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Cárcel para un hombre presuntamente implicado en conductas sexuales contra su sobrina, en Barranquilla (Atlántico) 

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Luego de avalar la solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramuros en contra de Edward Cuama Garcés, alias Cuama; Jairo Ordóñez Valencia, alias Cachito; y Steven Caicedo Gamboa, alias Mi Negro; como presuntos responsables del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones agravado.

Según la investigación, estos hombres serían integrantes de la subestructura Los Espartanos de la organización criminal La Local, con injerencia en varias comunas de Buenaventura (Valle del Cauca).

Edward Cuama Garcés, alias Cuama; Jairo Ordóñez Valencia, alias Cachito; y Steven Caicedo Gamboa, alias Mi Negro; al parecer portaban armas de fuego sin los respectivos salvoconductos.

Los hechos que motivaron la decisión del juez ocurrieron el pasado 27 de noviembre en la calle La Unión del barrio Juan XXIII, en esa ciudad, donde agentes de la Policía Nacional y miembros de la Armada Nacional requirieron a los hoy procesados para un registro, y fue entonces cuando le hallaron una pistola 9 milímetros con un proveedor y 9 cartuchos a Cuama Garcés. Entretanto, los otros dos hombres habrían disparado contra los policiales y al parecer trataron de huir, pero fueron interceptados tras una persecución.

A estos últimos también les fue incautada una pistola calibre 9 milímetros con su proveedor y 4 cartuchos.

En las audiencias concentradas ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad.

La Fiscalía habla con resultados

JGPV/DP/DLBM.

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004  

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