Cinco indígenas murieron y seis quedaron heridos este martes en el suroeste de
Colombia, en un ataque que autoridades atribuyeron a guerrilleros de las FARC que se apartaron del proceso de paz.
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Las víctimas son del resguardo de Tacueyó, un territorio del municipio de Toribío que está bajo jurisdicción indígena, en el conflictivo departamento de Cauca. Entre los muertos está Cristina Bautista, una líder de la comunidad Nasa, dijo la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío en un comunicado.
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Las Fuerzas Militares informaron que el ataque estuvo dirigido contra la guardia indígena de Tacueyó, que poco antes había capturado en un retén a tres rebeldes de un grupo disidente. Los guerrilleros respondieron y rescataron a sangre y fuego a sus compañeros.
Además de los muertos hay «seis heridos cuatro de los cuales están siendo atendidos en Toribío y dos en Tacueyó», añadió el ejército en una declaración escrita. Conformada por hombres y mujeres, la guardia indígena es un cuerpo de vigilancia y control que opera sin armas, provista apenas de bastones y equipos de comunicación.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, rechazó en Twitter las «acciones violentas y amenazas hacia la población indígena» en Toribío. El gobierno ordenó al alto mando militar viajar a la zona del ataque.
«MASACRE»
«La emergencia es grave. Es una masacre», señaló por su parte a la AFP Luis Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena. Los nasa y otras comunidades del Cauca son víctimas de grupos armados que financia el narcotráfico y que se enfrentan por el control territorial.
Los indígenas se oponen a la siembra de marihuana y de la hoja de coca, materia prima de la cocaína, lo que los ha puesto en la mira de guerrilleros disidentes. En Cauca también operan rebeldes del Ejército de Liberación Nacional. Según los cabildos, el ataque de este martes fue cometido por la columna Dagoberto Ramos de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Esto «es sumamente grave», sostuvo el defensor del pueblo Carlos Negret en un mensaje a los medios. El funcionario agregó que en la zona las disidencias no «dejan pasar ninguna misión humanitaria» y exigió respeto a la vida de las comunidades que «no quieren estar en el negocio ilícito del narcotráfico».
Desde el desarme del grueso de combatientes de la antigua guerrilla FARC, en 2017, se ha recrudecido la violencia en puntos focalizados de Colombia, donde organizaciones bien armadas quieren asumir el dominio ante la lenta llegada del Estado.
El 10 de agosto dos indígenas murieron y cinco más sufrieron heridas en un enfrentamiento con guerrilleros disidentes. «El gobierno de @IvanDuque es cómplice con su silencio. ¿Hasta cuándo la matanza?», reprochó en Twitter la Organización Indígena de Colombia (ONIC).
Hasta agosto, la ONIC había denunciado el asesinato de 158 líderes de los pueblos originarios desde que se firmó la paz con el ahora partido FARC en noviembre de 2016. En Colombia hay alrededor de 1,9 millones de indígenas, que representan el 4,4% de la población del país.
