Además de los impuestos a las empresas, otro de los pilares de la reforma tributaria 2.0 que el Gobierno ya presentó ante el Congreso son las medidas antievasión, con las que desde el 2022 buscarían conseguir al menos 1,1% del PIB, lo que equivale a aproximadamente $12,2 billones con precios de 2022.
(Lea: Hoja de ruta para la lucha contra la evasión tributaria)
Por un lado, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) el documento con el que el Gobierno traza su hoja de ruta para los próximos 10 años, señalan que a través de los planes para reducir la evasión y la elusión de impuestos el país podría recibir 0,8% del PIB en 2022, a lo que se le sumarían otras herramientas que se incluyen en la tributaria, con la que buscan conseguir al menos 0,3% del PIB, o unos $2,7 billones.
(Lea: Impuestos adicionales que tendrían que pagar empresas en la tributaria)
Esas metas serían claves teniendo en cuenta que con los impuestos de renta y el IVA se evade alrededor de 4% del PIB, un poco menos de la tercera parte de los ingresos tributarios del Gobierno Nacional.
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“La lucha contra la evasión aumenta la progresividad horizontal del sistema tributario, toda vez que los individuos que evadían sus responsabilidades empezarán a pagar lo mismo que individuos de ingresos similares que cumplen con sus obligaciones. El MFMP de 2021 proyecta incrementos en el recaudo fiscal, fruto de la lucha contra la evasión, por cerca de 1,4% del PIB de 2023 en adelante. Esta meta se puede incrementar, dotando a la Dian de herramientas adicionales que le faciliten el cumplimiento de dicha labor”, apunta la exposición de motivos del proyecto de ley.
Además del trabajo que lleva adelantando la Dian para reducir la evasión y con la que a junio la entidad ha recaudado alrededor de $7,7 billones, el proyecto de ley de Inversión social también incluye unas herramientas para fortalecer esas medidas.
Una de ellas es que la Dian podrá facturar el impuesto a los contribuyentes con base en información de la factura electrónica y exógena tributaria, lo que permitiría facilitar a los ciudadanos ese proceso y reducir la evasión.
Asimismo, buscarán implementar una tecnología con la que podrían evitar que haya un subregistro en la venta de inmuebles, que algunas veces venden en precios que son los reales para evitar pagar impuestos.
“La Dian establecerá un sistema de georreferenciación a fin de poder determinar el valor comercial en la venta predios con fundamento en datos estadísticos, listas de precios, bases de datos, ofertas u otro mecanismo que permita determinar el valor comercial de los bienes raíces”, dice la exposición de motivos del proyecto.
¿Metas ambiciosas?
Ahora bien, ante estas propuestas y estas mayores herramientas que tendría el Gobierno para reducir la evasión de impuestos, expertos apuntan a que hay un enorme desafío en ese frente teniendo en cuenta que esto significaría al menos $12,2 billones para 2022 y otros $18,8 billones para 2023.
Para José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, “lo que nos parece es que las metas son ambiciosas porque en el MFMP del año pasado, con la implementación de la facturación electrónica se les estaba pidiendo a la Dian unas metas de recaudo muy importantes. Entonces la gran pregunta es si en últimas, a pesar de la introducción a la facturación electrónica, la gestión tributaria va a ser suficiente para lograr esas metas tan abultadas”, apuntó López.
Por su parte, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, manifiesta que “las metas de recaudo son razonables. Pero hay varias medidas que se pueden incluir como asegurarse de que las empresas que operen en el día a día en el país no logren hacerse pasar por empresas extranjeras y otras medidas que nosotros propusimos en la Red de trabajo fiscal y que podrían ser tomadas en cuenta”.
Otro de los centros de estudios que ha planteado algunas medidas adicionales para aumentar ese recaudo por planes antievasión es Fedesarrollo, que apunta que el país puede perder hasta 5,4% del PIB al año en evasión de impuestos.
Con eso, los expertos y analistas pusieron sobre la mesa medidas como que se hagan públicas las declaraciones de renta de forma anónima y que se depure la información entre la Registraduría y la Dian para saber si las cédulas reportadas por los contribuyentes en sus costos y deducciones e IVA descontable corresponden a personas vivas o si hay alguna inconsistencia en el sistema.
Según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, la idea de que estas medidas puedan ser tenidas en cuenta para la discusión que se acerca de la reforma tributaria 2.0.
María Camila González Olarte
Twitter: @CamilaGolarte