Redacción
La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco presuntos integrantes de la estructura Arley Pino Duarte del ‘Clan del Golfo’, que delinque en la región del Magdalena Medio.
Los procesados serían los encargados de la venta de estupefacientes al menudeo en municipios del sur de Bolívar, y de auspiciar los denominados ajustes de cuentas para mantener el control de las actividades ilícitas.
Estas personas fueron capturadas en cinco diligencias de registro y allanamiento realizadas por la Fiscalía y unidades de la Sijin de la Policía Nacional en los barrios La Victoria, 9 de Marzo, Las Palmas y Brisas del Mirador, en San Pablo (Bolívar). En los procedimientos fueron incautados 3 celulares, 150 panfletos alusivos ‘Clan del Golfo’ y un cuaderno con nombres de posibles víctimas de extorsión.
En este sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones criminales imputó a los detenidos los delitos de: concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego de uso personal. El juez de control de garantías les impuso media de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Los afectados con la decisión son:
- Marcos Nieto Garcés, alias Marcos o Henry.
- Sebastián Baldovino Tovar, alias Sebastián.
- Carlos Andrés Sandoval Ortega, alias Carlos.
- Maryuris Vanessa Cuesta Garizabalo, alias Vanessa.
- Alexander Morales Mejía, alias Samir.
Esta información se publica por razones de interés general.
LMBG/JARG/DECOC.
La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
