El pasado 5 de marzo fue radicada la ponencia positiva de la reforma a la salud de cara a su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. De esta manera, el proyecto que impulsa el Gobierno para hacer algunos cambios en el sistema de salud actual continua su trámite en el Legislativo.
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En ese contexto, Ramón Abel Castaño, médico y Ph. D. en Política y Salud Pública, en un análisis para EL TIEMPO destacó algunos aspectos clave del articulado que salió de la plenaria de la Cámara: los convenios de desempeño, las gestoras en el nuevo sistema y el impulso que se busca darle a la red de salud pública.
De acuerdo con el experto, en este texto se introducen tres elementos nuevos: los convenios de desempeño, los acuerdos marco y el concepto de ‘facultar’.
Respecto al primer punto, se establece que estos convenios estarían integrados en la mediana y alta complejidad por las direcciones departamentales y distritales de salud, así como por las IPS; mientras que en la baja complejidad se celebrarían entre las Unidades Zonales de Planeación y Evaluación y los Centro de Atención Prioritaria en Salud (Caps). A este grupo también se suman las Gestoras de Salud.
Lo anterior representa un cambio en comparación con el documento antecesor, en el que se definía un modelo de compra abierta en el que las IPS podían empezar a facturarle servicios a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) en caso de aceptar los términos y condiciones al Ministerio de Salud.
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No obstante, el planteamiento en torno a estos acuerdos genera varias preocupaciones, en especial porque su naturaleza tripartita puede derivar en que una de las partes tenga un mayor control.
«Esto conduce a pensar que los convenios de desempeño, como están planteados en el texto de la ponencia, no llenarán el vacío que causa la ausencia de contratos, aspecto que he planteado reiterativamente como un gran riesgo, dado que llevará a que la reforma planteada por el Gobierno termine por empeorar lo que pretende resolver, pues generaría un desbordamiento del gasto de dimensiones peores que las actuales», detalló.
Por otro lado, en lo referente a los acuerdos marco, Castaño señala que si bien esta figura es complementaria al punto anterior, «queda por esclarecer si en el acuerdo marco se podrán establecer nuevas condiciones a las IPS o si simplemente se copia y se pega el texto del convenio de desempeño».
En cuanto al concepto de facultar, este implica que la IPS que acepte los términos y condiciones del ministerio para participar en el sistema público podría prestar servicios y facturarlos a la Adres, siempre y cuando la entidad territorial y la Gestora decidan si son elegibles para facturar. Lo que en la práctica podría derivar en un modelo de contratación selectiva.
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Castaño resalta que en el nuevo texto se abordan algunos elementos que podrían hacer irrelevante el papel de estos actores dentro del sistema. Esto incluye acciones como que los Caps asuman sus funciones en lugares donde no tengan presencia y la imposibilidad de que las gestoras tengan estos centros.
El articulado también establece la evaluación cada dos años de los gastos administrativos de las gestoras, y una reducción del 1,5 % de su ingreso si no cumplen los indicadores establecidos. Según el experto, «con estas dos palancas de control, el Gobierno buscará reducir aún más el 5 % de administración hasta hacerlas desaparecer».
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El experto menciona que un elemento que ha estado presente en los textos previos de la reforma es el de los subsidios de oferta a los hospitales públicos, es decir, pagarles la nómina y los costos recurrentes. A esto se le suma el poder que se les otorga a gobernadores y alcaldes distritales en la conformación de las redes integrales e integradas, en la que podrían verse priorizados estas entidades.
Desde la perspectiva de Castaño, el incremento en la demanda de sus servicios podría generar una mayor necesidad de subsidios de oferta para aumentar la capacidad instalada, lo cual requeriría recursos adicionales.
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Otro elemento es el de contratar con terceros aquellos servicios que los Caps públicos no tenían, mientras los desarrollaban. En el nuevo texto se eliminó esa posibilidad.
A estos puntos agregados también se le suma el saneamiento de los pasivos de las EPS con participación pública, y de las acreencias de los hospitales públicos con las EPS liquidadas. Dos aspectos, que según el experto, representan «un factor adicional que incrementa aún más los costos de la reforma, y que aún debe ser avalada por el Ministerio de Hacienda».
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*Con información de EL TIEMPO