Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación judicializó y corrió escrito de acusación en contra de Francis Wayler Urrutia Rivas, de 50 años, como presunto responsable el delito de violencia intrafamiliar agravada.
Se estableció que los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2023. El último ataque sucedió el pasado 19 de marzo, en un establecimiento público de Cali (Valle del Cauca), donde en medio de una discusión, el hoy imputado le habría cortado el rostro a su pareja sentimental con un objeto cortopunzante.
La víctima fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien determinó una incapacidad de 10 días y secuelas médico legales que implican deformidad física transitoria.
Además, se evidenció que Urrutia Rivas registra 11 noticias criminales de hechos similares con tres víctimas, ocurridos entre el 2010 y 2023, lo que permitió al grupo de Análisis Criminal del CTI definirlo como un presunto recurrente, siendo en esta oportunidad la primera etapa, dentro de la investigación.
Por lo anterior, un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia intrafamiliar (Cavif), de la Seccional Cali, solicitó orden de captura en contra de este hombre, la cual fue materializada, el pasado 13 de julio, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
Por su parte un juez decidió que el presunto agresor debe cumplir la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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