Redacción
Aunque la discusión se ha centrado en los cambios en el IVA y las nuevas cargas para personas naturales, la reforma tributaria que plantea el Gobierno, llamada ‘Solidaridad sostenible’, también concibe un paquete de cambios para incentivar el uso de energías limpias, reducir la contaminación y el consumo de productos no saludables, con los cuales buscan recaudar al menos $3,48 billones al año.
(Y ¿qué de los impuestos verdes?).
Si bien se espera que esta semana se dé a conocer el texto final de la reforma tributaria, hace un par de semanas el Gobierno le presentó al Consejo Gremial el corazón de su iniciativa, que incluye unos instrumentos para reducir la contaminación y promover el consumo saludable, también en línea con las promesas de Gobierno para promover la sostenibilidad y la transición energética.
(Reforma tributaria ambiental para un futuro de sostenibilidad).
Para Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank, “los impuestos saludables y verdes son una etapa en la cual Colombia, junto con otros países, está entrando para tener una estrategia que permita resoluciones de cero carbono de aquí hasta 2050, eso es una política de Estado bien importante”.
Entre esas iniciativas plantean modificar el impuesto al carbono para incluir a todos los combustibles fósiles, y así reducir en un 6% las emisiones del país a 2030. Solo con ese tributo buscarían un recaudo de $1,2 billones al año sin la transición, que podría tener unos $660.000 millones adicionales.
La otra propuesta del Ejecutivo es la introducción de un impuesto local a los vehículos para contrarrestar los efectos de la contaminación en las ciudades. Según plantea el Minhacienda en la presentación a los gremios, este tributo se haría según las características del vehículo, y en la que también se incluyen las motos, la carga y el transporte público. Con esta medida, al país le podrían entrar $1,7 billones al año, más los recursos por contaminación, que serían de $440.000 millones.
El otro impuesto que proponen crear es a los plásticos de un solo uso, con el fin de desincentivar la utilización de estos productos y con el que esperan recibir inicialmente unos $14.000 millones al año. Esa medida también concebiría una compensación a aquellas empresas que reciclen el material.
En cuarto lugar, ponen sobre la mesa la posibilidad de crear un impuesto al consumo de plaguicidas no orgánicos, para así reducir la contaminación del suelo. La tarifa sería de 8% por el uso de estos elementos, y con la que podrían recoger al menos $60.000 millones.
Los recursos provenientes de los impuestos al carbono, vehículos y los plaguicidas serían canalizados a través del Fonclima, una nueva entidad para promover proyectos con objetivos de cambio climático y desarrollo sostenible. Este fondo tendría ingresos al año por $1,27 billones.
Y en línea con lo que planteó el presidente Iván Duque en su discurso del 20 de julio, en el que lanzó un plan de reactivación con un componente de crecimiento limpio por $19,2 billones, la reforma también propone la creación de un Fondo Único de energía para unificar otros fondos ya existentes, y que tendría como fin mejorar el acceso a servicios públicos de las regiones. Ese organismo tendría una inversión anual de $591.000 millones.
LAS OTRAS PROPUESTAS
Como lo menciona Olarte, los impuestos verdes y saludables son una tendencia que está creciendo en otros países del mundo y en la que varios centros de estudios y expertos locales han insistido en que Colombia se debe sumar.
En la presentación de las cuatro reformas en una que planteó Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, su director, sugirió también que el país debe aumentar el impuesto al carbono, fijándolo a 30 euros por tonelada en un lapso de 10 años e, incluso, manifestó que el centro de estudios está estudiando la implementación de tributos saludables.
En esa misma línea, Anif también argumentó que será crucial que Colombia avance en los impuestos verdes, sin afectar la generación de energía eléctrica ni sus precios para el público.
En eso también coinciden las propuestas de la Red de trabajo fiscal, compuesta por ocho centros de pensamiento de universidades y organizaciones de la sociedad civil. Allí sugieren subir la tarifa del impuesto al carbono y que este no tenga un límite superior; así como implementar un tributo a las bebidas azucaradas, y que ya se ha caído varias veces en el Congreso.
LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN
Además de las iniciativas que plantearon centros de estudio locales, la Comisión de expertos en beneficios tributarios también recalcó que el país debe entrar a desincentivar el uso de combustibles fósiles. “La comisión considera que una reforma tributaria exitosa requiere de cambios en la estructura del impuesto de renta a personas naturales, una extensión de la base del IVA y un incremento en los impuestos sobre los bienes perjudiciales para la salud de los ciudadanos (tabaco, alcohol y azúcar) y el ambiente los combustibles fósiles”. Asimismo, subrayó que todos los vehículos deberían gravarse con IVA, y este impuesto debería complementarse con tributos especiales que suban según el C02 emitido por los vehículos.
María Camila González Olarte
Twitter: @CamilaGolarte
