La crisis ocasionada por el covid-19 ha puesto de manifiesto las desigualdades y vulnerabilidades existentes en el país.
Por lo tanto, recuperar tasas de crecimiento altas y sostenidas que permitan remediar los daños causados por la pandemia y retomar los avances en bienestar que se lograron en los últimos 10 años requiere una estrategia de desarrollo económico sólida, basada en aumentar la productividad y competitividad.
Una estrategia que no solo cierre las brechas que le han impedido a Colombia avanzar más rápido, sino –sobre todo– que permita acelerar, defina qué errores evitar y cómo contar con la tracción necesaria.
Lo anterior implica adelantar las reformas que se han pospuesto y acciones urgentes que amplíen las posibilidades de respuesta del país. Es la oportunidad para una recuperación que provea ingresos y empleo, pero que también logre mayor productividad, resiliencia, sostenibilidad y equidad.
Bajo esta premisa, el Consejo Privado de Competitividad propone una estrategia para la recuperación, adaptación y preparación de Colombia a una nueva realidad, compuesta por estos cinco pilares: aparato productivo sofisticado y diversificado, empleo de calidad, hogares con redes de protección social, estabilidad fiscal y Estado fuerte, eficiente y transparente.
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Poder aprovechar las oportunidades en la nueva realidad y estar mejor preparados para futuros choques requiere contar con un tejido empresarial denso y de alta productividad que produzca bienes y servicios de alto valor agregado.
Esto significa, en primer lugar, hacer un esfuerzo por no perder la capacidad productiva existente en el sector formal en términos de empresas, trabajadores capacitados, relaciones laborales y con proveedores.
De acuerdo con cálculos de Confecámaras y Mintrabajo, el 1,2 por ciento de las empresas genera el 66,5 por ciento del empleo formal, y dependen de una importante red de proveedores. Esto requiere evaluar y ajustar las medidas de apoyo al empleo y a las empresas que se han implementado durante la emergencia, para incluir a todas las compañías independientemente de su tamaño y para aquellos sectores que no podrán funcionar con normalidad por un tiempo adicional.
En segundo lugar, implica avanzar de manera decidida en la agenda de productividad de las empresas, especialmente de las mipymes, que representan el 99 por ciento de las empresas del país.
Esta agenda incluye mejoras en capacidades gerenciales, cierre de brechas de capital humano, transformación digital y adopción de tecnología, así como un entorno de libre competencia y una política comercial que incentive la integración con la economía global.
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El reto en esta materia es grande: en América Latina, Colombia supera solo a Venezuela en diversificación de exportaciones y solo el 20 por ciento de las empresas son innovadoras. Sin embargo, es el momento de optar con decisión por la apertura y la integración. Apostarles al proteccionismo y a la restricción de la competencia significaría mayores rezagos en productividad, menor bienestar de los consumidores y dificultaría la reducción estructural de la pobreza.
Avanzar en esta transformación generará más empleos formales. Un aparato productivo sofisticado y competitivo demanda mano de obra calificada que es mejor remunerada, lo que permite reducir la informalidad y aprovechar plenamente el potencial productivo de los trabajadores.
Se requiere contar con un tejido empresarial denso y de alta productividad que produzca bienes y servicios de alto valor agregado
Un objetivo central de la estrategia es recuperar los empleos perdidos a causa de la pandemia y generar más empleos de calidad.
En abril la tasa de desempleo fue de 19,8 por ciento y se registró una caída anual de 5,4 millones de ocupados. En términos de pobreza, se estima un aumento de 15 puntos porcentuales, lo que significaría 7,3 millones de personas más que en 2019.
Una acción inmediata para recuperar los empleos perdidos a causa de la pandemia debe ser la identificación de proyectos jalonadores de empleo, que se prioricen no solo respecto a sus resultados de corto plazo en empleo y actividad, sino también en términos de su impacto en el mediano plazo en productividad, sostenibilidad y equidad. Por ejemplo, la construcción de vías terciarias que conectan regiones y localidades con mercados y servicios, y faciliten la presencia del Estado, proyectos productivos en zonas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, o proyectos de provisión de bienes públicos como distritos de riego, clínicas de salud o escuelas, los cuales cierran brechas en materia de desarrollo humano.
En la medida en que se reactiva el aparato productivo, debe facilitarse que las personas que perdieron sus empleos o que estaban en la informalidad puedan volver a engancharse, idealmente en empleos formales. Alrededor del 60 por ciento del empleo en Colombia es informal y 47 por ciento es vulnerable, por encima del promedio de América Latina.
Se requiere reformar el mercado laboral, de modo que se eliminen fricciones que hoy dificultan la contratación formal. Esto incluye, entre otras medidas, reducir costos no salariales, permitir la contribución a seguridad social por el trabajo por horas, actualizar la legislación laboral, establecer un nuevo mecanismo institucional para fijación de salario mínimo y considerar esquemas diferenciados por región o sector.
Los hogares vulnerables no cuentan con mecanismos adecuados de protección ante choques negativos de ingreso. Sus opciones disponibles para la supervivencia –como venta de activos o menor inversión en educación– por lo general implican costos de largo plazo que reducen sus posibilidades de movilidad social.
Apostarles al proteccionismo y a la restricción de la competencia significaría mayores rezagos en productividad y menor bienestar de los consumidores
Para reducir los impactos de caídas inesperadas en el ingreso de los hogares y no perder los avances en desarrollo social es necesario contar con un sistema de protección social efectivo y bien focalizado.
Esto requiere una reforma pensional que lleve a un sistema de cobertura universal con progresividad en el uso de recursos públicos. Actualmente, se destina cerca de dos puntos del PIB a subsidios de pensiones, la mayoría de los cuales los reciben las personas de mayores ingresos, mientras que solo el 25 por ciento de las personas en edad de jubilación recibe una pensión contributiva.
Otro componente de un sistema de protección robusto es un seguro al desempleo, el cual permita a los hogares mantener su nivel de consumo durante un tiempo mientras es posible encontrar otra actividad. Este seguro también reduciría los costos de vinculación y despido de trabajadores, facilitando el enganche laboral en épocas de recuperación económica.
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De otro lado, para los hogares cuyos ingresos provienen del trabajo informal es necesario consolidar los avances que se han hecho en la etapa de emergencia para poder llegar a ellos con transferencias bien focalizadas. La creación de un registro único de beneficiarios es un paso indispensable para una política social transparente y eficaz.
Finalmente, un esquema de protección sólido debe tener en cuenta el valor de la economía del cuidado que realizan primordialmente las mujeres. Estas labores equivalen a cerca de 20 por ciento del PIB, pero no conllevan remuneración ni protecciones especiales. Reconocer el valor de este trabajo implica brindar cobertura ante choques adversos a las personas que realizan estas tareas, más allá de su estatus laboral.
El cuarto pilar de la estrategia es preservar la estabilidad fiscal, de modo que el crecimiento sea sostenible. Se requiere contar con los recursos para pagar la deuda generada en hacer frente a la pandemia y corregir las distorsiones existentes en el estatuto fiscal actual.
Avanzar en una reforma tributaria estructural más progresiva, la cual amplíe la base de contribuyentes y eleve el recaudo
En Colombia la desigualdad del ingreso disminuye poco una vez que se tiene en cuenta el efecto de los impuestos y transferencias, y el recaudo es del 19,4 por ciento del PIB, mientras que en América Latina es el 23,1 por ciento.
Esto implica avanzar en una reforma tributaria estructural más progresiva, la cual amplíe la base de contribuyentes y eleve el recaudo, reduzca la evasión y elusión, y elimine la multiplicidad de regímenes especiales y exenciones.
Esta reforma, ligada a un avance más acelerado en la modernización de la Dian anunciada desde 2016 pero con modestos avances, mandaría las señales correctas a los mercados sobre la sostenibilidad fiscal de Colombia.
La acción del Estado ha sido fundamental para atender los retos generados en la crisis por el covid-19 y será crucial para minimizar los efectos negativos a largo plazo y asegurar una recuperación rápida.
Este contexto hace especialmente importante la eficacia y eficiencia de las instituciones públicas. En la medida en que se cuenta con instituciones sólidas con capacidad de hacer cumplir la ley y proveer servicios a la ciudadanía, se genera mayor confianza que alimenta el ciclo virtuoso del desarrollo.
Entre las acciones por realizar están lograr una mayor transparencia y mejor focalización de subsidios y gasto, mejorar el capital humano en el sector público e implementar la agenda pendiente de mejora regulatoria.
ROSARIO CÓRDOBA GARCÉS
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad
Para EL TIEMPO