La Fiscalía General de la Nación logró que jueces de control de garantías privaran de la libertad en establecimiento carcelario a dos hombres que habrían abusado sexualmente a menores de edad, en hechos diferentes ocurridos en Huila.
Uno de los casos sucedió en el barrio Los Pinos de Neiva, donde un soldado profesional de 31 años, al parecer, sometió a todo tipo de vejámenes sexuales a sus hijos de 7 y 5 años de edad. Se presume que, cuando el hombre salía de permiso de su trabajo aprovechaba los momentos para abusar de los menores. Los ataques ocurrieron entre enero y marzo de este año.
El procesado fue capturado el pasado 14 de marzo, en un batallón de Florencia (Caquetá), por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). En audiencias concentradas la Fiscalía le imputó los delitos de los delitos de acceso carnal con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo agravado, en concurso heterogéneo con actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravados en concurso homogéneo y sucesivo.
Por su parte, una fiscal de infancia y adolescencia judicializó a Humberto Ariza Ordoñez, de 35 años, por su presunta responsabilidad en el delito de acto sexual violento.
Según la investigación adelantada, el hombre, quien es profesor de un colegio, ubicado en el municipio de Acevedo de esa localidad habría abusado sexualmente de un menor de 6 años dentro de un baño de las instalaciones del plantel educativo. Los hechos se registraron en julio de 2023.
El docente fue capturado el 20 de marzo reciente mediante orden judicial por personal de la Sijin y CTI.
La Fiscalía habla con resultados.
WAGG/MG/HS/SC/DFHI/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
