“En Colombia hay una concepción de dinero fácil y encontraron, a través de las plataformas tecnológicas y de convertirse en influenciadores, la posibilidad de acceder a dinero de manera sencilla, sin formación, sin educación ni ningún tipo de valor. Lo que estamos viendo es que el mal influenciador es carente de valores”.
Así observa la representante de la firma consultora ‘Yo quiero ser diplomático’, Astrid Camelo, las recientes polémicas en torno a la falta de transparencia de algunos generadores de contenido que se aprovechan de la visibilidad que obtienen en redes sociales para favorecer o perjudicar a algunas figuras políticas.
Agrega que los influenciadores, “más allá de tener una ideología política, tienen una ideología económica y están más preocupados por hacer dinero y enriquecerse, que en entender cuál es su lugar en la sociedad. Ellos se dicen abanderados de una ideología cuando en realidad no saben qué es lo que están apoyando”.
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Es por ello que el analista político Sebastián Londoño señala que para no incurrir en esas prácticas que la opinión ha calificado como deshonestas “lo más importante que deben hacer cuando están haciendo intervenciones políticas, que es una práctica legítima, es ser muy abiertos con sus posibles intereses y con las posturas que se tienen”.
De hecho, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Agmeth Escaf, quien esta semana ha sostenido fuertes polémicas con varios influenciadores, presentaría un proyecto de ley que “obligue a todo creador de contenido o influencer de red social a revelar quién le paga”.
En su opinión, “si los creadores de contenido cuentan con un patrocinador, dicha información tendrá que quedar clara en todos los videos, trinos y publicaciones”.
El debate se originó luego de que el congresista denunciara que algunos influenciadores, que según él tienen contratos con otros políticos, le pidieron dinero a cambio de detener los ataques mediáticos en su contra y los señalamientos que perjudican su carrera política.
De igual forma, el abogado Daniel Briceño visibilizó el caso de Laura Beltrán Palomares, más conocida en redes sociales como Lalis, una de las creadoras de contenido más relevante durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y a quien se le reveló la existencia de diversos contratos con el Gobierno Nacional.
Los analistas consultados están de acuerdo con que esas prácticas se deben a una crisis de valores, que tiende a ser frecuente en el medio de los influenciadores.
“Todo esto se resume a un tema de transparencia. Los generadores de contenido deben ser honestos y decir: este es mi tipo de creación de información y lo que hago, pero tengo un contrato con el Gobierno. Mi trabajo está asociado a sus propuestas, a socializar sus logros”, dijo Londoño.
“La práctica está bien, siempre y cuando se haga abiertamente y de cara a los seguidores”, añadió.
Además, Astrid Camelo señala que la labor de estas personas debe centrarse en “generar un impacto positivo en la sociedad y generar temas de reflexión, pero no en ser un influenciador para dañar la imagen de las personas, a menos que se asuma un rol de denunciante político, en cuyo caso deberían contar con formación para hacerlo y tener un equipo de investigación que los respalde”.
De su lado, Sebastián Londoño rechaza la incoherencia de muchos de estos personajes, porque “parte de quienes hoy se están acercando a este tipo de contratos, en el pasado y con otros gobiernos han sido muy críticos al uso de esta estrategia para favorecer o no a ciertos políticos o movimientos”
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¿No es solo su responsabilidad?
Las fuentes también coinciden en que la responsabilidad de que los contenidos generados por estos influenciadores tengan impactos tan fuertes en la imagen de los políticos no es únicamente de ellos, sino del público, que apoya y da mayor visibilidad a estas narrativas que no siempre resultan siendo ciertas.
“Los generadores de contenido ganan tanta gente porque quienes los siguen se ven reflejados en ellos. Entonces las preguntas que el consumidor debe hacerse es si lo que están consumiendo realmente aporta y ayuda para que tengan mayores elementos para debatir o de juicio político”, señala Astrid Camelo.
Añade que si lo que el público pretende es aportar en la construcción de país y ser “un elector consciente y coherente con sus ideas, debe buscar contenidos que aporten en la construcción de las mismas, y no en el contenido generado solamente para hacer mofa o destruir”.
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De su lado, Juan Sebastián Delgado, consultor en comunicación digital política, explica que “antes de ser figuras públicas, los influenciadores son ciudadanos y tienen una ideología política como cualquier persona, solo que la única diferencia es que hay quienes prefieren no exteriorizar sus ideas en sus contenidos o comentarios”.
También en su defensa, Londoño observa que “crear contenido multimedia es el trabajo de estas personas y por eso debe haber una mediación de dinero, lo que no significa que se haga única y exclusivamente por intereses económicos, sino porque tienen convicciones cercanas al Gobierno y creen en sus propuestas”.
De acuerdo con él, Delgado explica que, antes de generar juicios en contra de estos influenciadores, se debe analizar el contenido que publicaban desde antes de que se presentaran las fricciones con los políticos.
“Por lo general, el material que publicaban ya evidenciaba explícita o implícitamente un sentir ideológico por lo que estaban creando. Entonces no es de extrañarnos que hoy, que hay un gobierno de izquierda, los influenciadores que no solo en campaña, sino en otros gobiernos habían mostrado su sentir, tengan mayor protagonismo, porque finalmente hay una administración con la que se identifican”, indicó.