Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, le explicó a El País cuáles son los grupos armados con los que el Gobierno anunció el cese al fuego.
¿Por qué debe hacerse el cese el fuego con estos cinco grupos?
Porque esos son los grupos responsables de gran parte de la violencia homicida en Colombia y de buena parte de las acciones terroristas… es una noticia que puede conducir a un alivio humanitario y a una reducción de la violencia que ha caracterizado los últimos cinco años a este país.
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¿Cómo debe hacerse la verificación?
La verificación debe descansar en las organizaciones que hoy tienen las capacidades para hacerlo y la responsabilidad legal, comenzando por la Misión de la ONU en Colombia, que lleva seis años en el país con una experiencia acumulada, un conocimiento de la situación de las regiones en materia de seguridad y una aceptación de las comunidades sometidas a la violencia de esos grupos. Segundo, la Iglesia Católica, que desde tiempo atrás tiene una conexión estrecha con las comunidades que viven esa violencia en los lugares más maginados del país. En tercer lugar está la responsabilidad que tiene la Fuerza Pública, en particular los organismos judiciales, y la función de la Policía de adelantar las labores de verificación de cuáles organizaciones criminales son responsables de la violencia. Sin duda esto no va a parar todas las formas de violencia, pero sí conducirá a una reducción importante de la misma por parte de los grupos que decidan plegarse a este acuerdo con el Gobierno.
En el comunicado de ayer el ELN dijo que se analizará el tema en la nueva ronda de negociaciones…
En la primera ronda de diálogos del ELN con el Gobierno en Caracas se alcanzaron muy rápido, para lo que han sido experiencias previas con ese grupo, acuerdos de alivio humanitario y de agendas. Hubo cuatro acuerdos, incluyendo uno para adelantar conversaciones a nivel regional. Para nadie es un secreto que las conversaciones con el ELN se comenzaron en una situación de riesgo, porque ellos están en una abierta confrontación con otros grupos criminales en las regiones donde operan, entonces el cese al fuego permitiría que esa negociación no esté bajo la amenaza de la violencia de esos otros grupos y eso es positivo. Sin embargo, todo queda en veremos después del anuncio del ELN.
Se dice que no se debe negociar con la Segunda Marquetalia, porque desertaron del Acuerdo anterior…
La prórroga de la Ley de Orden Público permite que se adelanten diálogos con organizaciones criminales de alto impacto y ese grupo ha logrado consolidar algún mando sobre algunos grupos violentos y ofrece un riesgo en materia de seguridad en el país, de manera que esa organización tendrá que demostrar que cesa la violencia y la capacidad de cometer acciones terroristas para eventualmente someterse a lo que el Congreso apruebe en materia de beneficios judiciales para ese grupo. Lo que no podemos confundir es esa negociación y esos beneficios con una reentrada de esos grupos, incluyendo a ‘Iván Márquez’ al Acuerdo de Paz que se firmó con las extintas Farc. Es una negociación totalmente diferente y tiene que ser similar sino idéntica en materia de beneficios a lo que se le dé a otras organizaciones criminales.
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¿Qué nos puede contar sobre el Estado Mayor Central , otra de los grupos incluidos en el cese…
Es un grupo que está convirtiéndose, como en su momento lo hizo las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en una sombrilla para otros grupos. Tiene una cohesión que está en proceso de lograrse y tiene muchas organizaciones en varios lugares del país muy diversas entre ellas. El principal reto es saber en dónde está, cuál es el tipo de mando y qué capacidad de control tiene sobre esas otras organizaciones. No podemos repetir los problemas que tuvo la desmovilización de las AUC, en el sentido de que sirvió para que se filtraran muchos grupos puramente narcotraficantes sin que entregaran los bienes ilegalmente acumulados con el crimen organizado y sin que se lograra un completo desarme y desmovilización… pero también es importante saber que ese grupo está empezando a consolidar un poder fáctico sobre la base de la violencia en amplios lugares del país, en particular en el Oriente. El Estado tienen que estar listo durante este cese al fuego a expandir su presencia territorial y legítima en esas regiones.
¿Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son el mismo Clan del Golfo, cómo proceder con ellas?
Diría que son parte del Clan del Golfo. Después de la extradición de su líder Estados Unidos, el Clan ha vivido un proceso de disputas internas, algunas de ellas violentas y tal vez las que se llaman Autodefensas Gaitanistas es el grupo más violento y más grande, con una presencia significativa en Chocó, parte de Antioquia y algo de Risaralda. Ellos tienen que hacer una demostración de cuál es la capacidad de control, quiénes lo comandan y hasta qué punto pueden controlar y reducir la violencia no solo contra las comunidades, sino contra otros grupos violentos.
En este cese también se incluyó a las Autodefensas de la Sierra Nevada. ¿Quiénes son?
Es un grupo relativamente pequeño, pero ofrece un alto nivel de riesgo en Magdalena y Cesar. A mi juicio es neoparamilitar y debe ser frenado en su tránsito al crimen organizado.
¿Qué ganancia obtienen estos grupos, que se benefician del narcotráfico, al pactar este cese?
Lo primero es que cese la violencia en su contra. No podemos olvidar que todos estos grupos, incluido el ELN, son amenazados por otras organizaciones ilegales, están enfrentados entre ellos y vivimos una violencia muy diferente a la que vivió Colombia años atrás, que era el conflicto armado interno caracterizado por enfrentamientos entre el Estado y esos grupos. En segundo lugar, una transacción en la cual la persecución estatal legítima en su contra se termine, a cambio de que ellos se someten a la ley. Esa es una verdadera paz con legalidad, en el sentido de que para la violencia por someterse a la legalidad. Claro, tendrán algunos beneficios que ya ha señalado el propio Presidente, pero uno esperaría que incluyan una no extradición condicionada en el abandono de la violencia y la entrega de los bienes habidos ilegalmente por esos grupos, así como cesar la criminalidad y el narcotráfico. Y, en tercer lugar, obtener una limitación en las penas de prisión que eventualmente llegue a imponer la justicia criminal en contra de esos grupos y sus líderes.
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¿Qué líneas rojas no debe traspasar la negociación con esos grupos?
Aquellos crímenes que ofenden a la humanidad y a la Nación: varios de estos grupos son responsables de secuestro y de violencia de lesa humanidad en particular contra activistas y líderes comunitarios y defensores de Derechos Humanos, y en eso el Congreso tiene que ser muy cuidadoso cuando legisle para darle sustento legal a esa negociación. En segundo lugar está la práctica del terrorismo: solo a finales del año pasado hubo cinco o seis atentados de ese corte en el Cauca; ese tipo de violencia tiene que cesar por completo, porque ofende a la humanidad. Y la práctica del secuestro: en el caso del ELN, es importante que esa guerrilla pronto haga una declaración explícita de que lo cesa, libera los secuestrados y suspende acciones terroristas en contra de la población civil y la infraestructura en el país.
¿Qué le dice a la opinión pública que es escéptica ante estos anuncios?
Que tenemos que estar esperanzados en que este acuerdo puede llevar a la reducción de la violencia para el desmonte de muchos de estos grupos criminales, que tenemos que estar vigilantes a contribuir a que esa violencia deje de ocurrir, pero que no podemos esperar ingenuamente a que esto resuelva todos los problemas de violencia e inseguridad en Colombia. Este nuevo acuerdo es la cuota inicial del desmonte de la criminalidad organizada en el país más violenta, pero no resolverá la violencia que afecta a líderes sociales y comunitarios ni los problemas derivados del tráfico y producción de narcóticos, pero es un nuevo camino que vale la pena intentar y acompañar a las autoridades democráticamente elegidas en eso.