Redacción
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Las estrategias definidas para enfrentar los delitos que más afectan la seguridad ciudadana han permitido obtener avances de 90% en feminicidio y de 40% en homicidios dolosos.
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Con mayor presencia en el territorio se ha impactado con determinación la criminalidad organizada, logrando la captura y judicialización de 4.468 de integrantes de los grupos armados ilegales, y la incautación de 1.300 toneladas de estupefacientes.
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“Le hemos demostrado al país que esta es una Fiscalía amiga de la paz, amiga de los derechos humanos, amiga de los líderes sociales, amiga de la diversidad, amiga de las poblaciones discriminadas históricamente, pero amiga férrea de la legalidad y del Estado de Derecho”, enfatizó el Fiscal Barbosa.
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, realizó un acto público de rendición de cuentas en Medellín (Antioquia), en el que destacó los principales logros y avances investigativos obtenidos durante tres años de gestión. Enfatizó que el trabajo realizado en los territorios se ha enmarcado en una importante lucha por la defensa de la institucionalidad en el país.
“La Fiscalía siempre en la historia había sido más un problema que una solución para la ciudadanía. Hoy, después de 30 años y con un escenario complejo, somos más la solución que el problema para Colombia y eso está siendo reconocido (…). ¿Por qué? porque estamos haciendo lo que nos toca hacer, defender los valores constitucionales, no es más es cumplir una misión”, aseguró el Fiscal General de la Nación.
Señaló que, con sus actuaciones y el compromiso de miles de servidores, se ha demostrado que la Fiscalía es una entidad amiga de la paz. En ese sentido, insistió en fomentar el diálogo para lograr que este propósito común se construya de la manera más adecuada sin poner en riesgo la división de poderes, las competencias constitucionales que les asisten a las distintas entidades del Estado y los derechos ciudadanos.
“Todos somos amigos de la paz en la Fiscalía General de la Nación, todos creemos en la paz, la paz es un valor fundamental que está en la Constitución, en el artículo 22. Creo que es importante que los colombianos nos unamos alrededor de un valor de paz, pero no podemos unirnos alrededor del narcotráfico”, manifestó.
Esa labor decidida de la Fiscalía ha permitido durante los últimos tres años obtener 539.455 capturas, 172.170 medidas de aseguramiento, 148.356 condenas y 66.110 conciliaciones. Asimismo, hay resultados destacados en beneficio de la administración de justicia y el fortalecimiento de las capacidades de los servidores.
Nueva gerencia
Entre febrero de 2020 y febrero de 2023, se intervinieron 538 sedes e inauguraron 84 Puntos de Atención Fiscalía (PAF), mejorando la presencia de la entidad y garantizando el acceso a la justicia penal en 21 departamentos. En talento humano, se realizaron 12.265 ascensos, fueron capacitados 17.720 servidores y se puso en marcha la primera fase de un concurso de méritos para 500 cargos.
Adicionalmente, se presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para fortalecer la planta de personal; y se dio un impulso al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con su unificación. Esta decisión ha permitido distribuir estratégicamente la policía judicial en 2.408 despachos, y afianzar 16 proyectos de capacidades técnicas, tecnológicas y humanas.
De igual manera, fueron gestionados 70.000 millones de pesos ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) para el fortalecimiento y modernización tecnológica de la policía judicial.
Seguridad en los territorios
En tres años se ha resuelto hasta el 41,98% de los homicidios dolosos ocurridos en el país, muy por encima del 27,38% registrado antes de febrero de 2020. A través de una metodología de itinerancia, se ha avanzado en el esclarecimiento del 90,05% de los crímenes de cuatro o más víctimas, superior al 36,08% registrado en la administración anterior.
De los 417 homicidios de defensores de derechos humanos documentados por la ONU entre 2016 y enero de 2021, la Fiscalía ha resuelto 305 hechos, un avance del 73,14%; y de los 358 homicidios documentados por la Defensoría del Pueblo entre 2021 y febrero de 2023, se han esclarecido 156 eventos, es decir, 42,86%.
En otros delitos que inciden en la seguridad en las ciudades y en los territorios también hay resultados históricos. En feminicidio se ha resuelto el 96,55% de los casos conocidos, un promedio superior al que se registraba antes de la llegada del Fisca Barbosa Delgado, de 80,93%. En violencia sexual hay acciones judiciales efectivas en el 32,90% de los hechos atendidos y en violencia intrafamiliar en el 45,75 % de las denuncias recibidas.
En hurto violento con indiciado conocido, los fiscales han resuelto 23.686 casos de los 33.795 que se presentaron, lo que significa un avance de 70,09%.
Finalmente, en maltrato animal se ha obtenido una tasa de gestión de 45,8%, gracias a la consolidación del grupo Gelma y las disposiciones del Fiscal Barbosa Delgado con relación a los delitos que afectan la vida e integridad física de los animales. Antes de febrero de 2020, este ítem no superaba el 12,52%.
Lucha contra la criminalidad organizada
Entre febrero de 2020 y febrero de 2023, se lograron capturas de 6.294 integrantes de organizaciones criminales, 4.468 personas vinculadas a grupos narcotraficantes y 12.127 miembros de bandas de narcomenudeo en las ciudades.
Como parte de los procesos investigativos contra las estructuras dedicadas al tráfico trasnacional de estupefacientes se han realizado 44.623 imputaciones y logrado 23.959 condenas. Además, han sido incautadas 704 toneladas de cocaína y sus derivados, y 606 toneladas de marihuana; y se han destruido 4.897 laboratorios.
Contra las redes responsables de arrasar con las selvas y los bosques, y afectar indiscriminadamente los recursos naturales se materializaron 293 operativos en tres años, que dejaron 890 capturas.
En el trabajo de búsqueda de la verdad para las víctimas de los extintos grupos paramilitares y otras organizaciones armadas, la Dirección de Justicia Transicional realizó solicitudes de imputación por 75.896 hechos delictivos que se les atribuyen a postulados a la Ley de Justicia y Paz.
Durante el periodo de gestión del Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, han sido entregados al Fondo para la Reparación a las Víctimas bienes avaluados en más de 805.000 millones de pesos. Esto representa un crecimiento del 158% con respecto a lo que se puso a disposición del Fondo en 14 años (2006 – 2020), que alcanzó en valor los 507.000 millones de pesos.
De otra parte, se ejecutaron 1.790 diligencias de exhumación, 914 ceremonias de entregas dignas, 90 jornadas de atención a víctimas que contaron con la participación de 10.800 personas y se realizó la toma de 3.402 muestras biológicas.
Golpe trascendental a las finanzas criminales
Como parte de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta para impactar el patrimonio y las fuentes de ilícitas de financiación de la criminalidad organizada y la delincuencia, la Fiscalía ha impuesto medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes avaluados en más de 26,4 billones de pesos.
En diferentes frentes investigativos han sido afectadas 778 estructuras criminales involucradas en lavado de activos y otros delitos que golpean la estabilidad financiera y económica del país. Asimismo, se han materializado 1.010 imputaciones y obtenido 248 sentencias condenatorias.
Estrategia integral contra la corrupción
Por delitos que afectan la correcta administración y destinación de los dineros públicos, y otras conductas asociadas con corrupción, se han realizado 16.159 imputaciones y obtenido 2.682 condenas.
En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 fueron verificados 6.000 contratos por $701.539.927.940, se adelantaron 171 imputaciones por mal manejo de los recursos destinados a cubrir las necesidades de la población; y se abrieron investigaciones contra 42 alcaldes, 6 gobernadores y 2 concejales.
La Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia ha realizado 15 imputaciones y radicado 13 escritos de acusación contra siete gobernadores. Asimismo, ha vinculado a 36 exgobernadores por diferentes delitos, a través de 53 imputaciones; presentado 56 escritos de acusación y obtenido 23 condenas.
En los últimos tres años, en términos generales, esta dependencia ha ejecutado 132 imputaciones, radicado 135 escritos de acusación y logrado 51 condenas contra gobernadores, exgobernadores, altos funcionarios de la Rama Judicial, integrantes de la fuerza pública y en casos de asignaciones especiales
En Odebrecht, en marzo de 2020, el Fiscal General de la Nación designó un grupo de Tareas Especiales para unificar las 14 líneas de investigación de este entramado de corrupción y darle resultados al país. En ese frente de trabajo se han realizado 32 imputaciones y solicitudes de imputación, radicado 13 escritos de acusación y obtenido 10 condenas. Además, mediante preacuerdos y principios de oportunidad, se han recuperado 37.000 millones de pesos.
Gestión internacional
El Fiscal General de la Nación consolidó una importante estrategia en la región para luchar contra la criminalidad organizada y los delitos transnacionales. Esto le permitió ser elegido por unanimidad como presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) para el período 2022 – 2024.
Como parte de una agenda internacional de trabajo, el Fiscal Barbosa Delgado realizó 24 visitas oficiales a 21 países y se firmaron 15 memorandos de entendimiento.
Dentro de las acciones de cooperación internacional adelantadas en estos tres años se han expedido 814 órdenes de captura con fines de extradición y han sido entregadas 560 personas a los países requirentes. De igual manera, se tramitaron 2.051 solicitudes de asistencias judiciales.
La Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/JARG/MRC/PATN/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
