Los procesados Andrés Álvarez Salas, Manuel Ante Garcés y Daniel Valencia Angulo, pescadores colombianos, fueron privados de la libertad en centro carcelario por el juez tercero penal municipal de Buenaventura (Valle del Cauca), luego de que la Fiscalía les imputó cargos como presuntos coautores del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno aceptó su responsabilidad.
Los tres hombres fueron capturados en flagrancia durante un operativo de control marítimo adelantado por servidores de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Seccional Cali y unidades de la Armada Nacional, en la zona de Guayabal, a 12 millas náuticas de Buenaventura.
Allí fue inmovilizada la lancha langostera La Carmesita, cuyos tripulantes habrían omitido las señales de detención. En la inspección de los compartimentos fueron hallados 18 costales que contenían 502 paquetes envueltos en cintas que, tras la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph), arrojaron positivo para cocaína, con un peso neto de 501 kilos.
Los paquetes del alcaloide tenían marquillas con diferentes logos y, de acuerdo con la indagación, pertenecerían al Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) Jaime Martínez, que tiene presencia en esa zona del Pacífico.
Las investigaciones dan cuenta de que el cargamento de estupefacientes tenía como destino Panamá y desde allí desde sería reenviado a Estados Unidos.
En el procedimiento también fueron incautados 2 teléfonos celulares, un GPS, un teléfono satelital y 18 galones con combustible.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
JGPV/GM/DLBM.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.