El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha firmado un decreto que prohíbe la exportación de carbón colombiano a Israel, en una medida que busca cumplir su promesa de reducir el apoyo a las acciones militares en la Franja de Gaza. Esta prohibición, que entrará en vigor el 22 de agosto de 2024, marca un hito en la política exterior colombiana, reflejando la posición del gobierno actual respecto al conflicto palestino-israelí.
El decreto, sin embargo, contempla excepciones para aquellos envíos que ya cuenten con la autorización previa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o un Formulario de Movimiento de Mercancías válido antes de la fecha de entrada en vigor. Este detalle es clave, pues permite a los exportadores que ya han iniciado sus trámites legales continuar con sus negocios bajo ciertas condiciones.
Para gestionar las excepciones, el gobierno ha establecido un procedimiento digital en el que las Sociedades de Comercialización Internacional podrán registrar situaciones legales que amparen sus exportaciones. Este proceso será supervisado por el Ministerio de Industria y Turismo, que tendrá la responsabilidad de verificar que se cumplan todos los requisitos necesarios para que las exportaciones puedan proceder bajo los criterios establecidos.
El presidente Petro justificó la medida con un fuerte mensaje en sus redes sociales, afirmando que «con el carbón colombiano hacen bombas para matar a los niños de Palestina». Esta declaración refleja la postura crítica de Petro hacia la relación entre la industria colombiana y los conflictos armados en Medio Oriente. Según el decreto, la prohibición se mantendrá vigente hasta que se cumplan las medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en relación con el conflicto en Gaza.
Esta decisión ha generado un amplio debate en Colombia y a nivel internacional. Por un lado, los defensores de la medida la ven como un acto de coherencia moral y un posicionamiento firme en defensa de los derechos humanos. Por otro lado, los críticos argumentan que la prohibición podría afectar negativamente la economía colombiana y las relaciones diplomáticas con Israel.
