Redacción
Construir ciencia cuesta muchos años; atentar contra ella, una iniciativa y una mayoría en el Congreso… y perdemos todos.
Ese es el sentir de algunos de los integrantes de la comunidad científica del México, quizá la gran perjudicada, con la decisión del gobierno federal de eliminar los fideicomisos mediante los cuales se financian las instituciones del sector, aprobada en la Cámara de Diputados la madrugada del jueves pasado y enviada al Senado para concluir el trámite legislativo.
Si bien la minuta contempla la eliminación de 109 fideicomisos relacionados con fondos para la atención de desastres, así como acciones de atención al campo, cine, deporte, derechos humanos, cambio climático, sociedades cooperativas y de ciencia y tecnología, éste último sector parece ser uno de los más afectados.
La razón: los fideicomisos les permitían no solo el acceso a recursos públicos, sino la posibilidad de captar los generados por las propias instituciones, donaciones, así como aportaciones de organizaciones nacionales e internacionales mediante convenios de colaboración para proyectos de largo aliento, sin la incertidumbre de estar supeditados a las asignaciones presupuestales anuales.
Si el Senado de la República aprueba el decreto mediante el cual se eliminan esos instrumentos en los términos que lo envió la Cámara de Diputados, tendrán problemas para obtener y ejecutar sus presupuestos 26 centros públicos de investigación beneficiados con recursos que dispersa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Concretamente se trata del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, Centro de Investigación Ciencia y de Educación Superior de Ensenada, el Colegio de la Frontera Norte; Instituto de Ecología; Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial; Centro de Investigación en Materiales Avanzados, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco; El Colegio de Michoacán; Centro de Investigación en Química Aplicada; Centro de Tecnología Avanzada; y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social.
También El Colegio de la Frontera Sur; Centro de Investigaciones en Óptica; Centro de Investigaciones en Alimentos y Desarrollo; Centro de Investigación en Matemáticas, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; Centro de Investigación Científica de Yucatán; El Colegio de San Luis y el Centro de Investigación y Desarrollo tecnológico en Electroquímica.
Además, el Instituto Potosino de Investigación Científica; Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste; Corporación Mexicana de Investigación en Materiales; Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; Centro de investigación en Geografía y Geomática, Ingeniero Jorge Tamayo y el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación.
En conjunto, esos centros constituyen el sistema de investigación con mayor cobertura en territorio nacional y la segunda fuerza en generación de conocimiento en ciencias básicas, sociales y desarrollo tecnológico, sólo detrás de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Incluso, en la propia iniciativa que pretende desaparecer los fideicomisos mediante los cuales se financian, se establece que son importantes porque “generan conocimiento útil para el desarrollo y bienestar de la nación y porque forman los recursos humanos que necesita el país”.
Todos estos fideicomisos, los cuales en los últimos seis años enfrentaron una reducción de 74% de los recursos presupuestales destinados a ellos, están sujetos a la fiscalización de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Reservas de presupuesto
Los fideicomisos son instrumentos financieros que permiten crear reservas de presupuesto para acciones públicas como gestionar servicios, desarrollar proyectos de infraestructura, apoyar la investigación científica, atender población afectada en caso de desastres naturales, entre otros.
En México hay 140 fideicomisos federales administrados por cinco instituciones bancarias.
De acuerdo con Fundar, el problema con ellos es que, en algunos casos se han ejercido con limitada transparencia y rendición de cuentas, que no permite tener una seguridad de que cumplan con sus fines y que el dinero se ejerza correctamente.
Lo cierto es que 93% de los recursos disponibles en esos instrumentos, es decir alrededor de 905,000 millones de pesos no cuentan con controles de vigilancia.
Además, existen señalamientos de discrecionalidad en el manejo de los recursos depositados en esos instrumentos.
La embestida inició con la llegada de la 4T
Desde que empezó la actual administración federal, el gobierno ha implementado acciones que atentan contra esas figuras.
El 19 de noviembre de 2019 se publicó la Ley de Austeridad Republicana, en la que se establecen candados para los fideicomisos.
En el octavo de los artículos transitorios señala que las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público analizarán la normatividad, las estructuras, patrimonio, objetivos, eficiencia y eficacia de los fideicomisos públicos, fondos, mandatos públicos o contratos análogos que reciban recursos públicos federales.
El 2 de abril de 2020 se publicó un decreto mediante el cual se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos que no tienen una estructura similar a la administración pública. Ellos manejan más de 760,000 millones de pesos que representan 92% de los recursos destinados a fideicomisos.
Sin embargo, el 19 de mayo de 2020, diputados de Morena, presentaron una iniciativa de reforma a 14 leyes para desaparecerlos, la cual fue aprobada la madrugada del 8 de octubre pasado y fue turnada a la Cámara de Senadores.
De ser aprobada en el senado en los términos que la envió la Cámara de origen, se eliminarán 109 fideicomisos con un monto global de poco más de 68,400 millones de pesos.
Entre esos fideicomisos se encuentran el fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos; los de protección de desastres naturales (como el Fonden) y de investigación y desarrollo científico.
Entre los argumentos expuestos para desaparecerlos destaca “la necesidad de contar con recursos suficientes por parte del gobierno federal para enfrentar la crisis derivada del impacto mayúsculo de esta pandemia” (la del Covid-19); la determinación de “eliminar gastos innecesarios, eliminar la opacidad en su administración y generar ahorros”.
De acuerdo con la organización Fundar, en México hay (hasta que se promulgue el decreto aprobado la semana pasada en Cámara de Diputados y enviado a la Cámara de Senadores) alrededor de 350 fideicomisos que manejan recursos presupuestales por 835,033 millones de pesos, cifra que equivale a 13.7% del Presupuesto de egresos para 2020 y 3.3% del Producto Interno Bruto de 2019.
De acuerdo con información del gobierno federal el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) gestiona 65 fideicomisos de ciencia y tecnología, entre ellos los de 26 centros públicos de investigación.
