En los últimos días, en Colombia se ha venido celebrando la aprobación del Acuerdo de Escazú, tratado regional sobre los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales para la región de América Latina y el Caribe.
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En el marco del segundo debate de la Cámara de Representantes, se ratificó el Acuerdo el pasado 10 de octubre con un total de 120 votos a favor y se espera pase a conciliación en el Congreso de la República para su posterior sanción presidencial para establecerse como una Ley de la República.
Así lo confirmó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, liderado por la ministra Susana Muhammad, quien manifestó, “este es un triunfo de la juventud y esperamos honrarlo con un plan de implementación para que podamos tener más participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales, más intervención y defender a quienes defienden el ambiente”.
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A su vez, la ministra Susana Muhammad, frente a las dudas que se tienen sobre la soberanía del país al ingresar a ser parte del Acuerdo, en entrevista con la W, expresó que “el Acuerdo de Escazú no afecta la soberanía de Colombia, lo que hace es mejorar el acceso a la información pública y va a mejorar la inversión del país con información y condiciones claras”.
La implementación del Acuerdo según la jefe de cartera de ambiente, “una vez sea sancionado por el jefe de Estado”, se llevará a cabo en cinco acciones a corto plazo como lo son la política de manejo de la información ambiental, la estrategia de acompañamiento a defensores ambientales, para ampliación de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, el apoyo a la creación y fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y por último, el sistema de información sobre conflictividad socioambiental.
En consulta a expertos por parte de Portafolio, el profesor de la Universidad Católica de Colombia Hernán Felipe Trujillo manifiestó que el Acuerdo de Escazú corrige las asimetrías de información de los grupos de interés que afectan los valores socioambientales, lo que ha llevado al Estado colombiano y a las empresas a asumir costos de pleitos judiciales por impactos de hechos socioambientales que, según el docente, pudieron evitarse con el acceso a la información y a la efectiva participación de las comunidades.
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“Es una gran oportunidad para los sectores económicos que desarrollan proyectos de alto impacto para que tengan certeza de sus actuaciones y mejoren su relacionamiento con las comunidades, aumentando su valor en términos de sostenibilidad, que mejora el valor de las empresas que cotizan en bolsa”, dijo Trujillo.
A su vez, aseguró que con este acuerdo se espera la reducción en los tiempos de resoluciones de conflictos, lo que mejoraría la seguridad jurídica a través de los costos de contrato, que funciona como “uno de los determinantes de la inversión extranjera directa”.
Desde otro punto de vista, en días pasados Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), le manifestó a Portafolio que Colombia cuenta con instituciones y normatividad de participación robusta en materia ambiental.
“Por esto, no necesita del Acuerdo de Escazú y por el contrario este conlleva a graves riesgos como la parálisis de proyectos estratégicos públicos y privados al entregar a organismos multilaterales las solución a diferencias entre los Estados”, dijo Lloreda.
Para Alejandro Useche, profesor de economía de la Universidad del Rosario, dar el acceso a la información permitirá hacer un aporte a la mejor administración de los recursos y a su vez a generar medidas dentro de la política pública y la estrategia privada para contribuir al cuidado y la mejora de los aspectos ambientales.
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“La participación de las comunidades y el cuidado de los líderes ambientales, implicaría aspectos económicos un aporte en que se atraen las inversiones sostenibles, aquellas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, se podría generar más empleo y abriría la puerta a todo lo que está sucediendo en Colombia, un objetivo grande, que es la búsqueda de la paz”, expresó el profesor.
Finalmente, el presidente Petro en su cuenta de Twitter celebró la ratificación en donde Colombia pasaría a ser el país número 14 en firmar de los 24 de la región. “Ha sido aprobado como ley el tratado internacional de Escazú, que busca proteger el medio ambiente y las y los ambientalistas. Felicitaciones al Congreso y a la sociedad colombiana”, manifestó el mandatario.
Congreso discutiendo el Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo y el sector de la minería del país
Para el sector minero, la abogada de la firma M&M (Minería y Medio Ambiente, Estudio Jurídico), Marcela Bayona manifestó que tanto para la minería y la industria extractiva en materia de exigencia y más transparencia no es algo muy grande.
Sin embargo, la abogada insiste en que, “la implementación del Acuerdo de Escazú, así como representa buenas intenciones, también puede traer problemas en materia de inversión si no queda claro cómo va a ser la autonomía de Colombia como nación en la toma de sus decisiones, lo que generaría una inseguridad jurídica”.
Asimismo, asegura que Escazú tiene una puerta en las decisiones que se tomen al interior del estado colombiano frente a posibles cuestionamientos tribunales internacionales, siendo este el punto que más genera discordia e inseguridad.
DIANA K. RODRÍGUEZ T.
Periodista Portafolio