Desde su creación hace ocho años, las obras por impuestos se han convertido en una estrategia importante para asegurar el desarrollo de las regiones, mediante un trabajo conjunto entre el Estado y la empresa privada, gracias a la cual se han sacado adelante 410 proyectos en las zonas afectadas por el conflicto armado, con una inversión cercana a los $3 billones.
Por medio de esta apuesta se han podido ejecutar proyectos de impulso a la educación, saneamiento básico, entrega de ayudas tecnológicas y mejoramiento de vías, entre otros, que han beneficiado a siete millones de colombianos, en 264 municipios y de la mano con más de 200 empresas que han optado por este camino para cumplir sus obligaciones tributarias, ya sea por medio de convenios o bajo la figura de fiducias, como establece el reglamento.
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Si bien entre 2018 y 2021, esta iniciativa no tuvo mayor variación en su cupo de $250.000 millones para trabajar, en los años recientes ha tenido un aumento de las asignaciones presupuestales, primero a $500.000 millones en 2022, después a $800.000 millones en 2023 y este año se mueve con un margen de maniobra de $1 billón; en lo que se ha considerado por este Gobierno como una de sus apuestas sociales más importantes.
Sin embargo, Portafolio conoció que esto corre el riesgo de cambiar por culpa de los apretones de caja que enfrenta la Nación y la dependencia que tienen las proyecciones de gasto del año entrante con la ley de financiamiento que se mueve en el Congreso de la República y que busca asegurar $12 billones para el Presupuesto de 2025.
Municipios
Properati
Pese a que una de las críticas al manejo de las finanzas del Estado este año ha sido que no se está ejecutando la plata que se asignó en 2023, este no es el caso de obras por impuestos, dado que ya han usado el 90% de la plata que se asignó y esperan cerrar en márgenes muy cercanos a los de vigencias anteriores, en las que han llegado a aprovechar hasta el 98% del cupo, mostrando que el problema no es por falta de eficiencia.
Ahora bien, pese a que las pruebas muestran que la estrategia es buena y da resultados, puesto que un gran número de empresas han creído, se han sumado y conforme pasa el tiempo hay más y más recursos para invertir; la prioridad para el otro año sería asegurar los gastos netamente necesarios y desde ahí empezar a revisar con detenimiento qué se mantiene y qué se puede postergar.
Concretamente, los escenarios desfavorables para este programa son dos. El primero es que no pase la ley de financiamiento y que sí o sí se deban recortar los $12 billones que dependen de dicho proyecto, dado que si bien el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que se congelarían, las conversaciones al interior de su cartera giran más alrededor de un recorte, para evitar presiones fiscales innecesarias hacia adelante.
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El segundo tiene que ver con la situación económica actual y una gran cantidad de proyectos que quedaron sin ejecutar de la vigencia actual y serían reprogramados para el 2025, con lo cual se apretaría la caja del Estado y la orden sería priorizar el gasto a las apuestas fundamentales del presidente Gustavo Petro; abriendo la posibilidad de que se tenga que recortar de esta parte.
La decisión final sobre qué pasa con el programa de obras por impuestos, se tomará en la próxima reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), donde cada una de las entidades entregará sus balances y aspiraciones presupuestales y con base en todo lo anterior se tomarán decisiones al interior del Ministerio de Hacienda. La intención de los dolientes de la estrategia será que dicho cupo aumente o por lo menos se mantenga igual que para 2024.
PDET.
Archivo EL TIEMPO
Caso de éxito
Durante la rendición de cuentas de la Agencia Nacional del Territorio, el director de la entidad, Raúl Delgado, manifestó que programas éste son un claro de ejemplo que la articulación entre los privados y en sector público es posible y de que, si las cosas se proyectan y se tienen en cuenta las necesidades reales de las comunidades, se pueden generar casos de éxito.
“En este, como en todos los casos, los recursos son del Gobierno, son de los impuestos, pero le reconocemos a la empresa su decisión, que, en vez de pagar directamente el impuesto, parte de ello lo haga haciendo cosas como esta dotación. Es así como se han hecho proyectos de vías, se han hecho proyectos de salud, de acueducto, de energía fotovoltaica, y debo aclarar que las empresas que más invierten en obras por impuestos son las empresas del sector minero energético”, dijo.
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Obras por impuestos es un mecanismo permite que empresas con ingresos brutos superiores a 33.610 Unidades de Valor Tributario (UVT) destinen hasta el 50% de su impuesto de renta a proyectos de impacto territorial en 170 municipios PDET, 344 ZOMAC y Departamentos Amazónicos, a través de dos modalidades.
“La primera es la Fiducia, mediante la cual las inversiones se realizan por medio de fondos fiduciarios, y la obligación tributaria se extingue al completar las obras; y la segunda, Convenio, que consiste en la inversión de recursos propios mediante acuerdos con Entidades Nacionales Competentes, recibiendo Títulos de Renovación del Territorio (TRT) como compensación fiscal”, sostuvo Delgado.
Uno de los casos de éxito más destacados de este programa es el colegio público que Crepes & Wafles construyó en Cajamarca, Tolima, con la autorización del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación del departamento, el cual se entregó en septiembre de 2023.
Inversión
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“En el sector de agua potable y saneamiento básico, sobresale la construcción de un acueducto en Tame, Arauca, con una inversión de $8.341 millones que beneficio a 1.300 personas de las zonas rurales y urbanas, y el desarrollo de un tanque de almacenamiento en Turbo, Antioquia, con $12.703 millones, que mejoro el acceso a agua potable para 50.000 habitantes”, acotó Raúl Delgado.
La Agencia de Renovación del Territorio también informó que los departamentos líderes en la implementación son Antioquia, con 56 proyectos; Tolima, con 58 proyectos; y Arauca, con 26 proyectos. En 2024, más de 100 empresas participaron en 80 proyectos, y se espera cerrar el año con 117 proyectos y $900.000 millones invertidos.
