A los soldados del Ejército Nacional que el pasado jueves habrían abusado sexualmente a dos menores en una vereda de Nariño, les aparecieron defensores en la sectores de la comunidad que exigen salvar el honor de militares. «¿A qué salen de noche?, preguntan a padres de dos menores.
Una organización indígena, la Alcaldía Municipal y la Gobernación de Nariño, en cambio, exigen una investigación con rigor contra los uniformados por parte de la justicia.
En la vereda El Carchi del municipio de Cuaspud-Carlosama, en la frontera entre Colombia y Ecuador, tras el nuevo escándalo que salpica al Ejército, un sector de la comunidad decidió ofrecer su apoyo a los soldados del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, que en la noche del pasado jueves habrían causado “posibles actos sexuales en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes”, como lo informó a través de un comunicado la Tercera División del Ejército.
La Procuraduría General de la Nación avaló la detención preventiva de los soldados, por el presunto delito de abuso sexual a dos menores de la comunidad indígena El Sol de los Pastos.
En un video se aprecia cuando varias personas residentes en la vereda El Carchi, quienes exhortan al Ejército a permanecer en la zona y no ocultan su malestar por la actitud mostrada por las niñas que resultaron afectadas esa noche del 1 de julio.
“Todos estamos de acuerdo que el Ejército siga aquí, dándonos ese apoyo y respaldo porque gracias a ustedes nosotros estamos bien”, manifiesta un hombre en esa charla, cuando de inmediato se escuchan los aplausos de la gente.
Una señora que dice representar al resguardo indígena de Cuaspud-Carlosama se lamenta por el problema suscitado con las menores y comenta que “cuando una mujer sale en las horas de la noche a buscar a un hombre ¿qué es lo que busca?…¿qué es lo que quiere?”, pero también reprocha a las madres que dejan que sus hijas salgan de sus casas sin pedir permiso.
También indica que los soldados no fueron los directos responsables, “ellos no tuvieron la culpa, nosotros queremos que el Ejército continúe aquí por la seguridad nuestra” y reitera además que no se trató de una violación como se ha señalado a través de los medios de comunicación.
Tras su corta intervención no faltaron los aplausos espontáneos a los hombres del Ejército que prestan su servicio de control en esa zona del sur de Nariño.
Pero otra cosa es lo que piensa la organización Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, que mediante una denuncia pública advierte que después del lamentable hecho, los familiares de las menores señalan ser víctimas de amenazas, en caso de que presenten las denuncias ante los organismos correspondientes del Estado.
“Han recibido presiones y presuntas amenazas por parte de los militares para que no se denuncie antes las autoridades competentes y a la opinión pública”, subraya el documento.
La misma organización indígena rechaza la presencia de la Fuerza Pública en sus predios ancestrales y revela que “utiliza el control fronterizo para terminan invadiendo los territorios y cometer actuaciones relacionadas con delitos, violaciones, acosos y abusos sexuales en contra de las niñas, mujeres, familias y al pueblo indígena”.
“Elevamos nuestra voz de rechazo profundo”, reitera y no comparte que algunos sectores de la población pretendan minimizar los graves hechos que ponen en peligro a la comunidad indígena.
Para el alcalde de Cuaspud-Carlosama, Aldemar Paguay, en su municipio existe un ambiente de indignación por lo sucedido contra las menores y espera que las investigaciones de las autoridades determinen una fuerte sanción contra los responsables de la agresión.
Dijo que ayer funcionarios de la Comisaría de Familia, Personería Municipal, Policía Nacional y Bienestar Familiar realizaron en un acto especial el restablecimiento del derecho que les asiste a las niñas y sus familias.
“Después de este caso se presentó un acto de maltrato familiar por parte de la madre de una de las menores”, declaró el funcionario, quien añadió que por esta acción debió ser trasladada al centro hospitalario, para que después fuera llevada a un hogar sustituto donde se le garantiza su seguridad personal.
Las familias de las dos menores habitan en la vereda El Carchi situada a tres kilómetros del perímetro urbano del municipio, en donde permanece una unidad militar pero en donde también ejerce el control la guardia indígena, por lo que el alcalde reconoce que existe una relación permanente entre los soldados y la comunidad indígena.
“Esto pudo haber dado pie para que alguna de las menores de pronto fue a la tienda, empezó la charla con los soldados y por eso pudo haber surgido todo este hecho”, comentó.
La presencia del Ejército en la zona se considera que es importante toda vez que ejerce control sobre el paso de migrantes en ese paso fronterizo con el Ecuador, al igual que sobre el contrabando de mercancías y ahora evitar la propagación del coronavirus en la comunidad.
A su turno el secretario de Gobierno de Nariño, Francisco Cerón, condenó el hecho e instó a los organismos competentes a que aceleren las investigaciones para que se castigue a los responsables.
“Buscaremos una especial protección a todas las niñas y mujeres, particularmente a las de nuestras comunidades indígenas”, declaró el funcionario, y anotó que las violencias basadas en genero no pueden tolerarse en el departamento.
MAURICIO DE LA ROSA
Para EL TIEMPO
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