A través de una carta, las agremiaciones de los sectores de electricidad Andesco, Acolgen, Andeg y Asocodis le manifestaron al Gobierno Nacional su compromiso para encontrar soluciones al alza de tarifas de energía, que impulsan la inflación y que afecta a los hogares colombianos.
(Petro citará al sector energético para evaluar alza de precios).
La carta fue enviada a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y en ella exponen las razones que están llevando a las presiones alcistas en las tarifas.
Según los gremios, las razones no son recientes e incluso sus antecedentes tienen origen en 2020.
“Desde 2020, año en que inició la pandemia, los prestadores del servicio de electricidad han venido implementando medidas para asegurar su continuidad, y para mitigar los impactos que dificultan el pago por parte de los usuarios. En particular, en la mayoría de los casos, los comercializadores han venido aplicando, de manera voluntaria, un mecanismo que consiste en aplazar en el tiempo, a través de una senda, la aplicación de incrementos significativos que se presenten en las tarifas como resultado del cálculo de las fórmulas tarifarias, de manera que se proteja al usuario de aumentos bruscos del precio final a pagar por el servicio que reciben. Como consecuencia de la aplicación de esta estrategia los agentes aún tienen saldos pendientes por cobrar a los usuarios que suman alrededor de $4 billones de pesos. No obstante lo anterior, esta medida no ha sido suficiente para mitigar la totalidad de los impactos que se han producido para los usuarios, dado que el mundo está enfrentando una coyuntura inflacionaria sin precedentes en la historia reciente como resultado de múltiples variables que afectan el costo de producir bienes y prestar servicios, la cual ha impactado la mayor parte de los indicadores económicos y con ello gran cantidad de bienes y servicios, incluyendo las tarifas del servicio de energía”, explica la carta.
(Las propuestas en minas y energía de Gustavo Petro).
Así mismo, existen otros factores que jalonan los precios como la aplicación de la nueva metodología de remuneración de distribución, las restricciones y el Índice de Precios al Productor IPP, que históricamente se ha usado como indexador de los precios de la mayoría de los componentes que hacen parte de la tarifa del servicio.
Irene Vélez, ministra de Minas y Energía.
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De acuerdo con los gremios, desde hace unos meses se han venido adelantando sesiones de trabajo con agentes de todo el sector, es decir, prestadores de toda la cadena del servicio público de energía eléctrica (empresas de generación, transmisión, distribución y comercialización), para analizar alternativas de solución que aporten en la discusión y construcción de medidas que permitan atender la coyuntura ocasionada por la inflación, que no es gestionable por dichos agentes.
Entre las propuestas, piden establecer una mesa de diálogo y construcción conjunta con el propósito de definir e implementar “muy pronto” las medidas más adecuadas para, atender la situación de incrementos significativos en las tarifas de energía para todos los usuarios del país, garantizando la sostenibilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica.
(Minminas pidió a los países que ‘decrezcan sus modelos económicos’).
Además proponen que los agentes de generación y transmisión financien una proporción de componentes, la cual sería del 10% del monto del componente de compras que obedece a contratos (no incluye compras en la bolsa de energía) y al 10% del cargo de transmisión durante como mínimo un (1) año, a partir del cual el monto financiado sería recuperado en los siguientes dos (2) años vía tarifa con las mismas condiciones de tasa de interés definidas en la regulación de la actual opción tarifaria.
“Para que el usuario perciba esta financiación, será pertinente que la CREG revise y ajuste la regulación vigente de la opción tarifaria, considerando la flexibilidad del comercializador de definir el porcentaje de incremento mensual de la senda, con el fin de que no vaya a opacar el efecto de las medidas aquí planteadas y los usuarios finales perciban el beneficio del esfuerzo realizado”, explican los gremios.
Además proponen limitar el incremento esperado del IPP en los contratos de compras de energía a un porcentaje máximo, lo cual, de entrada, delimitaría la proporción del incremento de este componente de la tarifa, buscando no afectar la libre competencia existente en este mercado.
“Como complemento, sugerimos adelantar pagos de los subsidios aplicados por las empresas a los usuarios más vulnerables, para poder aliviar los impactos que ha tenido la aplicación de la opción tarifaria en el flujo de caja de las empresas. Cabe mencionar que, esta medida ya ha sido tomada antes, por lo que, salvo voluntad política y disponibilidad de recursos, no requiere de modificación normativa alguna. Todas estas medidas, sin perjuicio de los recursos o mecanismos de financiamiento que también puedan aportar para la solución de la coyuntura, a través de los fondos ya existentes u otras alternativas factibles, como se ha hecho en otros países, cuyas fuentes pueden ser: el Gobierno Nacional, la banca multilateral o Fondos como FENOGE, FOGAFIN, entre otros”, concluye la carta.
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