En un artículo presentado por la veeduría Heredad San Andrés se registra presuntas investigaciones de la Fiscalía contra la empresa Naranjo Recycling, no solo por estar inmersa en un bloque de cinco mil contratos suscritos entre la gobernación del Archipiélago, con un monto superior a los 191 mil millones de pesos, sino también porque le quedó mal a la Dian que le dio un contrato para chatarrizar maquinaria y los esposos Naranjo, responsables de la empresa desintegradora, no ejecutó el objeto acordado.
El texto de Heredad dice que “evidenciamos, que Recuperaciones Naranjo Recycling es mencionada en el escándalo de los 5.000 contratos que suscribió la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por más de 191.000 millones de pesos. Esta firma aparece entre las que, según la Procuraduría, hacían parte de una nómina paralela que se habría organizado aprovechando la emergencia ocasionada por el Huracán Iota.
Lo más grave de todo esto, es que Recuperaciones Naranjo Recycling, con sede en Cartagena, cuya representante legal es Martha Cecilia García, esposa de Rafael Naranjo, es investigada por la Fiscalía, pesquisas que inició la Policía Fiscal y Aduanera -Polfa-, por no chatarrizar los vehículos sino que los vendió. Una mala calificación por incumplimiento.
La investigación arrancó en el 2019, por un contrato que la DIAN le otorgó a los esposos García y Naranjo (los mismos de RYM S.A.S. y Recuperaciones Naranjo Recycling) para desintegrar varias retroexcavadoras, cargadores, montacargas, motores y otros vehículos incautados a los mineros ilegales.
Por este mismo caso 11 funcionarios de la DIAN fueron enviados a la cárcel, sin embargo, la principal protagonista de este caso de corrupción: Recuperaciones Naranjo Recycling no ha pagado por su delito, todo lo contrario, acaba de ser premiada por la misma entidad concediéndole por cuatro años otro millonario contrato, la desintegración de miles de vehículos, que pagará según su conveniencia”, dice el artículo de la Veeduría Heredad San Andrés.
El Home Noticias
Heredad basa su nota en una publicación de El Home Noticias emitida el 11 de diciembre de 2023 y que, entre otras cosas, reseña sobre este tema que La investigación arrancó en el 2019, por un contrato que la DIAN le otorgó a los esposos García y Naranjo (los mismos de RYM S.A.S. y Recuperaciones Naranjo Recycling) para desintegrar varias retroexcavadoras, cargadores, montacargas, motores y otros vehículos incautados a los mineros ilegales.
Por este mismo caso 11 funcionarios de la DIAN fueron enviados a la cárcel, sin embargo, la principal protagonista de este caso de corrupción: Recuperaciones Naranjo Recycling no ha pagado por su delito, todo lo contrario, acaba de ser premiada por la misma entidad concediéndole por cuatro años otro millonario contrato, la desintegración de miles de vehículos, que pagará según su conveniencia.
Lo que más llama la atención en todo esto, es que el director de esta entidad del Estado, Luis Carlos Reyes Hernández, tuvo conocimiento de los pésimos antecedentes de Naranjo y su familia empresarial (tenemos en nuestro poder una carta con las alertas que fue remitida a su nombre) pero pasó por alto las múltiples advertencias, entre estas la de la Procuraduría, permitiendo otro movimiento criminal del llamado ‘cartel de la chatarrización’.
Las evidencias
En este jugosísimo contrato la DIAN ha buscado desdibujar, ocultar la verdad, del verdadero objetivo de un multimillonario negocio para los siguientes cuatro años.
De acuerdo con los denunciantes, se hace para evitar exigir a la cuestionada Unión temporal RYM S.A.S. o Recuperaciones Naranjo Recycling, la presentación de la certificación del Ministerio de Transporte para la chatarrización de vehículos. Se sabe que no tiene licencia para hacerlo.
Desde un principio se ha dicho que el objeto del contrato es la venta por peso de chatarra (material ferroso y de cualquier tipo de metal) que resulte del proceso de chatarrización de las mercancías que para tal efectos le sean entregadas por la DIAN.
No se dice, que el 95% de esta mercancía tiene que ver con la desintegración de los vehículos anclados en los parqueaderos de la entidad. Si hay una chatarrización.
Sin embargo, en las cláusulas del contrato se habla que es «una venta bajo condición suspensiva, que depende de la existencia del material resultante de la desintegración, desnaturalización o chatarrización».
Esto quiere decir, que Naranjo recibirá los vehículos, con la obligación de garantizar la custodia de los mismos durante el transporte y tenencia, y después de chatarrizarlos es que se hace efectiva la venta apenas se pese el material resultante. Solo pagará por el material ferroso, es decir, que los otros elementos de los vehículos no tienen ningún valor.
Más claro, que la DIAN le otorga la buena fe a los dueños de Recuperaciones Naranjo Recycling para que se lleve los vehículos, otras maquinarias, y después informe cuánto material ferroso resultó del proceso de desintegración, para determinar cuánto vale, teniendo en cuenta que el kilo se pactó en 1.764 pesos. ¿No será esto otro detrimento de los recursos públicos?”, se pregunta El Home Noticias.
