Este miércoles se cumplieron 30 días desde que el presidente, Iván Duque, junto a su gabinete, invocaron el artículo 215 de la Constitución para declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, que le dio facultades, por el periodo en mención, para dictar decretos con fuerza de ley destinado exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
(El Fome ya tiene nuevas fuentes de financiación).
Vale decir que el Ejecutivo podrá declarar dicho estado por lapsos hasta de 30 días, que sumados no podrán exceder 90 días en el año calendario, razón por la que, de requerirlo, el Gobierno podrá volver a decretar la emergencia descrita y mantener las facultades en mención.
Teniendo en cuenta lo anterior, este miércoles el Ejecutivo estaba en una carrera contrarreloj para publicar las normas, aún en el marco de la emergencia, para enfrentar a la misma.
Entre los decretos que se compartieron ayer en la página web del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) estaba el 562, mediante el cual se anunció la creación de una inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública denominados Títulos de Solidaridad, recursos que irán al Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).
Pero, antes de entrar en detalles de la norma en mención, vale decir que el martes pasado, el Banco de la República anunció que reducía el encaje bancario, medida que empieza a regir desde el 22 de abril, a través de la cual se le liberan recursos a los establecimientos de crédito por el orden de $9 billones para que estos tuvieran mayor liquidez y, de esta manera, se irrigaran más créditos en la economía.
(Gobierno crea inversión obligatoria en Títulos de Deuda Pública).
Sin embargo, al día siguiente de dicho anuncio, el miércoles, el destino de esos recursos cambió porque por decreto el Gobierno obliga a las entidades bancarias a comprar los Títulos de Solidaridad con esa mayor liquidez que obtuvieron al tener que guardar un menor encaje (dinero que los bancos sí o sí deben guardar cuando hacen una captación del público).
Según detalla la norma, los establecimientos de crédito deberán suscribir los títulos en el mercado primario en hasta 3% del total de los depósitos a la vista (cuentas de ahorro y corriente, por ejemplo), porcentaje en el que se les reducirá el encaje, de 11% a 8%.
Además, dice que para el caso de los depósitos y exigibilidades a plazo (como los CDT), deberán invertir hasta 1% del total de los mismos, dato en el que se disminuirá el encaje al pasar de 4,5% a 3,5%.
Otros detalles de los TDS es que estos tendrán vencimiento de un año, contando a partir de su emisión. Sin embargo, estos podrían prorrogarse parcial o totalmente por periodos iguales a solicitud del Ministerio de Hacienda hasta 2029. También explica que el rendimiento reflejará las condiciones del mercado de títulos de deuda pública interna de corto plazo.
ASÍ RECIBEN LA MEDIDA
De acuerdo con Camilo Pérez, jefe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, “todavía no hay claridad de cómo va a ser la asignación, probablemente mediante un mecanismo de subasta pues el decreto así lo sugiere porque habla del mercado primario. Iremos a algunos tipos de subastas los bancos comprando esos títulos que se irán a financiar al Gobierno y a la emergencia de salud”.
Para José Ignacio López, jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana, “finalmente la decisión de reducir encajes fue un paso intermedio que se completó con una acción de política donde no hubo aumento de liquidez en el sistema financiero”.
Respecto a las implicaciones que esta decisión tendrá sobre la liquidez que se quería dar, José Antonio Ocampo, exministro y profesor de Columbia, explica que “de todas maneras la liquidez la va a haber, lo que pasa es que no es directamente por la baja de encajes, sino a medida que se haga el gasto público, asociado a esos títulos”.
Según López, dicho anuncio trae implicaciones buenas “en el sentido que es una forma de financiamiento del Gobierno para atender la emergencia económica. Son aproximadamente $10 o $9,8 billones para ser un poco más precisos que podrán usar”.
Desde el lado del mecanismo, dijo que “van a ser recursos que el Gobierno va a tener que pagar a tasas de interés de mercado que son usualmente más altas que el encaje, que está remunerado más bajo”.
Respecto a por qué se dieron tantas vueltas, primero reduciendo el encaje y luego obligando a las entidades a comprar los títulos con esos recursos, Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital, aseguró que parte ello tiene que ver con aspectos legales. Además, resaltó que “es importante mantener la independencia del Banco Central intacta y proveer créditos directamente del Emisor al Gobierno, creo que no sería visto con buenos ojos”.
En línea con lo dicho, López afirmó que cree “que esto sigue siendo (…) algo que es un poquito más ortodoxo, porque si bien parece que es el Banrep financiando al Gobierno, no lo es, lo que hace el Ejecutivo es financiarse con los establecimiento de crédito, es importante resaltar eso”.
En contraste, Ocampo señaló que aunque no tiene ninguna objeción a la inversión forzosa, si el Gobierno iba a usar la rebaja de encaje para ello, lo lógico era que el Emisor comprara los títulos, así el costo para el Ejecutivo es cero, porque lo que paga como intereses se le devuelve como utilidades del Banco.
Velandia agregó que se esperaría que la liquidez por la bajada de encajes termine efectivamente siendo utilizada para otorgar mayor crédito a las empresas que más lo necesitan.
LO QUE SE ADICIONÓ EN EL PRESUPUESTO DE HACIENDA
Aunque de acuerdo con las estimaciones del Banco de la República entregadas hace unos días, el monto que se libera con la reducción del encaje es de casi $9 billones, el dato final sería mayor, acercándose más a los $10 billones, de acuerdo con el decreto 572.
A través de dicha norma se realiza la adición de $9,8 billones al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación para que entren a los gastos del Ministerio de Hacienda, cartera que administra el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome). Según el decreto, ese es el monto que se estima se podría recaudar a través de la emisión de los Títulos de Solidaridad, de acuerdo con datos de la Superfinanciera respecto a los activos y pasivos de los establecimientos de crédito con corte a 27 de marzo.
Valerie Cifuentes M.