En los primeros días de abril el Ministerio del Interior aprobará la aplicación de la consulta previa para el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Buenaventura, siendo la primera vez en el país en el que un POT se someta a este mecanismo, sentando así un precedente para que comunidades de otros municipios con características similares a las del principal puerto del Pacífico apliquen a este tipo de participación.
Esto es clave no solo por la importancia económica de Buenaventura para el país (mueve el 51 por ciento de la carga que entra y sale y 15 millones de toneladas de carga en promedio), sino porque las comunidades afros e indígenas del puerto valluno no solo deberán ser consultadas para proyectos puntuales como la construcción de una hidroeléctrica, ampliación del puerto o una carretera, sino que participarán de la planeación de todo el territorio.
Estos son los cinco puntos clave de este plan piloto, concertado entre el 15 y 16 de marzo entre el comité del paro de Buenaventura, el Gobierno, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo:
1. El nuevo súperpoder afro e indígena
La decisión del Ministerio del Interior de darle vía libre a la consulta previa es un nuevo triunfo del comité del paro y de los 47 consejos comunitarios y 17 cabildos indígenas que hay en el puerto, que ahora tienen un poder de decisión clave en la construcción del POT.
Al ampliar el margen de aplicación no sólo a proyectos sino a la planeación de un territorio (que ya estaba dentro de la ley pero no había sido aplicado) les da el poder de decir cuál será el modelo de desarrollo que ellos necesitan, las obras y los lugares donde se deberán hacer, e iniciar el debate con los intereses de privados y la Alcaldía, que también tienen voz en la construcción del plan.
Al ser consulta (que es un derecho constitucional de indígenas y afro para proyectos que los afecten directamente) sus aportes son de carácter vinculante, es decir de obligatorio cumplimiento, contrario a los procesos de participación ciudadana que actualmente tiene un POT, que incluso a veces se reducen a una mera socialización.
En este nuevo triunfo del comité del paro habría influído, además de la argumentación jurídica, el ASESINATO del líder cívico de Buenaventura, Temístocles Machado, quien era conocido por las luchas de la tierra urbana en el puerto y que, según la Fiscalía, habría sido la causa del homicidio (del cual ya hay TRES CAPTURADOS).
“El ambiente con un defensor de la tierra muerto precisamente por ese tema tuvo alguna influencia para acelerar el proceso” nos dijo el líder del paro Narcilo Rosero. Incluso el punto tres de la reunión fue dedicado a él donde presentaron tres videos sobre su trabajo en defensa del territorio.
“La claridad sobre quién es dueño de la tierra evitaría estas muertes de líderes sociales que defienden sus tierras y las de su comunidades”, nos dijo el líder del paro cívico Narcilo Rosero.
Con este nuevo impulso, el comité del paro le apostará en el POT a lograr la titulación de tierras colectivas en la zona urbana, en “aclarar que los terrenos ganados al mar -que son tierras creadas con rellenos donde antes hubo mar- son nuestros y que no somos invasores”, nos dijo la líder Leyla Arrollo que estuvo en la reunión con el Gobierno nacional.
“La consulta no permitirá que por ejemplo se cometan exabruptos de insertar en medio de la población un muelle para la ampliación portuaria como se hizo con Tcbuen (Terminal de contenedores de Buenaventura), o que se coloque en medio de la ciudad desembarcaderos de carbón”, nos dijo Rosero.
Esta decisión es importante porque las comunidades del puerto son los únicos que le pueden meter el aspecto humano a la planeación del municipio. “Son los que van a estar pendientes de que los planes que se emprendan generen empleo, de la sostenibilidad, que los servicios públicos sean para todos y no solo la zona franca”, nos dijo Enrique Rodríguez, director del Centro de Estudios Interdisciplinarios, Cies, de la Universidad Icesi.
Además por las condiciones del puerto de ser 89 por ciento afro e indígena y un 95,5 por ciento zona rural, un POT que no cuente con la participación de las comunidades es inviable.
En eso coincide el presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexander Micolta, que dice que “el desarrollo de la zona urbana del puerto está casi que copada y ahora, si el puerto quiere crecer, tiene que expandirse a las zonas rurales donde están los territorios titulados, por eso hay que involucrar a las comunidades”.
Finalmente, tienen en sus manos un súper poder porque al ser un plan pionero si las cosas salen bien serán el ejemplo a replicar o en caso contrario a no seguir.
“Queremos que esto sea un referente de construcción de un plan entre diferentes actores de ciudadanos, grupos étnicos, gobierno y sector privado para aprovechar nuestro potencial biodiverso, cultural, ecoturístico y de desarrollo portuario que no vaya en contravía de los social, cultural y que garantice nuestros derechos ancestrales al territorio”, nos dijo la líder Arroyo.
2. El gobierno le coge la caña al comité del paro
Este acuerdo con el Gobierno no es espontáneo y en él tuvo que ver que miembros de entidades nacionales apoyaron la propuesta de la consulta previa del comité del paro.
Fue clave la Procuraduría en cabeza del delegado para asuntos étnicos, Richard Moreno (que YA HABÍA SIDO MEDIADOR y garante en los paros cívicos de Chocó y Buenaventura) y de la Defensoría del pueblo porque dieron los argumentos jurídicos y culturales para convencer al Ministerio del Interior de la pertinencia de la consulta del POT, según nos contaron dos integrantes del comité del paro que asistieron a la reunión.
“Moreno facilitó el diálogo en la negociación y en generar confianza entre las partes”, nos dijo uno de ellos.
En en el paro cívico del año pasado las comunidades pidieron soluciones estructurales a los problemas sociales del puerto. Y de ahí surgieron varias mesas encargadas de definir propuestas y exigencias a diez años y una de ellas era la de territorio, que busca solucionar los problemas de propiedad y uso del suelo y el Gobierno se comprometió a dar soluciones.
“Esta es la primera vez que grupos no vinculados a partidos tradicionales pueden empujar decisiones como estas, esto los anima a seguir trabajando y creer que pueden hacer cosas juntos”, explicó el profesor Rodríguez de la Icesi que es cercano a líderes del comité del paro.
3. El tiempo, el principal riesgo
Que haya consulta previa en un POT es casi garantía de que demore muchos años. En Buenaventura el POT anterior se hizo hace 17 años (5 más de lo que debería ser) y encimarle este mecanismo de participación, que según el Gobierno puede durar más de 4 años, le pone otro compás de espera y un posible riesgo de que este nuevo plan también se retrase.
Que el nuevo POT se demore podría retrasar por ejemplo la CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO de Actividades Económicas de Buenaventura (Caeb), un plan del Gobierno que pretende construir la “nueva ciudad de Buenaventura” y que tendrá una inversión de 200 mil millones de pesos para incentivar la inversión privada en el puerto.
“Sin un POT no hay una hoja de ruta, se va a la loca y la gente hace lo que quiera”, explicó Jorge Eliécer González, director de consulta previa del Ministerio del Interior.
A eso se suma que nada garantiza que en los próximos años el comité del paro siga cohesionado. Si hay divisiones internas todo el proceso de consulta se retrasaría, nos dijo el profesor Rodríguez.
Algo similar siente el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita que dijo que en esos procesos de consulta pueden aparecer líderes que quieren sacar provecho y pueden torpedear proyectos para elevar el precio de su aprobación.
Y Buenaventura ya tiene antecedentes de líderes que han sido ‘PIEDRAS EN EL ZAPATO’ del Gobierno para el desarrollo del puerto, como en el caso de ROSA SOLIS, famosa por SU CAPACIDAD DE VETO en PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, por el CONTROL QUE TIENE DE VARIOS CONSEJOS COMUNITARIOS y por ocupar cargos claves en representación de los afros como en el consejo directivo de Agencia Nacional de Tierras y en la CVC, la autoridad ambiental del Valle que tiene entre otras que dar visto bueno al POT.
Y para que el POT sea exitoso, según explicó el profesor Rodríguez de la Icesi, se requiere articular otros planes de desarrollo presentes en el puerto como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) e incluso el plan de inversión del FONDO AUTÓNOMO de Buenaventura también producto del paro cívico.
Una articulación nada sencilla que tendrá que hacer el contratista encargado de hacer el POT junto con las comunidades y que a juzgar por sus primeros diagnósticos, según nos contó alguien que está al tanto del proceso, no tiene las capacidades técnicas ni financieras.
Por último el gran reto de un POT es la ejecución, porque de nada sirve tener un plan si no se pone en marcha. Para esto según el profesor Rodríguez, Buenaventura tendría que incluir en el POT una reforma administrativa que posibilite tener más personal y más capacitado para fortalecer la institucionalidad.
Según el líder del paro Juan Carlos Rivas que también estuvo en la reunión con el Gobierno el actual POT que lleva 17 años no ha ejecutado más del 30 por ciento y que por eso “se enfocarán en crear un plan que se pueda cumplir”.
4. El riesgo de nueva inversión de empresarios
Ya que el tiempo puede jugar en contra en la construcción de este POT, tanto el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Piedrahita, el de Buenaventura, Micolta, como el director de Consulta Previa, González consideran que la demora en la construcción del POT podría ahuyentar la llegada de empresarios y por ende inversión económica.
Por ejemplo, a Piedrahíta no le gustó que hubiera consulta, teniendo en cuenta que hay propietarios privados en el puerto y por eso todo el POT no debería, según él, ser consultado con las comunidades afros.
“Esto puede ser una talanquera que impulse a los empresarios a mirar para otro lado, porque la consulta previa hace todo más complicado, se convierte en un requisito adicional y esto empobrece aún más al puerto”, le dijo a La Silla Piedrahita.
Lo que sucederá, le dijo a La Silla Pacífico Gerardo Ardila, profesor de antropología de la Universidad Nacional y exsecretario de planeación en la Alcaldía de Gustavo Petro, es que se enfrentarán distintos modelos de desarrollo: uno impulsado por el sector empresarial y el Gobierno que quiere resultados rápidos que se mida en números y otra representada en las comunidades que privilegiará garantizar sus derechos fundamentales.
“No es que nos opongamos al desarrollo. Lo que decimos es que el desarrollo debe ir compaginado con el bienestar de la población porque no puede ser un desarrollo portuario que saque y margine a la población a la fuerza.”, nos dijo el líder del paro Rosero.
“El temor de los empresarios es que se le ponga orden a eso. Sí va haber desarrollo pero organizado y bien hecho”, dijo.
5. La caja de pandora
Esta decisión abre la puerta para que comunidades del país con características similares a las de Buenaventura (alto porcentaje de población étnica y tierras tituladas, entre otras) también exijan que al POT se le haga consulta previa y en esa medida entren en choque los intereses del Gobierno, empresarios y comunidades.
Ese puede ser el caso de Tumaco o incluso San Andrés que tiene alto porcentaje de raizales, según nos dijo el director de consulta previa González.
Y aunque el efecto de la consulta en el POT de Buenaventura no sería replicable en otras regiones, según supo La Silla Pacífico este es uno de los miedos del Ministerio de Interior y de Planeación Nacional y habría sido el motivo para retrasar la entrega de concepto afirmativo de la dirección de consulta previa el pasado jueves 22 de marzo que ahora se entregará en los primeros días de abril.
“El acto administrativo que vamos a expedir dejará claro que es un proceso de consulta único para Buenaventura, especial porque es para un Distrito y sui generis porque no existe en Colombia” afirmó el director González.
Sin embargo, esta puerta es peligrosa en tanto puede dejar vacíos para que este mecanismo se pueda solicitar incluso en grandes o medianas ciudades lo que haría inviable la construcción de un POT o se podría masificar generando retrasos en materia de inversión.
Pero González es optimista. “Son más los pros que los contras y esto lo que permitirá es que el desarrollo no se haga a espaldas de las comunidades que se ven afectadas por él”.
Una vez el Ministerio del Interior dé el visto bueno de la consulta previa, iniciará la certificación e identificación de las comunidades afros e indígenas que participarán en el proceso, luego comenzarán las reuniones de coordinación donde, entre otras cosas, se deben elegir a los representantes de la comunidad que esté al frente del proceso y construir una ruta metodológica para la consulta del POT que será pionera en el país.
Fuente: La silla Vacía / Pacífico