Redacción
El Banco de la República ha publicado el libro que lleva por título el mismo de esta columna, escrito por Gerardo Hernández Correa. Gerardo, quien fuera secretario general y jefe jurídico de la institución durante tres lustros, luego superintendente financiero, y ahora codirector del Banco, sin duda es una autoridad indisputada en la materia.
(Lea: Crédito hipotecario, de lo poco que creció en primer trimestre).
En los tiempos que corren, signados por la incertidumbre y el temor, vuelven a escucharse voces que atentan contra la solidez del guardián de la moneda a fin de amparar con la emisión del circulante el anhelo populista de eludir la responsabilidad fiscal de la sociedad.
Es como retornar a las épocas de bárbaras naciones que financiaban las guerras de la aristocracia corrompiendo el poder adquisitivo de sus numerarios, descargando como consecuencia el costo de semejante daño en los hombros de los más pobres, y ahondando de paso la insoportable desigualdad social. O que emitían y emitían sin cesar a fin de entregarle a los gobiernos de turno el dinero para tapar los huecos a costa de los consumidores. Es lo mismo. Y el mismo daño. De ahí lo fundamental de la reforma constitucional de 1991, que le puso coto a semejante conducta.
Colombia, en medio de todas sus dificultades seculares en materia económica, política y social, puede ufanarse de contar con una legislación ejemplar a nivel universal sobre la banca central. Legislación que se desarrolló a partir de dicha reforma, la cual consagró la independencia y autonomía de la autoridad monetaria frente al gobierno, para bien de su estabilidad en el ámbito macroeconómico.
(Vea: Los hogares disminuyeron su carga financiera en pandemia).
El control de la inflación, flagelo que comporta uno de los efectos más malignos sobre la salud de cualquier democracia, representa un bien público indiscutible, pocas veces comprendido y apreciado por la comunidad. De ahí, la relevancia y la oportunidad de esta publicación, cuya lectura resulta obligada tanto para la ciudadanía como para sus dirigentes.
De cara a las elecciones del 2022, resulta esencial que se conozca el concepto de los aspirantes a la primera magistratura de la Nación sobre el actual marco legal del Banco de la República. La experiencia vivida por el pueblo venezolano durante las últimas décadas en este ámbito, debería servir de advertencia suficiente para los colombianos. El régimen populista vitalicio que se apoderó del vecino, el primer paso que adelantó en su desastroso plan económico fue la toma de su banco central para convertirlo en la caja menor de la dictadura. Y el corolario fue el colapso de la democracia, la pérdida de la libertad y el hambre.
Una de las más protuberantes falencias de nuestro tan invocado estado de derecho, es la falta de tributación
Banco de la República
El principio del fin fue el enorme hueco fiscal que condujo a la debacle. La lección comprueba que, en ausencia de unas cuentas públicas sanas, la tentación de usurpar el orden monetario crece de forma incontenible. Por tanto, en últimas, la preservación del equilibrio y la sostenibilidad de las cuentas públicas equivale a la preservación del régimen democrático, la libre empresa y la misma libertad.
Tras el segundo intento de una reforma fiscal de veras estructural – el primero fue el proyecto al inicio del actual gobierno que acabó siendo igualmente fallido -, resulta imperativo un consenso nacional en torno de la sanación financiera del Estado.
(Vea: Banco de la República: estabilidad del sistema financiero es notable).
Una de las más protuberantes falencias de nuestro tan invocado estado de derecho, es la falta de tributación. Una de las más bajas del mundo occidental. Y, como consecuencia, la falta de representatividad, según dictan los principios del buen funcionamiento de las instituciones. Pues bien, en aras de su supervivencia, no hay otro camino que saldar la deuda que la población tiene a la luz del pacto social que le dio origen al sistema de gobierno que tenemos.
Resulta esencial que se conozca el concepto de los aspirantes a la primera magistratura de la Nación sobre el actual marco legal del Banco de la República
Claro que quienes más riqueza e ingresos poseen tienen que contribuir más. Así tiene que ser. Pero la base gravable, que en este país es raquítica, tiene que ampliarse igualmente. No puede ser que quienes pagamos impuestos sigamos siendo una franja insignificante de los agentes económicos, y que por esa causa las más altas tarifas del hemisferio sigan agobiando a empleadores y personas naturales que luchan por permanecer en la formalidad laboral.
Sin igual contribución del Banco de la República, con la autoría de Gerardo Hernández, la edición de este importante compendio de las normas que rigen nuestra banca central.
CARLOS GUSTAVO CANO
Ex codirector del Banco de la República
