De cada cien pesos que Colombia estaría en capacidad de recaudar vía impuestos, solo recoge 39, y en buena medida eso es resultado de las exenciones y los beneficios tributarios con que hoy cuentan las personas naturales y jurídicas en el país.
La discusión en torno a qué hacer con este tema no es nueva, máxime si se tiene en cuenta el enorme impacto que estos ‘regalos’ está teniendo en el esquema tributario.
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De acuerdo con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, todos estos beneficios (que incluyen impuestos preferenciales) suman $ 92,4 billones, es decir, 8,7 puntos del producto interno bruto (PIB).
El propio Congreso de la República, consciente de la necesidad de reducir ese monto, ordenó, mediante la Ley 2010 (de crecimiento económico), aprobada a finales del 2019, la convocatoria de una comisión de expertos para analizar este tema.
Dicha Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, que fue instalada formalmente este martes, tiene la misión de revisar con lupa las exenciones incluidas en el complejo Estatuto Tributario Colombiano, y antes de un año formular recomendaciones sobre cuáles deben eliminarse y cuáles sostenerse.
Durante la instalación de la Comisión, el ministro Carrasquilla aseguró que “los resultados de la Comisión serán un insumo fundamental para la estrategia fiscal de mediano plazo de la nación, con miras a mejorar la estructura de sus ingresos recurrentes”.
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De hecho, llamó la atención sobre el hecho de que el país presenta fallas en principios básicos tributarios, como progresividad, eficiencia y simplicidad. En términos de eficiencia, por ejemplo, dijo que el esquema colombiano pone el mayor peso en la tributación empresarial y no en personas naturales, como ocurre en los países más grandes de la región y en economías emergentes: “De los 6,2 puntos del PIB que se recaudan vía impuesto a la renta, cerca de 5 son derivados de actividad de las empresas frente al 1,2 por ciento de personas naturales”.
Carrasquilla afirmó, además, que el país ha tenido un incremento importante de su gasto público, dado por el hecho de que la clase media ha crecido y demanda más servicios de salud, educación, comunicación e infraestructura, que es necesario cubrir. “Eso nos ha impuesto un desafío, casi de mediano plazo, en términos de recaudo”, señaló el ministro.
A lo anterior se suma la necesidad de contar con recursos adicionales para financiar la reactivación económica del país, tras los choques que representaron la pandemia de covid-19 y los bajos precios internacionales del petróleo.
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Durante la instalación de la Comisión, el director de la Dian, José Andrés Romero, explicó que el 81,1 % de los beneficios tributarios (unos $ 74,9 billones) tienen que ver con exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales en materia de impuesto al valor agregado (IVA).
De este total, $ 61,2 billones se da por exclusiones, es decir que no están sujetas al impuesto y, por tanto, tampoco permiten impuestos descontables; $ 10,2 billones corresponden al régimen de exenciones, o sea que están sujetos al IVA, pero tarifa cero, y $ 3,5 billones derivados de las tarifas diferenciales.
En el caso de las exclusiones, para citar un ejemplo, el director de la Dian se refirió a un grupo de servicios muy grandes, que no aportan IVA porque son considerados esenciales.
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Se trata de los inmobiliarios, de administración pública, de salud, de educación, financieros, servicios para actividad agrícola, de transporte, de construcción, culturales y deportivos y servicios públicos. “Están excluidos del impuesto y representan, dentro del grupo de exclusiones de $ 61,2 billones, $ 46,7 billones, es decir, el 76,2 %”, advirtió Romero.
Romero agregó que las exenciones y beneficios en materia de impuestos a la renta representan $17,1 billones (1,6 puntos del PIB), que tampoco se recaudan.
Todo lo anterior será objeto de análisis por parte de la Comisión conformada por cinco mesas temáticas, cada una de las cuales estará dirigida por un experto internacional.
Durante nueve meses estudiarán los beneficios tributarios vigentes, evaluarán su conveniencia y propondrán una reforma orientada a mantener aquellos que sean eficientes.
La Comisión operará hasta mediados de 2021 y entregará documentos preliminares a partir de febrero.
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La Comisión estará conformada por diez expertos principales: cinco extranjeros y miembros del Gobierno Nacional.
Se trata de David Rosenbloom, director del Programa de Tributación Internacional de la Universidad de Nueva York; Brian Arnold, catedrático de Derecho Tributario en la Universidad de Waterloo; Jeffrey Owens, profesor de reconocidas universidades y autoridad global en impuestos; Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la Ocde, y Kent Smetters, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania.
Por parte del Gobierno estarán el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo; la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso; el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, y el director general de la Dian, José Andrés Romero.
La Secretaría Técnica estará a cargo de la Ocde y la Dian.
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Juan Sebastián Betancur, subdirector de política financiera del Ministerio de Hacienda, explicó que la Comisión operará hasta mediados del 2021 y entregará documentos preliminares a partir de febrero.
La metodología de trabajo consiste en cinco mesas temáticas, cada una de las cuales será presidida por uno de los expertos internacionales.
Estos grupos de trabajo se reunirán una vez al mes y prepararán insumos para ser discutidos en sesiones plenarias, así como las recomendaciones concretas.
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La primera mesa se ocupará de revisará el impuesto de renta corporativo (exenciones sectoriales; efectos en la eficiencia, la inversión y el crecimiento económico; la evaluación de las deducciones o de las rentas exentas de los descuentos, asociados al impuesto que grava a las empresas).
La segunda abordará los impuestos de renta a personas naturales y los dividendos; se concentrará en la evaluación de la progresividad asociada a las rentas exentas, los descuentos y las deducciones de los hogares; también va a mirar la tarifa efectiva y estatutaria de tributación para las personas naturales, y se ocupará de revisar los impuestos a la nómina.
La tercera mesa abordará los incentivos para el campo y los ingresos no constitutivos de renta.
La cuarta analizará los temas relacionados con IVA y los tratamientos especiales frente a este tributo.
La quinta se enfocará en comercio internacional, en particular en lo referente al tratamiento preferencial que se les da a las zonas francas, con respecto a otros países.
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