Dos altos funcionarios de la administración del Joe Biden, en Washington y otro más en Bogotá, autorizados para hablar del tema, le revelaron a EL TIEMPO que el gobierno estadounidense no solo estuvo pendiente de la compra del software de espionaje Pegasus en Colombia, sino que, además, fue dicho país quien financió su adquisición.
La información, entregada en primicia a este diario, le daría un vuelco a la investigación que viene exigiendo el presidente Gustavo Petro y que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría. Por el momento, está probado que existió una operación por 11 millones de dólares que llegaron a Israel en efectivo y que coincidieron con el aterrizaje de dos vuelos que partieron desde Tel Aviv y aterrizaron en la base Antinarcóticos de la Policía, en Bogotá.
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Un acuerdo de cooperación
En este punto, las fechas son la clave. El primer desembolso, por 5,5, millones de dólares, que reveló el jefe de Estado en una alocución presidencial, se hizo el 27 de junio de 2021; y el otro, por un valor idéntico, el 22 de septiembre de dicho año.
De igual manera, las bitácoras de vuelo señalan que una de las aeronaves aterrizó en la capital del país la noche dl 25 de junio de 2021; mientras que el otro vuelo, correspondiente a un jet de matrícula T7-CPX, aterrizó en Bogotá a las 7:43 p.m. del 28 de septiembre de 2021, pernoctando por 30 horas en Bogotá con ejecutivos de NSO Group.
De acuerdo con los funcionarios del gobierno Biden, los planes de adquirir este software se materializaron durante el 2020 y no fueron compartidos por el entonces presidente Iván Duque. De hecho, fueron claro en que el uso de Pegasus se suspendió en 2022, antes de que Petro llegara a la Presidencia.
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“Como parte de esta cooperación, el Gobierno de Estados Unidos se comprometió a proporcionar fondos a nuestros socios colombianos para adquirir el software Pegasus con el fin de impulsar esta misión antinarcóticos crítica”, dijo uno de los funcionarios que pidió la reserva de su nombre, pero habló oficialmente en nombre de la administración Biden.
Y agregó: “Este esfuerzo, que implicó una estricta supervisión operativa, se llevó a cabo en el curso de nuestros compromisos normales y continuos con el gobierno colombiano en materia de lucha contra los estupefacientes”.
Duque no se habría enterado
EL TIEMPO ya había anticipado que en la compra de este software de espionaje había un tercer país involucrado.
De acuerdo con los funcionarios norteamericanos, este programa se utilizó con «los más estrictos protocolos de seguridad y su existencia solo fue conocida por un pequeño grupo de personas en los organismos de seguridad del país«.
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Explicaron, además, que los responsables en el uso del programa tuvieron cuidado en asegurarse de que el software se utilizaría con el fin previsto, que era la «persecución de narcotraficantes» y no para otros fines.
“Para ayudar a garantizar este uso adecuado, se establecieron protocolos estrictos con controles y equilibrios. La estricta supervisión de esta herramienta se diseñó e implementó para garantizar que el software se utilizara para perseguir objetivos legítimos relacionados con el narcotráfico. No tenemos información que sugiera que el software se utilizó indebidamente para vigilar a figuras políticas colombianas”, afirmó una de las fuentes.
Los funcionarios del gobierno Biden también apuntaron que Duque no fue informado de esta adquisición porque, para ese momento, la herramienta tecnológica era una más entre los muchos instrumentos que utiliza el gobierno estadounidense (y comparte con aliados) en la lucha contra la criminalidad y fue manejada a nivel operativo.
De igual manera, enfatizaron que, para el momento de su adquisición, no existía polémica alguna por el uso de este programa, ahora calificado como malicioso.
Un ‘tatequieto’
Ese cambio, según menciona, se dio a partir de otoño de 2021, cuando periodistas y organizaciones no gubernamentales en todo el mundo empezaron a alertar sobre el uso de Pegasus para invadir la privacidad de los periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
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“También descubrimos –dijo una de las fuentes– que nuestro propio personal había sido blanco de Pegasus en todo el mundo. Inmediatamente empezamos a tomar una serie de medidas concretas sin precedentes para demostrar nuestro compromiso de impulsar el cambio en este asunto. Hemos hecho cambios en nuestro propio sistema, y hemos tratado de reunir a socios internacionales para contrarrestar la proliferación y el uso indebido de programas espía comerciales, incluso por parte de proveedores como NSO Group, que fue incluida en una lista de entidades a las que se le prohíbe el acceso a la tecnología estadounidense”, sostuvieron las fuentes oficiales.
Cuando EL TIEMPO pidió claridad sobre los señalamientos que se han lanzado sobre el supuesto uso de fondos ilegales para adquirir el software, tanto los funcionarios en Washington como la fuente en Bogotá también respondieron.
La duda surgió luego de que el periodista Gur Meggido, del diario Haaretz, quien reveló la transacción de la firma NSO Group con Colombia, también mencionara que los fondos con los que se pagó habrían provenido de una incautación al narcotráfico.
Sin un uso indebido
Luego de reiterar que no existe información que sugiera que el sistema Pegasus se haya utilizado de manera indebida para vigilar a figuras políticas en Colombia, los funcionarios estadounidenses se refirieron al origen de los recursos con los que se pagó.
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“Queremos dejar muy claro que esto se hizo de una manera en la que no hubo ningún pago ilícito. Fue Estados Unidos quien financió la compra por parte de Colombia. El cronograma fue el que le mencioné anteriormente: Estados Unidos se comprometió a proporcionar esos fondos en 2020, y esta administración terminó el programa en 2022 antes de que el presidente Petro asumiera el cargo”, afirmó uno de los voceros autorizados para hablar del tema.
EL TIEMPO también pidió detalles adicionales sobre el porqué se optó por no informar al entonces presidente Duque u otros altos funcionarios de su gobierno (como ellos ya han declarado) sobre la compra de una tecnología tan poderosa.
Según explicaron, la intención nunca fue ocultar su existencia y lo enmarcaron más en el día a día de la cooperación bilateral: “Lo que puedo decir es que, en consonancia con la larga relación entre Estados Unidos y el gobierno colombiano para mejorar la seguridad y la estabilidad, este esfuerzo formó parte de la colaboración habitual contra las organizaciones criminales transnacionales y los grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico. El gobierno de EE.UU. proporciona de forma rutinaria a sus socios internacionales una amplia variedad de apoyos a la hora de combatir amenazas mutuas (…) Se manejó un nivel operativo”.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO – UNIDAD INVESTIGATIVA y SERGIO GÓMEZ MASERI