Colombia no indultará ni excarcelará a narcotraficantes en su propósito de alcanzar la paz, aunque buscará desarticular las organizaciones criminales responsables de la violencia, el tráfico de cocaína y la minería ilegal, dijo el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna.
El funcionario lidera un proyecto de ley para facilitar el sometimiento a la justicia de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, la mayoría involucradas en narcotráfico, como parte de la política del presidente Gustavo Petro para buscar una paz total que ponga fin al conflicto armado de casi seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
La iniciativa, que se debatirá en el Congreso en donde el Gobierno tiene hasta ahora una coalición que le garantiza la mayoría, ha generado polémica por las críticas de algunos líderes políticos y del fiscal general, Francisco Barbosa, que advierten sobre el riesgo de negociar con narcotraficantes e indultarlos.
«No hay ni indultos, ni excarcelaciones masivas. Hay una oferta de desmonte voluntario de estructuras armadas a cambio de un trato penal más benigno», aseguró Osuna el martes en una entrevista con Reutersen la que calificó el proyecto de ley como altruista y prioritario para lograr una paz generalizada.
“Es una ley que pretende superar un problema de violencia, de convivencia muy difícil, para desmontar esas bandas armadas y que así podemos acariciar la ilusión de vivir en paz”, afirmó.
El ministro entregó que los grupos interesados deberán dañarse a desmontar sus redes criminales, reconocer sus delitos, armas, bienes e información sobre sus actividades ilícitas, además de reparar a las víctimas.
Osuna aclaró que la iniciativa está dirigida a buscar el sometimiento de grupos en los que hay personas implicadas en el narcotráfico, pero sin procesos individuales.
Hasta ahora las Autodefensas Gaitanistas -más conocidas como el Clan del Golfo-, y Conquistadores de la Sierra Nevada, acordaron un cese bilateral al fuego con el Gobierno después de que manifestaron su voluntad de someterse a la justicia.
El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, asegura que otros grupos expresan su intención de someterse con base en el proyecto de ley, que contempla penas de seis a ocho años de cárcel además de cuatro años de un proceso restaurativo a las víctimas con mecanismos de vigilancia y monitoreo.
Verificacion para evitar infiltrados
El sometimiento a la justicia para grupos criminales se complementará con la negociación de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y los diálogos que el Gobierno busca iniciar con dos disidencias de las FARC.
El ministro de Justicia dijo que el proyecto de ley contempla un riguroso proceso de verificación y filtros a carga grupos de los servicios de inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, para evitar que narcotraficantes sean incluidos en los armados ilegales y obtengan beneficios de la sujeción a la justicia.
En una negociación del 2005 con paramilitares reconocidos narcotraficantes pagaron millonarias sumas de dinero para asumir el control de algunos escuadrones, lo que les permitió recibir beneficios judiciales.
Osuna, un abogado con una larga trayectoria en el sector judicial, aseguró que las organizaciones que intenten infiltrar narcotraficantes serán excluidas del proceso.
La extradición no está incluida en el proyecto. Si personas que hacen parte de grupos criminales dedicados al narcotráfico se someten a la justicia y tienen solicitudes de extradición, será una decisión discrecional del presidente si las conceden o las suspenden, dijo el ministro.
La mayoría de los jefes de los grupos criminales implicados en el narcotráfico son solicitados en extradición por Estados Unidos.
El proceso de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) agregó la suspensión de las extradiciones de los líderes de ese grupo.
Para garantizar la restauración a las víctimas y sus familias, el proyecto de ley establece la reactivación de la pena principal de más de 30 años a quienes no lo hagan.
«Los colombianos hemos padecido los efectos del narcotráfico con sangre, con dolor, con muertes, con tragedias como probablemente ningún otro pueblo del mundo, ojalá nunca hubiera que haber hecho una ley para disminuir una pena a cambio de desmantelar las bandas», dijo Osuna .
«Pero la situación ha llegado a ese punto que, digamos, el Estado le ofrece esa posibilidad de una pena disminuida a esas estructuras armadas de alto impacto para poder construir un futuro sin narcotráfico, sin bandas armadas, sin esa zozobra que se vive en muchos lugares del país», concluye.
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