Cuando el Gobierno Nacional discutió el Presupuesto General de la Nación (PGN) uno de los Ministerios que pidió más recursos adicionales fue el de Minas y Energía, especialmente para el pago de subsidios de energía eléctrica y gas natural.
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La cartera argumentaba la necesidad de mayores recursos tanto para cubrir lo que se generaría el próximo año como para pagar un déficit ya existente para este. Esto quiere decir que ya notaban una falta de recursos para girar a los comercializadores. Ahora, las compañías advierten que esta deuda que tiene el gobierno con ellos aunada a otros temas, les está generando presiones de caja.
En Colombia existe el modelo de subsidio cruzado, en el que los estratos 5 y 6 pagan un saldo adicional para apoyar el pago de los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, por lo que se requiere de dinero proveniente del PGN. Por ejemplo, para el cuarto trimestre 2022, el Ministerio estimaba que se requerían recursos por $900.000 millones para este giro, que se incorporaría como rezago (dado que es para cubrir una deuda de la vigencia anterior).
El Gobierno apropió recursos por menos de lo que pedía para este servicio, con lo que se pagará el rezago de 2022 y algunos meses de 2023 (dado que no cubre la totalidad de lo estimado por la cartera). En total, el Gobierno tiene cuentas por pagar a estas compañías, por un valor de $1,2 billones, por el acumulado de algunos meses, según explicó José Camilo Manzur, presidente de Asocodis.
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John Jairo Toro, gerente de Air-e, aseguró que desde julio no han recibido el pago. Cada mes, por cuenta de los subsidios, la empresa que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira, genera cerca de $45.000 millones en subsidios y hasta el momento, la deuda alcanza los $150.000 millones.
Esta es una situación que se extiende a otras prestadoras del servicio. En el caso de Compañía Energética de Occidente, su saldo a octubre superó los $35.000 millones.
Ómar Serrano, su presidente, señaló que el Ministerio de Hacienda ya ha dado señales de buscar los recursos para pagar esto “asumiendo deuda”.
Por este motivo, Carlos Solano, líder de Asuntos Regulatorios de Celsia, explica que lo analizan como un problema de corto plazo. Si bien la deuda es por un semestre de la operación, este año esperan que se pague un trimestre y el otro se solucione en el restante.
Esto se suma a las dificultades de caja por cuenta de la deuda generada por la opción tarifaria vigente durante la pandemia. Esta es una herramienta que permite congelar el precio del kilovatio, por lo que la diferencia entre el valor real y el cobrado se acumula como deuda. Una vez finalizada la opción tarifaria, los comercializadores pueden ir aumentando el precio con el fin de recuperar esta cartera.
Sin embargo, la situación no ha sido así y la mayoría de las empresas están por debajo aún del precio que deberían cobrar para recuperar este dinero. La consecuencia es que las comercializadoras están afectadas en sus balances y Solano resalta que es el problema de más largo plazo. El valor total a recuperar por parte de las prestadoras en el primer trimestre era de $3,26 billones y hasta octubre superaba ya los $4,5 billones.
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Air-e es de hecho una de las compañías que más recursos tiene en rojo por la opción tarifaria. De acuerdo con Toro, el valor asciende a $900.000 millones y dada la coyuntura actual de precio, no sabe cuándo podrán recuperar la caja.
Por esto, Solano asegura que están buscando soluciones incluso de deuda para poder financiar el saldo en rojo ($480.000 millones para Celsia) y no impactar las tarifas de los usuarios.
La única empresa que ya recuperó el saldo de esta cuenta es CEO, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, mientras que Enel, EPM, Afinia y Celsia eran las que a corte de primer trimestre mayor dinero debían recuperar.
Manzur señala que esto genera dificultades financieras para las compañías, especialmente las que no tienen el músculo financiero para sostener las cifras en rojo, por lo que llamó a encontrar salidas. El esfuerzo que suponen estos dos puntos podría incluso poner en riesgo la estabilidad financiera de algunas de las prestadoras. Solano apunta que aún no están en una situación preocupante, aunque espera que se reciba este año el pago de subsidios.
Otros factores como las pérdidas de energía y la cartera vencida, agravan la situación que ya es compleja en algunas regiones, según Manzur.
En el marco del Pacto por la Justicia Tarifaria, una de las tres resoluciones emitidas por la Creg permitía que las comercializadoras difieran los pagos de opción tarifaria que debían hacer entre septi-embre y diciembre.
Esta cifra será pagada después de enero de 2023 en un plazo de 18 meses.
La medida, más que disminuir el precio de las facturas de los consumidores, tiene como objetivo estabilizar la situación financiera de las empresas prestadoras del servicio de electricidad. Las compañías se podían acoger voluntariamente.
Daniela Morales Soler