quien sería el responsable de las rentas criminales en esa zona.
En una audiencia ante un juez de control de garantías, un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó al capturado el delito de concierto para delinquir agravado. Alias Salchicha no aceptó el cargo, y deberá someterse a una medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con el material probatorio, el presunto integrante de la subestructura Uldar Cardona Rueda sería el responsable de constreñir a la población del Bajo Cauca antioqueño durante las manifestaciones de los mineros en marzo de 2023.
Flórez Ramírez también habría amedrentado a los comerciantes de la zona para que no abrieran los locales comerciales durante las manifestaciones mineras en esa zona.
También se cree que el imputado sería el encargado del cobro de las rentas criminales en el Bajo Cauca, producto de las extorsiones a ganaderos, comerciantes y empresas privadas, con las que recolectaría mensualmente 150 millones de pesos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JMSV/JARG/YBR/DECOC/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
