Redacción
La violencia en el departamento del Cauca ha llegado a un punto tan alto que hasta los miembros del Concejo Municipal de Argelia fueron desplazados.
Los líderes políticos temen que las amenazas en su contra por parte de grupos armados ilegales se hagan efectivas y corran con la misma suerte de su compañero Fermiliano Meneses Hoyos, asesinado presuntamente por integrantes del Eln el 16 de enero de este año en el corregimiento de El Plateado.
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Los cabildantes se desplazaron de Argelia en la noche del 26 de enero pasado y llegaron hasta Popayán, donde presentaron las denuncias ante la Fiscalía.
Desde el momento que arribaron, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, informó que los apoyará mientras permanezcan en esa ciudad y anunció que les será otorgado un espacio para que puedan sesionar a distancia y seguir trabajando por su comunidad.
Ya ha pasado cerca de mes y medio desde que salieron de su municipio y los concejales no se han atrevido a salir de la capital caucana.
Los 12 líderes políticos no han dado declaraciones. Tienen miedo de hablar. Ni siquiera el mismo alcalde, Jhonatan Patiño, o el personero de esa localidad se atreven a hablar del tema.
El secretario de Gobierno del Cauca, Luis Cornelio Angulo, denuncia que en un municipio como Argelia, donde el 80% de su población es rural, la presencia institucional es poca o casi nula.
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En ese territorio del Cauca, según las autoridades, operan actores armados ilegales como las disidencias de las Farc ‘Carlos Patiño’ y el frente ‘José María Becerra’ del Eln, y al concentrarse en esa zona más del 50% de los cultivos ilícitos, hace que se enfrenten constantemente por el control de los corredores del narcotráfico.
“Los concejales por defender los derechos de la comunidad y ejercer su deber, se vuelven blancos fáciles para estos grupos armados, quienes están en una disputa por los territorios”, expresó el secretario de gobierno a medios.
Un líder de la zona que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, cuenta que los concejales salieron del territorio a causa de una combinación de factores: el asesinato de Fermiliano Meneses Hoyos, líder social y concejal del municipio, quien fue primero secuestrado y luego a los pocos días encontrado sin vida; y también por amenazas directas, “en el concejo de Argelia, solo quedó la secretaria”, dice.
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“Lo que pasa con los concejales es lo que le pasa a todos los argelianos. El ejército, la fuerza pública dicen que tienen un control, pero en la realidad no pasa nada. Desde el 2 de enero del presente año, hemos venido denunciando que la ‘Carlos Patiño’ hace presencia en la zona rural, control territorial en El Plateado y en los alrededores con retenes, también tenemos al Eln al lado y las cosas siguen igual”, explica el dirigente, quien a la vez señala que ha sido víctima de amenazas en dos ocasiones.
Amenazas comenzaron el año pasado
En agosto del año pasado, ya se había registrado un hecho similar cuando grupos al margen de la ley a través de un panfleto declararon a los concejales de Argelia y a varios miembros de asociaciones campesinas como objetivo militar, incluido el alcalde del municipio.
Con respecto a que sigan sesionando a distancia y de forma virtual, señala que en esa localidad “la institucionalidad siempre ha estado amenazada”.
“Dentro de un estado social de derecho y democracia se supone que los concejales, funcionarios públicos debemos estar en los territorios, porque es en el territorio donde podemos darnos cuenta de primera mano de las necesidades, arbitrariedades, el control, y si no se está ahí, si se va a otro lado, es permitir que el Estado vaya perdiendo el control territorial, el control institucional. Los otros estamentos digamos ilegales, entrarían a reemplazar al Estado”, agrega.
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Para Eduard Navia Muñoz, presidente de la Asamblea del Cauca, hacer un ejercicio de control fiscal y político a las acciones de la administración municipal a distancia «es una situación muy difícil para el trámite administrativo, para la aprobación de las ejecutorias del gobierno local, pero también permite ese ausentismo entre la comunidad y los representantes”.
La concejal Nancy Santacruz fue la primera en abandonar ese territorio en agosto del año pasado. Las amenazas e intimidaciones, la obligaron a hacerlo y junto con su familia se refugió en Popayán. Cuatro meses después, el 30 de diciembre, en el barrio La Ladera, desconocidos que se movilizaban en motocicleta le quitaron la vida a su esposo, Norbey Antonio Rivera, socio y cofundador de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Argelia (Ascamcat). El hecho es atribuido a la disidencia de las Farc, Frente ‘Carlos Patiño’.
Pese a que la situación fue denunciada, no tenían esquema de seguridad.
El año pasado, la Defensoría del Pueblo lanzó dos alertas tempranas por el riesgo que suponía para líderes, liderezas y defensores de derechos humanos la presencia de varios grupos armados en esta zona.
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Eduard Navia explica que la llegada de distintos actores armados a ese municipio, punto estratégico entre la zona cocalera y el Pacífico para el narcotráfico y el contrabando, ha generado una ola de violencia que ha afectado tanto a campesinos como a líderes sociales y políticos.
“Se desconocen realmente las fuentes, pero es claro a la opinión pública que esto está generando temor, terror, pero al mismo tiempo mucha preocupación porque en el caso de los concejales, no hay un sistema que les permita a ellos preservar, conservar y ejecutar las acciones para las cuales fueron electos”.
En el 2020, ocurrieron tres hechos de desplazamiento forzado masivo. El primero ocurrió el 7 de marzo tras presentarse enfrentamientos entre el Eln y disidencias de las Farc, lo que causó que al menos 270 personas tuvieran que desplazarse de sus viviendas al casco urbano; el segundo, ocurrió un mes después cuando cinco líderes y liderezas del Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay y 20 campesinos y campesinas de las comunidades de San Juan de Micay, El Plateado, Sinaí, Playa Rica y Huisitó, tuvieron que dejar forzadamente su territorio; y el último, el 25 de noviembre cuando más de 170 personas, ciudadanos venezolanos y habitantes de zonas rurales, tuvieron que salir de la zona.
Argelia es el tercer municipio que más registra ataques del país. Cerró el 2020 con 350 homicidios por cada 100 mil habitantes, según datos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). El Plateado, el corregimiento más grande de ese municipio surcaucano, es uno de los más afectados.
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Para líderes y autoridades de la región, lo ocurrido con los concejales responde a las consecuencias del abandono estatal y a las inexistentes medidas eficientes para atender esta crítica situación.
“Algunas soluciones es otorgarle un esquema de seguridad a cada uno de los corporados y militarizar las instalaciones a toda la vía de acceso al municipio, pero también y lo más importante es hacer inversión social, en vías, en educación, en infraestructura, pero sobre todo en proyectos productivos que les generen una reactivación económica diferente a la que ahora tienen en el municipio de Argelia”, finaliza el presidente de la Asamblea del Cauca.
Michel Romoleroux
Para El Tiempo
Popayán
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