Redacción
Está Colombia ‘condenada’ a ser víctima de las interceptaciones ilegales?, ¿qué se debe hacer para acabar con esa práctica en el país?, ¿de quién es la responsabilidad de que las ‘chuzadas’ no hayan desaparecido desde la época del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS?
Según analistas y expertos consultados por El País, es una realidad que la mayoría de las investigaciones que se han iniciado por parte de la Fiscalía y la Procuraduría sobre estos casos han avanzado “a paso de tortuga”, por lo que no han dado los resultados que reclama la ciudadanía.
Es el temor que se ha vuelto a poner de presente desde el pasado fin de semana, cuando la revista Semana reveló que entre febrero y diciembre del año anterior al interior del Ejército se realizó el perfilamiento de más de 130 personas, entre ellas magistrados, políticos, defensores de Derechos Humanos, sindicalistas y periodistas.
Según se ha indicado, se trata, por ejemplo, de la existencia de carpetas en las que reposa información de comunicadores colombianos y extranjeros y de sus núcleos más cercanos.
Y como se sabe, tanto el presidente de la República, Iván Duque, como el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, han referido investigaciones que incluso ya desembocaron en el reciente retiro de once oficiales de las Fuerzas Militares, al tiempo que los organismos de control también han anunciado sendas indagaciones.
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Lo cierto es que el coronel retirado del Ejército Carlos Velásquez espera que este sea el último capítulo de un proceso que viene presentándose al menos desde la entonces llamada Operación Andrómeda, que tuvo lugar durante las negociaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana.
Según Velásquez, lo que hay detrás de esta situación es que desde los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe Vélez “se irradió en el país y en el Ejército una ideología estéril que produjo en varios militares una visión oscurecida y eso a su vez, en la inteligencia militar, conllevó a un seguimiento de todo lo que parecía ser contrario a su posición”.
Y agrega que las investigaciones iniciadas por la Procuraduría y la Fiscalía en relación con las denuncias de esa época han avanzado “a paso de tortuga” y que si las mismas se hubieran tomado con celeridad, seguramente ya habrían resultados disciplinarios.
“Todo parece indicar que el Gobierno, a través de su Ministro, creyó que con el retiro del Comandante del Ejército ya estaba solucionado el problema. No se preocuparon por completar esa verdad y solo reaccionan cuando sale el artículo. El Ministro de Defensa debe estar pendiente y verificar la reestructuración de la inteligencia”, insiste Velásquez.
Los responsables
Con respecto a los factores que intervienen para que las llamadas ‘chuzadas’ se sigan registrando en el país, según las denuncias conocidas, el sociólogo y docente de la Universidad del Rosario Carlos Charry enumera las dificultades que históricamente ha atravesado el sistema judicial colombiano, “pues son miles de casos que no pueden evacuar y no tiene los recursos necesarios para efectuar las investigaciones, entonces hay un estancamiento estructural de procesos que hace que muchos de ellos caduquen por vencimiento de términos”.
El experto resalta que “hay un problema entre la Fiscalía y el sistema judicial para recaudar y mantener la cadena de custodia de las pruebas digitales, que finalmente hace que estas no sean lo suficientemente contundentes para abrir un proceso más complejo o para llegar no solamente a las personas que ejecutan los seguimientos sino a las que los ordenan”.
Como última razón, Charry enumera una estrategia de los abogados defensores de quienes han sido acusados por las ‘chuzadas’, “muchos de los cuales han asumido como estrategia el entorpecimiento de los procesos”.
A su vez, Jhon Mario González, analista político, señala como responsable de la persistencia de los casos de interceptaciones ilegales la falta de liderazgo de los diferentes fiscales generales de la Nación y presidentes de la República “e incluso de la Corte Suprema de Justicia por llegar a las últimas consecuencias en dichas investigaciones, pero también a problemas institucionales en estos entes”.
“Hay sectores políticos que tienen cooptados los entes de investigación en este país, incluso lo vimos en el caso de Leonidas Bustos y la corrupción en la Corte Suprema en el pasado, entonces, tanto por la cooptación, como por la debilidad institucional y la falta de liderazgo, no se llega a los resultados esperados”, explica.
En su opinión, la solución para superar el lastre de las ‘chuzadas’ en Colombia estaría en la “decisión” del Presidente de la Republica y del actual Fiscal General de la Nación de entregar resultados y llegar hasta las últimas consecuencias tanto de los móviles como de los autores intelectuales de estas prácticas ilegales.
“Un liderazgo que tiene que definir que no importa que caiga quién caiga ni cuáles sean los implicados para arrojar resultados, porque eso se volvería disuasor de las ‘chuzadas’, que ya se volvieron permanentes en Colombia”.
Según González, “mientras solo caigan oficiales de rango medio, pero no las cabezas, se seguirá presentando el mismo fenómeno. La Justicia tiene que ser una disuadora total de esas conductas. Que sepan los militares y cualquier entidad de Policía y cualquier civil que si incurren en ‘chuzadas’ en Colombia, tendrán una pena grave y máxima y que la Justicia logrará procesarlos”.
“No son seguimientos”
“El Ejército no tiene aparatos para hacer ‘chuzadas’ y las tales carpetas sobre las que se ha armado un escándalo, basado en la ignorancia, son parte de los archivos de cualquier central de inteligencia del mundo. Eso no es invento colombiano”.
Así se refirió el experto en Seguridad Jhon Marulanda a las denuncias dadas a conocer el fin de semana por la revista Semana, quien explicó que en cualquier central de inteligencia del mundo hay tres archivos de carácter informativo: uno de quién es quién, en donde está el nombre, la foto y las actividades de cualquier persona sobresaliente de la sociedad.
El segundo es de fuentes y agencias, donde están relacionados los informantes y las agencias con las que la central trabaja y el tercero, que es como el primero, pero a nivel de organizaciones.
Para el analista, “es absolutamente infame que digan que el archivo al que se refiere la denuncia era para perseguir o para hacer algo malo, eso es presumir que el Ejército es una organización delincuencial”.
Marulanda insiste en que todos esos datos están en fuentes abiertas de las redes sociales, por lo que “eso no es espionaje, no son ‘chuzadas’. Seguimiento es cuando usted va detrás de la persona”.
Recordó además que en su momento se ordenó crear un comité encabezado por el exfiscal Alfonso Gómez Méndez para depurar, según lo dispuesto por la ley, los listados de los archivos de inteligencia, que tienen un carácter diferente.
