Sin efecto quedaron 5 mil 721 cédulas de ciudadanía que habían sido inscritas en los municipios de Villanueva, Fonseca, Urumita, Uribia, San Juan del Cesar, El Molino, Maicao, Hatonuevo, Barrancas, Riohacha, Albania, Manaure, La Jagua del Pilar, Distracción y Dibulla, argumentando posible inscripción irregular, trashumancia electoral, al no acreditarse la residencia electoral de los ciudadanos, así lo determinó el Consejo Nacional Electoral, -CNE-.
En Uribia fueron anuladas la inscripción de 1 mil 135 cédulas, en San Juan del Cesar, 281; Villanueva, 150; El Molino 319; En Dibulla, 267; Urumita 101; Barrancas, 495; Fonseca 155 cédulas, Riohacha, 413; Albania, 243; Manaure, 699; Maicao, 353; Hatonuevo 206; La Jagua del Pilar, 574; Distracción, 330 cédulas.
Este organismo asignó a la magistrada Maritza Martínez Arístizabal para conocer los asuntos de trashumancia electoral en el departamento de La Guajira.
El Consejo Electoral indicó que la información está contrastada con las bases de datos del Sistema Nacional de Identificación y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), con la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud (BDUA) y el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).
EL CNE envió copia de la resolución al registrador delegado en lo electoral en la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la gerencia informática de la Registraduría y a la Delegación Departamental de La Guajira, a la Dirección de Censo Electoral, también a la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría en sus respectivas competencias reciben una comunicación.
La trashumancia electoral es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquel en el que se reside y constituye un delito contemplado en el Código Penal colombiano bajo el nombre de fraude en inscripción de cédula.
La Procuraduría advirtió sobre más de 27 mil casos con alto riesgo de trashumancia electoral en el país. La procuradora Margarita Cabello Blanco manifestó en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los procesos Electorales su preocupación por 28.891 ciudadanos que no se encuentran en la base de datos utilizados, que corresponden a los municipios donde realizaron la inscripción para ejercer el derecho al voto.
