11 de agosto, 5 adolescentes son masacrados en el barrio Llano Verde de Cali. 15 de agosto, 8 jóvenes son masacrados en el municipio Samaniego del departamento de Nariño. 18 de agosto, 3 indígenas de la comunidad Awá son masacrados en el departamento de Nariño. 21 de agosto, 5 personas fueron masacradas en el departamento de Arauca. 21 de agosto, 6 personas son masacradas en El Tambo, departamento del Cauca. 22 de agosto, 6 jóvenes son masacrados en Tumaco, Nariño – hay dos jóvenes más desaparecidos que podría aumentar a la fatal cifra de 8 muertes – .
Este es el panorama de Colombia en el transcurso de sólo 11 días. Entre el martes 11 de agosto y el sábado 22 de agosto, han sido asesinadas 33 personas en 6 masacres. Adolescentes, jóvenes, campesinos e indígenas, no se salva nadie ante el salvajismo de grupos delincuenciales que cada día toman más fuerzas y se sienten con el derecho de amedrentar, aterrorizar y acabar con la vida de los colombianos que se les crucen por el camino.
A este escenario reciente de muertes hay que sumarle el asesinato selectivo que se viene dando en los últimos años con la masacre de líderes sociales. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en el 2019 se asesinaron 108 líderes sociales; mientras que de los 7 meses y medio que llevamos del 2020, ya van 97 líderes masacrados.
Quienes estábamos esperanzados al Acuerdo de Paz con las Farc temíamos que si su implementación fallaba, podría recrudecer la violencia en el país. Y esto ha sido un sentencia que nos está bañando de sangre. La implementación comenzó a fallar desde el mismo gobierno de Juan Manuel Santos. Recuerdo las imágenes de muchas de las zonas de concentración donde deberían llegar los guerrilleros en el proceso de desmovilización. Muchas de ellas no estaban listas. Luego, y lo más terrible, fue el abandono del Estado colombiano en las áreas donde los frentes de las Farc tenían presencia. Dejaron esas regiones a merced de las bandas criminales que tuvieron su origen en los grupos paramilitares y de algunos guerrilleros que no se acogieron al Acuerdo de Paz. Según cifras de la Agencia para la reincorporación y normalización, alrededor de 13.000 guerrilleros – la mayoría de ellos – entraron en el proceso de acogerse al Acuerdo, mientras que unos 1.000 siguieron delinquiendo. A estos grupos hay que sumarle la guerrilla del Eln.
Todas estas bandas tienen un común denominador, el negocio ilícito de la producción de cocaína que va desde el cultivo de la planta de coca, pasando por la producción de la pasta, hasta llegar a la exportación ilegal que tiene como destinatarios a los Estados Unidos y Europa.
Líderes sociales han sido víctimas de las balas de estos grupos por reclamar tierras que fueron despojadas en años anteriores; también han caído masacrados por hacer trabajo comunitario en defensa de los campesinos para que sustituyan los cultivos de coca por productos agrícolas. Dos puntos claves del Acuerdo de Paz que no se están cumpliendo como debe de ser: la devolución de las tierras a sus dueños verdaderos y la sustitución de los cultivos ilícitos. A estos hay que agregarle también la reforma rural, la cual también sigue sin implementarse.
El discurso guerrerista del Uribismo que llevó a la presidencia a Iván Duque era un mal presagio de lo que veíamos venir. Hacer trizas el Acuerdo de Paz fue una de las consignas de la campaña del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Duque ha seguido al pie de la letra lo que prometió y la implementación del Acuerdo cada día se hace más complicada, además que no hay un interés real en este gobierno para sacar adelante el Acuerdo. Pero quienes siguen padeciendo la desgracia de la guerra son los campesinos. Son ellos quienes siguen poniendo los muertos. Se tenía una esperanza que con la implementación de los Acuerdos de Paz el Estado colombiano empezara a tener presencia en el campo, en aquellas áreas donde siempre fueron amos y reyes los frentes guerrilleros. Pero no, los grupos delincuenciales llegaron a ocupar ese vacío antes que el Estado y hoy los campesinos y sus líderes sociales siguen poniendo la cuota más alta de muertos.
Las elecciones en el 2018 las ganaron quienes le apostaron a la guerra y esto envalentonó a todas estas bandas delincuenciales, muchas de las cuales tienen sus orígenes en los grupos paramilitares – los vínculos del expresidente Uribe, cabeza del Uribismo, con estos grupos de autodefensas son parte de procesos judiciales en curso – . Todas estas bandas llevan dos años sintiéndose con el derecho de imponer su ley y así lo han hecho sentir al asesinar selectivamente a cientos de líderes sociales y campesinos. Por supuesto que Iván Duque no es el responsable de las masacres cometidas por estos criminales, pero estas bandas han entendido el mensaje implícito del Uribismo y sus seguidores de ejercer la autoridad por su cuenta y a sangre y fuego, como ha sido el accionar histórico de los grupos narcoparamilitares. Y resalto una de las versiones que ha circulado de la masacre de los 8 jóvenes de Samaniego. Según información no oficial, este crimen se debió a que los estudiantes no estaban respetando la cuarenta al reunirse para hacer un asado. Ese es el tipo de lógica que manejan estos grupos de asesinos, se creen con todo el derecho y poder para amenazar, intimidar, asesinar y crear terror cuando hay un gobierno que ha dejado que en muchas zonas del país sean ellos quienes ejercen un control social y represivo. ¿A quién favorece ese control, quiénes quieren callar a los líderes sociales, a quiénes no les conviene la sustitución de tierras, a quiénes les conviene mantener a la gente aterrorizada con estas masacres?. Yo diría que no sólo a estas bandas criminales, sino también a un sector oscuro y tenebroso del país que mueve los hilos del poder.