NICOSIA, Chipre (AP) — Para los chipriotas, fue un momento colectivo de “aquí vamos de nuevo”.
En abril, EE. UU. y el Reino Unido incluyeron a un puñado de ciudadanos chipriotas y empresas registradas en Chipre en una lista de «facilitadores» que ayudan a los oligarcas rusos a eludir las sanciones. Fue un recordatorio no deseado de la percepción persistente de que la nación insular de alguna manera sigue siendo el lacayo financiero de Moscú.
Durante años, las autoridades de este pequeño país miembro de la Unión Europea se han esforzado por sacudir esa reputación, en parte respaldadas por una crisis financiera de 2013 cuando todos los ojos estaban puestos en los bancos chipriotas llenos de efectivo ruso. En ese momento, casi un tercio de los 68.000 millones de euros en depósitos —más del triple de toda la economía del país— estaba en manos de rusos.
Eso se vio agravado por un programa de ciudadanía por inversión mal estructurado y mal ejecutado. Durante más de una década, generó miles de millones entregando pasaportes chipriotas —y, por extensión, acceso a la UE— a cientos de rusos adinerados y otros, y algunos se aprovecharon de procedimientos de investigación laxos para encubrir un pasado turbio.
Ese programa fue descartado hace tres años en medio de acusaciones de que incitaba al lavado de dinero. Una comisión independiente concluyó en un informe de 2021 que las autoridades chipriotas emitieron pasaportes ilegalmente a familiares de inversores adinerados. Durante su ejecución de 13 años, el programa otorgó 7,327 ciudadanías, más de la mitad a familiares de inversionistas.
Desde entonces, el gobierno de Chipre ha comenzado a revocar la ciudadanía en los casos más atroces. Hasta el momento, se han iniciado los procedimientos de revocación para 68 inversores y 165 familiares, la mayoría de ellos rusos.
Con ese pasado accidentado, el anuncio del 12 de abril, y otro del 19 de mayo, hicieron sonar las alarmas en Nicosia. Estados Unidos y el Reino Unido incluían chipriotas abogados, empresarios y empresas en una lista dirigida a un “red de evasión de sanciones” apoyando a los multimillonarios rusos Alisher Usmanov y Roman Abramovich en 20 países.
La noticia envió al gobierno chipriota a luchar por apuntalar una reputación hecha jirones, ofreciendo garantías de que el país ahora estaba firmemente en el buen camino.
“Cuando hay una manzana podrida… hay que sacarla. Y repito, no estamos aquí para dar cobijo a nadie. Quiero ser perfectamente claro”, dijo recientemente el presidente Nikos Christodoulides a los periodistas en respuesta a las críticas de que se está plegando a la voluntad de Londres y Washington.
Incluso la embajadora estadounidense Julie Fisher intervino para calmar los nervios chipriotas. En una entrevista con el diario Fileleftheros, la semana pasada, Fisher dijo que las sanciones tenían menos que ver con castigar a Chipre por fechorías pasadas o presentes que con perseguir a quienes están ayudando al presidente ruso, Vladimir Putin, a continuar su guerra en Ucrania.
“No estamos tratando de apuntar a Chipre, ni a personas o entidades chipriotas”, dijo Fisher. “Lo que estamos tratando de hacer es ir tras las redes. Vamos tras las redes de la oligarquía, las redes controladas por el Kremlin y las que están permitiendo el régimen de finanzas ilícitas, el lavado de dinero, la evasión de sanciones”.
Redes o no, sancionar a individuos y empresas chipriotas fue otro golpe a la reputación de la isla. El ministro de Finanzas, Makis Keravnos, dijo que había una ventaja en el sentido de que brinda a las autoridades la oportunidad de limpiar la casa.
Keravnos dijo que el gobierno ve esto como “una oportunidad para limpiar el nombre de Chipre de una vez por todas”. Las autoridades chipriotas han solicitado y recibido, información detallada de Washington y Londres sobre las personas y entidades legales chipriotas en la lista para determinar si también evadieron las sanciones de la UE. Esa investigación aún está en curso, y el fiscal general George Savvides dice poco o nada porque “la credibilidad de nuestro país está en juego”.
Algunos de estos habilitadores chipriotas son abogados y contadores que, según alegan las autoridades de EE. UU. y el Reino Unido, ayudan a barajar los activos de los oligarcas rusos a través de una red de fideicomisos y compañías ficticias.
Tanto el Colegio de Abogados de Chipre, que regula a 4.362 abogados y 1.963 empresas, como el Instituto de Contadores Públicos Certificados de Chipre (ICPAC), que cuenta con 5.700 miembros y unas 1.100 entidades con licencia, han dicho a The Associated Press que cuentan con sólidos procedimientos de supervisión. –incluyendo inspecciones in situ– para asegurar que sus miembros cumplan con los regímenes de sanciones.
Un problema derivado de las sanciones afectó a decenas de empleados en más de 600 empresas donde se detuvieron las nóminas cuando los bancos chipriotas congelaron sus cuentas. Algunas de estas empresas son bufetes de abogados, fideicomisos o participan en una amplia gama de actividades comerciales, como servicios inmobiliarios, marítimos, de aviación y de secretaría.
No está claro exactamente cuántos trabajadores se han quedado en la estacada porque muchas de estas empresas no emplean más que un personal administrativo mínimo.
No obstante, se entiende que muchos siguen sin pagar semanas después del anuncio de las sanciones, a pesar de la decisión del gobierno de descongelar las cuentas y «normalizar» una situación que Keravnos reconoció que había perturbado el sector de servicios financieros.
La registradora de empresas Irene Mylona-Chrysostomou dijo a AP que la forma en que esto funciona es reemplazando a los directores de una empresa cuyo jefe está en la lista de sanciones. Luego, los bancos descongelarían las cuentas a la nueva «dirección» libre de cargas.
Mylona-Chrysostomou dijo que “la mayoría” de las empresas afectadas por el anuncio del 12 de abril han cambiado de director. Su organización está en proceso de hacer esos cambios a unos pocos cientos más afectados por el anuncio del 19 de mayo.
Cualquiera que sea el impacto en la economía chipriota de una fuga de negocios rusos, las autoridades confían en la resiliencia de la nación insular para capear la tormenta, tal como lo hizo después de la crisis financiera de 2013.